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Trump: Comienza la deportación masiva
El expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha dado inicio a una polémica campaña de deportaciones masivas, cumpliendo así la amenaza que venía anunciando durante los últimos meses. La medida, impulsada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), busca acelerar la expulsión de miles de inmigrantes indocumentados y ya está generando una intensa controversia tanto a nivel nacional como internacional.Según fuentes oficiales, el operativo se centrará en aquellas zonas urbanas con altas concentraciones de comunidades inmigrantes, especialmente procedentes de Latinoamérica. Grupos de defensa de los derechos civiles y organizaciones proinmigrantes denuncian que las autoridades están llevando a cabo redadas indiscriminadas, en ocasiones sin previa notificación o sin otorgar a los afectados la posibilidad de asesoría legal.“Las familias están en estado de pánico; muchos niños corren el riesgo de ser separados de sus padres en cuestión de horas”, comenta Teresa Ramírez, abogada de una organización sin ánimo de lucro con sede en Miami. Para Ramírez, el inicio de estas deportaciones masivas supone “un paso atrás en la defensa de los derechos humanos” y podría generar un efecto de temor generalizado en las comunidades migrantes.Mientras tanto, el exmandatario defiende la medida como parte de su estrategia para “recuperar el control de las fronteras” y proteger la seguridad nacional. “Es hora de que Estados Unidos haga valer sus leyes y defienda el bienestar de nuestros ciudadanos”, declaró Trump en un reciente mitin, reiterando su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la inmigración irregular.Sin embargo, la nueva oleada de deportaciones ya ha suscitado fuertes críticas por parte de líderes demócratas, quienes califican la acción de “inhumana y desproporcionada”. También se han alzado voces en la comunidad internacional. Gobiernos de países afectados por la medida han solicitado que sus ciudadanos, en caso de ser deportados, reciban un trato digno y se cumpla con los procesos legales correspondientes.En el panorama político de Estados Unidos, el tema de la inmigración sigue polarizando al país. Mientras un sector de la opinión pública respalda la necesidad de reforzar las fronteras y limitar el acceso a indocumentados, otro defiende soluciones humanitarias y reclama reformas migratorias profundas. Con esta campaña de deportaciones masivas, la brecha parece ensancharse aún más, augurando un escenario de creciente tensión y protestas sociales en los próximos meses.
El colapso demográfico y la humanidad
La caída acelerada en las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población en múltiples regiones del planeta han generado un creciente debate entre demógrafos, economistas y líderes políticos. Este fenómeno, conocido como “colapso demográfico”, amenaza con desencadenar efectos de gran alcance que podrían superar en complejidad y magnitud a otras crisis globales como el cambio climático o los conflictos geopolíticos. Pero, ¿qué hace que esta amenaza en particular merezca el calificativo de “peor crisis de la humanidad”?1. Envejecimiento poblacional y presión sobre los sistemas de saludA medida que disminuye la tasa de nacimientos y aumenta la esperanza de vida, la proporción de personas mayores crece exponencialmente. Esto repercute directamente en los sistemas de salud, que deben enfrentarse a enfermedades crónicas, una demanda creciente de cuidados y mayores costes sanitarios. En países con economías frágiles o con infraestructuras insuficientes, la carga de atender a una población envejecida puede volverse insostenible.2. Deterioro de la economía y del mercado laboralEl declive de la población en edad productiva se traduce en una reducción de la fuerza de trabajo y en menor recaudación fiscal. Sectores clave, como la manufactura o los servicios, pueden ver mermada su capacidad de producción y eficiencia por la escasez de mano de obra. Además, el gasto público tiende a aumentar para mantener programas sociales y de jubilación, elevando así la presión sobre los presupuestos nacionales.3. Riesgo de inestabilidad social y políticaHistóricamente, los desequilibrios demográficos han influido en la estabilidad de las sociedades. Un sistema de pensiones en crisis, sumado a la escasez de personal cualificado para atender a las necesidades de la población anciana, puede intensificar tensiones políticas y sociales. El malestar derivado de posibles recortes en servicios sociales o de una fiscalidad más elevada podría desencadenar protestas e inestabilidad en distintos puntos del planeta.4. Abandono de zonas rurales y concentración urbanaLa caída de la natalidad suele ir acompañada de procesos de emigración interna hacia las ciudades en busca de oportunidades de empleo y servicios públicos. Como resultado, las zonas rurales se despueblan y sufren un abandono gradual que limita las posibilidades de desarrollo agrícola y agrava los desequilibrios territoriales. Al mismo tiempo, las áreas urbanas enfrentan problemas de superpoblación y estrés en infraestructuras esenciales como transporte, vivienda y suministro de agua.5. Falta de relevo generacional en ciencia y tecnologíaOtra faceta preocupante es la