La derecha española impulsa centros de deportación a Ruanda frente al rechazo del Gobierno
El Partido Popular y Vox han alineado su propuesta electoral con el plan de cinco países europeos para establecer un centro de deportación de migrantes en Ruanda. Esta iniciativa, que busca externalizar la gestión migratoria más allá de las fronteras de la Unión Europea, ha generado una profunda división política en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez la califica de inhumana y Ada Colau exige su paralización judicial.
El Partido Popular y Vox han dado un paso significativo hacia la externalización de la política migratoria española al respaldar explícitamente la creación de centros de deportación en Ruanda. Esta medida, propuesta inicialmente por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos, busca establecer instalaciones fuera del territorio de la Unión Europea para alojar a migrantes sujetos a decisiones de expulsión ejecutables. La alineación de ambas formaciones de derecha con este plan marca un punto de convergencia en su estrategia política, aunque difieren en la extensión de las medidas: mientras el proyecto europeo se limita a quienes ya tienen una resolución de retorno firme, Vox reclama extender estas deportaciones a cualquier persona que entre irregularmente al territorio comunitario.
El Partido Popular ha incorporado este compromiso en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. Si Alberto Núñez Feijóo accede a La Moncloa, la formación promete impulsar activamente acuerdos de retorno con terceros países. Xavier García Albiol, candidato del PP por Barcelona y alcalde de Badalona, ha defendido públicamente esta iniciativa calificándola de "fantástica". Según su análisis, la medida es necesaria para transmitir un mensaje claro sobre las consecuencias de la entrada irregular en Europa. Albiol argumentó que España no puede continuar siendo percibida como una organización no gubernamental (ONG) y aprovechó su intervención para abogar por el despliegue de la Armada en las rutas marítimas. Sostuvo que muchas embarcaciones que logran completar el trayecto desde las costas africanas lo hacen con el apoyo de redes de tráfico, una postura que comparte con otros sectores de la derecha.
Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, fue uno de los primeros dirigentes españoles en celebrar la propuesta durante una comparecencia en Arrecife, Lanzarote. Aunque reconoció que la iniciativa avanzaba en la dirección adecuada, advirtió que no resolvía por sí sola lo que su partido considera el "problema" de la inmigración irregular. Abascal afirmó con contundencia: "Si en Marruecos o en Mauritania no los quieren, aquí tampoco los queremos". El líder de Vox exigió cambios legislativos tanto a nivel nacional como europeo, así como modificaciones en los convenios internacionales asumidos por España, para facilitar la deportación masiva de quienes entren sin autorización.
Frente a este respaldo de la derecha, el Gobierno español ha mantenido una postura de rechazo absoluto. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, marcó distancias claras durante una entrevista en Telecinco el lunes por la noche. Al ser cuestionado sobre los centros de retorno en Ruanda, afirmó que no les veía "ni futuro ni humanidad". Sánchez defendió un modelo migratorio basado en la cooperación con los países de origen y tránsito, el control fronterizo y el respeto estricto a los derechos humanos. El jefe del Ejecutivo socialista rechazó también la idea de desplegar la Armada para impedir la llegada de cayucos, atribuyendo la reducción en las llegadas irregulares a los acuerdos de colaboración con naciones como Senegal y Mauritania.
La oposición judicial y política se ha intensificado con intervenciones de Ada Colau, candidata del Frente Amplio. Durante un desayuno informativo en Madrid, Colau calificó la iniciativa de "gravísima" e "inaceptable", sosteniendo que vulnera la legislación internacional. Instó a Sánchez a presentar un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para impedir que el proyecto entre en funcionamiento. Colau cuestionó la eficacia de externalizar el control migratorio y argumentó que los miles de millones de euros destinados a estos acuerdos podrían utilizarse para gestionar los flujos migratorios con mayores garantías de protección, sin infringir los derechos humanos.
El acuerdo piloto, respaldado por Bruselas pero no por todos los Estados miembros, prevé que las primeras expulsiones puedan producirse en 2027, aunque las condiciones concretas del proyecto aún están por negociar. La fase inicial estaría reservada exclusivamente a hombres adultos sin familiares a cargo, y los Estados participantes asumirían los gastos del dispositivo. Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte resistencia de organizaciones de derechos humanos y el Consejo de Europa.
Amnistía Internacional ha advertido que estos mecanismos pueden facilitar situaciones de detención arbitraria, malos tratos y expulsiones a países donde las personas corren peligro. La organización describió los centros potenciales como "crueles agujeros negros" para los derechos humanos, señalando que el traslado a territorios lejanos dificultaría el acceso a la justicia y la exigencia de responsabilidades por vulneraciones. Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó también su preocupación, destacando que las personas afectadas podrían ser enviadas a un país con el que no mantienen una relación real y cuyo historial de derechos humanos plantea interrogantes.
El proyecto ruandés no es el primer intento europeo de externalizar la gestión migratoria. El Gobierno conservador británico firmó un acuerdo con Kigali en 2022 para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, pero la medida fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo del Reino Unido en noviembre de 2023. Los jueces determinaron que existía un riesgo real de que las personas trasladadas fueran devueltas a países donde podrían sufrir persecución o daños graves. El proyecto fue finalmente abandonado por el posterior Gobierno laborista. Además, los datos oficiales recopilados por el Observatorio de las Migraciones de la Universidad de Oxford revelaron que el gasto asociado a esa política alcanzó los 715 millones de libras hasta junio de 2024.
También existe el precedente italiano, donde el Gobierno de Giorgia Meloni impulsó instalaciones para migrantes en Albania. Sin embargo, su funcionamiento ha estado condicionado por resoluciones judiciales y controversias sobre la legalidad de los procedimientos. Aunque las características del modelo italiano no son idénticas a las del proyecto de Ruanda, ambos ilustran las dificultades jurídicas inherentes a la externalización de la gestión migratoria fuera del marco legal europeo estándar.
(O.Zhukova--DTZ)