escasez de jóvenes que se formen en áreas estratégicas, como la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Sin una nueva generación preparada para liderar la innovación, la competitividad de muchos países podría menguar, abriendo la puerta a un estancamiento prolongado que repercuta a nivel mundial.6. Desafíos para la cooperación internacionalSi bien cada país vive la transición demográfica de manera distinta, los impactos de un colapso demográfico pueden ser globales. Mermas en el comercio, disminución en la demanda de bienes y servicios y la posible redefinición de alianzas estratégicas obligarán a las naciones a replantearse sus políticas migratorias, de inversión y de cooperación. Algunos analistas señalan que, al no existir respuestas coordinadas, podría desencadenarse una competencia feroz por trabajadores cualificados, intensificando desigualdades regionales.Hacia un futuro inciertoLa naturaleza de esta crisis radica en que sus efectos no se manifiestan de forma abrupta, sino progresiva y acumulativa, lo que dificulta la elaboración de políticas inmediatas y contundentes. Además, la inversión en medidas para fomentar la natalidad, equilibrar la inmigración y garantizar sistemas de protección social suele requerir plazos largos, lo que choca con la urgencia de las necesidades presentes.En definitiva, el colapso demográfico se perfila como una de las amenazas más graves del siglo XXI, una crisis silenciosa pero implacable que obliga a repensar los cimientos económicos, sociales y políticos de cada país. Sin una acción colectiva y a largo plazo, las consecuencias podrían sobrepasar nuestra capacidad de respuesta, consolidándose como la peor crisis de la humanidad.
Economía: Formación financiera universitaria
En el panorama actual, la educación financiera se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito y la estabilidad profesional de las nuevas generaciones. Conscientes de esta realidad y del papel clave que desempeña la especialización en finanzas en el mercado laboral, hemos desarrollado un innovador programa de Formación Financiera Universitaria que busca preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos de un entorno cada vez más competitivo.Un plan de estudios integralNuestro programa se ha diseñado cuidadosamente para abarcar los principales ámbitos de las finanzas modernas: contabilidad, gestión de inversiones, mercados bursátiles, análisis de riesgos, así como la aplicación de nuevas tecnologías financieras (FinTech). Con un enfoque eminentemente práctico, los estudiantes tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos a través de simulaciones y proyectos reales, contribuyendo así a una formación más sólida y orientada al mundo laboral.Profesorado de excelencia y conexión con el sectorUna de las fortalezas distintivas de esta formación radica en el equipo docente, integrado por profesionales con amplia experiencia en banca, consultoría y dirección de empresas. Además de contar con profesores universitarios de reconocido prestigio académico, se mantendrá una relación constante con instituciones financieras, facilitando la realización de prácticas profesionales y la inserción laboral de los titulados.Metodología y recursos al alcance de todosLa Formación Financiera Universitaria se impartirá en un formato flexible que combina sesiones presenciales con clases en línea, de manera que los alumnos puedan adaptar sus estudios a su ritmo de vida. También contaremos con recursos digitales punteros y herramientas interactivas que fomenten el aprendizaje colaborativo, permitiendo a los participantes reforzar sus competencias tecnológicas, cruciales en la era digital.Responsabilidad social y visión de futuroEn línea con nuestro compromiso con la sociedad, el programa incorpora módulos de finanzas sostenibles, economía social y ética empresarial, aspectos cada vez más demandados por las empresas y por la propia ciudadanía. De esta manera, buscamos formar profesionales con una sólida base técnica y un compromiso firme con el desarrollo responsable del sector financiero.Beneficios y oportunidades- Empleabilidad: El sector financiero se encuentra en continuo crecimiento y demanda perfiles altamente cualificados. Nuestra formación facilitará el acceso a puestos en banca, consultoría, dirección financiera o análisis de riesgos.- Red de contactos: Los vínculos establecidos a lo largo del programa – con docentes, compañeros y profesionales de la industria – constituyen una red inestimable para el futuro profesional.- Formación continua: La formación incluye módulos de actualización permanente, proporcionando a los egresados herramientas para adaptarse a los cambios del mercado y a las transformaciones tecnológicas.¿Te interesa formar parte de esta experiencia?Si quieres dar un paso decisivo en tu desarrollo profesional y adquirir las competencias necesarias para triunfar en el ámbito financiero, esta formación está diseñada para ti. Muy pronto abriremos el proceso de admisión y ofreceremos sesiones informativas para que conozcas el contenido, el plan de estudios y las oportunidades de prácticas.Para más información, visita nuestra página web o comunícate con nuestro departamento de orientación académica. ¡Te esperamos para impulsar tu carrera en el apasionante mundo de las finanzas!
¿Trump contra Ucrania, quién mueve el mundo?
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado inesperadamente la suspensión total de la ayuda militar y financiera a Ucrania. Esta medida, que ha tomado por sorpresa tanto a la comunidad internacional como a los propios asesores políticos estadounidenses, promete provocar consecuencias inmediatas en el equilibrio geopolítico de la región y en las relaciones de Washington con sus aliados europeos.Un cambio de rumbo drásticoDurante su anterior administración, Trump siguió enviando apoyo a Ucrania, aunque en medio de debates y polémicas sobre las condiciones y los motivos de dicha asistencia. Sin embargo, la repentina decisión de poner fin a todos los programas de ayuda al gobierno de Kíev representa un giro completo respecto a la postura oficial mantenida hasta ahora. Fuentes cercanas a la oficina del expresidente señalan que la justificación de la medida radica en la intención de “reducir gastos innecesarios en el exterior” y “garantizar ante todo la seguridad nacional de Estados Unidos”.Reacciones internacionalesLa decisión ha generado un enorme revuelo en las capitales europeas, donde líderes de la Unión Europea y la OTAN consideran que el apoyo occidental a Ucrania es esencial para contrarrestar la influencia rusa en la región. Varios gobiernos han expresado su inquietud acerca del posible debilitamiento de la capacidad de defensa ucraniana y el desequilibrio que esto podría generar en el este de Europa.Mientras tanto, en Moscú, la noticia ha sido recibida con cautela, pero no sin cierto alivio. Analistas rusos han indicado que la retirada del respaldo estadounidense podría servir para reducir tensiones y abrir nuevos canales de negociación, aunque otros subrayan la posibilidad de que Rusia se vea tentada a reforzar su posición en la zona sin temor a una respuesta coordinada de Occidente.Consecuencias para UcraniaPara Ucrania, este repentino cambio supone un duro golpe, puesto que el apoyo económico y militar estadounidense se había convertido en un pilar fundamental de su estrategia de defensa y de modernización de sus Fuerzas Armadas. La ayuda abarcaba asistencia logística, armamento, entrenamiento de tropas y fondos para la mejora de la infraestructura militar. Además, el apoyo financiero era clave para sostener programas de desarrollo interno, esenciales para estabilizar la economía ucraniana tras años de conflicto y tensiones geopolíticas.Diversos expertos en política internacional alertan de que la decisión de Trump puede aumentar la volatilidad en el este de Ucrania, zona marcada por la confrontación entre fuerzas gubernamentales y grupos separatistas respaldados, en mayor o menor grado, por intereses rusos. También subrayan la posibilidad de un debilitamiento de la posición negociadora de Kíev de cara a futuras conversaciones de paz.Posición de los aliados y del CongresoAunque la administración Biden fue la encargada de continuar y reforzar la ayuda en su momento, el actual anuncio de Trump –comunicado en nombre de su influencia dentro del Partido Republicano y de sus planes políticos futuros– ha generado divisiones entre legisladores. Algunos miembros republicanos coinciden en la necesidad de reducir el gasto militar en el extranjero, mientras que otros, junto con demócratas, temen las consecuencias que podría acarrear este repliegue.La pregunta que queda en el aire es si la nueva postura de Trump podría ganar tracción entre los conservadores y, eventualmente, influir en las decisiones de la Casa Blanca y el Congreso en un futuro cercano. Por el momento, ni el presidente en ejercicio ni las instituciones principales del gobierno estadounidense se han pronunciado de forma oficial sobre este anuncio.Un escenario inciertoCon la suspensión de la ayuda, Estados Unidos podría perder parte de su influencia en la región, dejando vacíos que pueden ser aprovechados por otras potencias para ampliar su presencia. Además, el cambio plantea la interrogante de cómo responderán los países miembros de la OTAN, que podrían encontrarse ante la urgencia de incrementar sus propios esfuerzos para sostener a Ucrania y evitar un nuevo foco de inestabilidad en Europa oriental.En el corto plazo, Ucrania enfrenta el desafío de reorientar su estrategia de seguridad y buscar nuevos socios que suplan el respaldo perdido. Esta búsqueda no será sencilla, dado que el apoyo estadounidense constituía una pieza clave en el rompecabezas político y económico internacional del país.ConclusiónLa decisión de Donald Trump de cortar toda la ayuda a Ucrania sacude el tablero geopolítico y plantea numerosos interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre Occidente, Moscú y Kíev. Mientras algunos ven en este paso un intento de reducir el intervencionismo estadounidense y concentrar esfuerzos en asuntos internos, otros alertan de los riesgos que conlleva este nuevo vacío en la estabilidad regional. En cualquier caso, queda claro que “esto lo cambia todo” y que los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo que tomarán las potencias implicadas en la zona.
Israel busca aniquilar a Hamás a toda costa
Israel ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra Hamás en la Franja de Gaza, con la firme intención de "erradicar" al grupo islamista que gobierna el enclave desde 2007, sin importar las consecuencias. Tras el fracaso de una tregua en enero y el rechazo de Hamás a liberar a los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha optado por una estrategia de máxima presión, desencadenando bombardeos y operaciones terrestres que han intensificado el conflicto en las últimas semanas.El anuncio de esta nueva fase llegó el 18 de marzo, cuando Netanyahu afirmó: "Hamás no nos deja otra opción; su amenaza será eliminada con toda nuestra fuerza". Días después, el 24 de marzo, un ataque aéreo en el hospital Nasser de Jan Yunis mató a Salah al-Bardaweel, un líder político clave de Hamás, junto con decenas de civiles, según fuentes locales. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, reporta más de 50.000 fallecidos desde octubre de 2023, con al menos 590 muertos desde el recrudecimiento de este mes. Israel, por su parte, ha perdido a más de 600 soldados y sigue lidiando con la incertidumbre sobre los rehenes, de los cuales 117 fueron liberados en noviembre de 2023, pero decenas permanecen cautivos.La estrategia israelí incluye el control del corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, para cortar las rutas de suministro de armas a Hamás. Sin embargo, el conflicto se ha extendido más allá de Gaza: en el norte, los choques con Hezbollah, aliado de Hamás, han escalado desde septiembre de 2024, con incursiones terrestres israelíes en Líbano. "No pararemos hasta que Hamás sea historia", insistió Netanyahu, a pesar de las advertencias de una crisis humanitaria inminente. Más del 90 % de los gazatíes han sido desplazados, y el bloqueo restringe alimentos y medicinas, según la ONU.La comunidad internacional está dividida. Estados Unidos, bajo Donald Trump, apoya tácitamente a Israel, enviando un enviado para negociar con Hamás, mientras Egipto y Jordania condenan la escalada. En Israel, miles protestan en Tel Aviv, exigiendo priorizar a los rehenes sobre la guerra. Expertos como Dov Waxman advierten: "Eliminar a Hamás militarmente no acaba con su ideología; podría incluso fortalecer su resistencia". Hamás, por su parte, responde con cohetes desde Gaza y Líbano, prometiendo no rendirse.El costo humano y político de esta campaña es inmenso, y el objetivo de erradicación parece lejano. Israel está dispuesto a pagar un precio elevado, pero el riesgo de un conflicto perpetuo y una catástrofe regional crece día a día.
Georgia cede ante Rusia sin oposición
Georgia, una nación que durante décadas ha luchado por mantener su soberanía frente a la influencia rusa, parece estar cayendo nuevamente bajo el control de Moscú, mientras la comunidad internacional observa en silencio. La creciente presencia política, económica y militar de Rusia en el país caucásico, combinada con la pasividad de Occidente, ha generado temores de que Georgia esté perdiendo su independencia de facto, un eco inquietante de la invasión rusa de 2008.El conflicto actual tiene sus raíces en una historia compleja. Desde la guerra de 2008, Rusia ha mantenido el control sobre el 20 % del territorio georgiano, las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas como independientes solo por Moscú y un puñado de aliados. Sin embargo, en los últimos años, la influencia rusa se ha intensificado más allá de estas zonas ocupadas. En 2023, el gobierno georgiano, liderado por el partido Sueño Georgiano, restableció vuelos directos con Rusia y eliminó los requisitos de visado para ciudadanos rusos, medidas que han sido interpretadas como un acercamiento pragmático a Moscú. Según datos del Banco Nacional de Georgia, las exportaciones a Rusia crecieron un 6,8 % en 2022, alcanzando los 652 millones de dólares, mientras que las importaciones se dispararon un 79 %, hasta los 1.800 millones, el nivel más alto en 16 años.La reciente aprobación de la "Ley sobre Transparencia de la Influencia Extranjera" en junio de 2024, conocida como la "ley rusa", ha avivado las alarmas. Esta legislación, que obliga a las ONG con más del 20 % de financiación extranjera a registrarse como "agentes extranjeros", ha sido criticada por imitar las tácticas de represión del Kremlin contra la sociedad civil. Miles de georgianos han salido a las calles de Tiflis en protesta, exigiendo un rumbo proeuropeo, pero el gobierno ha respondido con mano dura, imponiendo multas y detenciones. Analistas como Natia Seskuria, del Royal United Services Institute, advierten que esta ley podría ser un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario alineado con Rusia, alejando a Georgia de su aspiración de integrarse en la UE y la OTAN.Mientras tanto, la "borderización" –el avance gradual de la línea de ocupación rusa en territorio georgiano– continúa sin cesar. Informes de la Misión de Observación de la Unión Europea (EUMM) señalan que, desde 2008, Rusia ha instalado cientos de kilómetros de alambradas y ha secuestrado a ciudadanos georgianos cerca de las fronteras administrativas. En el ámbito militar, más de 10.000 soldados rusos permanecen estacionados en Abjasia y Osetia del Sur, según estimaciones del gobierno georgiano, consolidando el dominio de Moscú.La respuesta internacional ha sido tibia. Aunque Estados Unidos y la UE han expresado "preocupación" por la deriva autoritaria y la influencia rusa, no han impuesto sanciones significativas ni ofrecido un apoyo concreto para contrarrestar la presión del Kremlin. La guerra en Ucrania, que ha desviado la atención global desde 2022, parece haber relegado a Georgia a un segundo plano. "El Occidente no tiene voluntad ni recursos para enfrentarse a Rusia en otro frente", señala Mark Galeotti, experto en seguridad rusa, en un análisis reciente para el Atlantic Council.La sociedad georgiana, sin embargo, no se rinde. Las elecciones de octubre de 2024 serán un punto de inflexión: una victoria del Sueño Georgiano podría sellar el giro hacia Rusia, mientras que un triunfo de la oposición prooccidental podría reavivar las esperanzas de independencia. Por ahora, Georgia se tambalea al borde de caer en manos de Rusia, y el mundo, inmerso en otras crisis, parece incapaz o reacio a actuar.
Europa se atrinchera frente a Rusia
Europa está levantando un nuevo "Telón de Acero", no de alambre y hormigón, sino de sanciones, rearme y alianzas estratégicas, en un esfuerzo por blindarse contra la creciente amenaza de Rusia. A más de tres años del inicio de la guerra en Ucrania, la Unión Europea (UE) y la OTAN han intensificado sus medidas para contrarrestar la influencia del Kremlin, mientras el espectro de un conflicto más amplio se cierne sobre el continente.La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, la UE ha aprobado 13 paquetes de sanciones contra Rusia, afectando sectores clave como la energía, las finanzas y la tecnología, según datos del Consejo Europeo. En 2024, las exportaciones de gas ruso a Europa cayeron a mínimos históricos, representando solo el 8 % del suministro total, frente al 40 % antes del conflicto, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía. Países como Alemania y Polonia han liderado la transición hacia fuentes alternativas, como el gas natural licuado de Estados Unidos y Noruega, mientras Finlandia y los Estados bálticos han cortado casi por completo sus lazos energéticos con Moscú.El rearme es otro pilar de esta estrategia. En 2023, la UE destinó 50.000 millones de euros adicionales a la defensa, y países como Francia y Alemania han incrementado sus presupuestos militares en un 20 % y un 30 %, respectivamente, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). La OTAN, por su parte, ha ampliado su presencia en el flanco este, con nuevos batallones en Polonia, Lituania y Rumanía, y ha acelerado la integración de Suecia y Finlandia, completada en 2023 y 2024. "No podemos permitir que Rusia dicte las reglas en Europa", afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una cumbre reciente.La "borderización" de Europa también incluye el apoyo militar a Ucrania. Desde 2022, la UE ha comprometido más de 90.000 millones de euros en ayuda, incluyendo armamento pesado como tanques Leopard y sistemas Patriot, según el Kiel Institute. Sin embargo, esta postura ha generado tensiones: Rusia ha amenazado con represalias, y el Kremlin ha intensificado sus campañas de desinformación y ciberataques contra países europeos, con incidentes reportados en Estonia y Francia en 2024.A pesar de la unidad aparente, hay fisuras. Hungría y Eslovaquia han cuestionado las sanciones, abogando por una relación más pragmática con Rusia, mientras la dependencia de algunos estados del este de combustibles rusos persiste. En paralelo, la ciudadanía europea muestra fatiga: encuestas de Eurobarómetro de 2024 revelan que el 45 % de los europeos teme una escalada militar directa con Rusia, un temor alimentado por las maniobras rusas cerca de las fronteras de la OTAN.El nuevo Telón de Acero no solo separa a Europa de Rusia, sino que redefine el continente en un mundo polarizado. Mientras Moscú refuerza sus alianzas con China e Irán, Europa apuesta por la autosuficiencia y la disuasión. Sin embargo, el costo económico y la incertidumbre geopolítica plantean una pregunta inevitable: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Europa para protegerse?
Deportaciones desbocadas bajo Trump
La política migratoria de Donald Trump ha entrado en una fase de caos y controversia con el inicio de lo que él denomina “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Desde su toma de posesión el 20 de enero, el presidente ha impulsado expulsiones masivas de migrantes, desencadenando críticas por la falta de control, violaciones legales y un impacto humanitario sin precedentes. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente tras este ambicioso plan?El gobierno de Trump ha deportado a más de 61.000 personas en el año fiscal 2025, según datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS), un ritmo que supera las cifras mensuales promedio de su primer mandato (299.000 anuales) y las de Joe Biden (174.000 anuales). La estrategia incluye el uso ampliado de la “remoción expedita”, que permite a agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) expulsar rápidamente a indocumentados sin audiencia judicial, especialmente a quienes llevan menos de dos años en el país. A esto se suman redadas en vecindarios y lugares de trabajo, una táctica que recuerda a la “Operación Espalda Mojada” de 1954, pero con una escala y agresividad renovadas.Un punto álgido llegó en marzo, cuando la administración invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de venezolanos, etiquetados como “miembros peligrosos” de la banda Tren de Aragua, hacia El Salvador. Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente estas expulsiones el 15 de marzo, argumentando violaciones al debido proceso. A pesar de la orden judicial, se reportaron vuelos con deportados, lo que ha desatado acusaciones de desacato y un debate sobre los límites del poder ejecutivo. “Es un mensaje terrible: persiguen sin pruebas y sin control legal”, denunció Jesús Aguais, director de Aid for Life, en referencia a la estigmatización de comunidades migrantes.El plan de Trump enfrenta obstáculos logísticos y financieros colosales. El Consejo Americano de Inmigración estima que deportar a los 11 millones de indocumentados en EE.UU. costaría al menos 315.000 millones de dólares, equivalente al 5 % del gasto público de 2024. Tom Homan, “zar de la frontera”, ha exigido más fondos al Congreso para camas de detención y vuelos, mientras el ICE opera con un presupuesto de 9.000 millones y un déficit de 230 millones. Además, ciudades santuario como Nueva York y Los Ángeles resisten la colaboración con agentes federales, complicando las operaciones.La población apoya en un 55 % las deportaciones masivas, según sondeos recientes, pero la ejecución ha generado caos: familias separadas, detenciones de migrantes sin antecedentes (más del 40 % de los expulsados hasta febrero, según ProPublica) y una economía en vilo. Sectores como la agricultura y la construcción, dependientes de esta mano de obra, temen un colapso. Mientras Trump promete “hacer América segura otra vez”, las deportaciones sin control plantean una pregunta urgente: ¿a qué costo?
Trump busca colonizar económicamente Ucrania
En medio de la guerra que sigue devastando Ucrania, una propuesta del presidente estadounidense Donald Trump (78) ha desatado una polémica internacional. Según informes recientes, Trump estaría negociando un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos un control significativo sobre los abundantes recursos naturales de Ucrania, transformándola en lo que críticos han denominado una "colonia económica". Este plan, vinculado a la continuidad de la ayuda militar y financiera de EE.UU., ha generado rechazo en Kiev y preocupación entre los aliados europeos.Fuentes como EurasiaTimes (20 de febrero de 2025) revelan que la administración Trump exige el 50% de los ingresos provenientes de minerales estratégicos, puertos, infraestructura, petróleo y gas ucranianos como condición para mantener el apoyo estadounidense, clave desde el inicio de la invasión rusa en 2022. EE.UU. asegura haber invertido 500.000 millones de dólares en Ucrania, aunque estimaciones independientes, como las del Instituto Kiel de Economía Mundial, sitúan la cifra en unos 119.000 millones hasta finales de 2024. A cambio, Trump ambiciona dominar recursos valorados en billones, desde tierras raras hasta litio, esenciales para la tecnología y la defensa.Ucrania, que ocupa solo el 0,4% de la superficie terrestre, alberga una riqueza mineral estratégica, gran parte aún sin explotar o bajo control ruso en zonas ocupadas. Un documento filtrado, citado por Media el 7 de febrero de 2025, detalla que el plan incluye un "fondo de inversión conjunto" para excluir a Rusia y China de la reconstrucción ucraniana, además de otorgar a Washington poderes de "supervisión de inversiones", limitando las asociaciones económicas de Ucrania.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha mostrado recelo. En declaraciones recogidas por NBC News el 19 de febrero de 2025, rechazó una versión inicial del acuerdo por carecer de garantías de seguridad: "Es vital conectar la inversión con la seguridad". Expertos como el economista Roman Sheremeta advierten que aceptar estas condiciones podría convertir a Ucrania en una "colonia americana", un temor que resuena en plataformas como X, donde se habla de "colonización económica".La propuesta ha sido criticada en Europa. El canciller alemán Olaf Scholz la calificó de "egoísta" en una cumbre de la UE el 4 de febrero de 2025, defendiendo que los recursos ucranianos deberían financiar su propia reconstrucción. Mientras Trump negocia directamente con dictador ruso y criminal de guerra sin escrúpulos Vladímir Putin (72) –el último encuentro tuvo lugar el 19 de marzo de 2025 en Arabia Saudí–, Europa teme quedar al margen. Trump, por su parte, insiste en que "hemos dado cientos de miles de millones y ellos tienen grandes recursos", según afirmó el 4 de febrero de 2025.Ucrania enfrenta un dilema: aceptar podría garantizar su supervivencia a corto plazo, pero a costa de su autonomía; rechazar podría significar perder el respaldo estadounidense. Por ahora, no hay acuerdo firmado, pero la presión crece, y el futuro del país pende de un hilo.
¿Anexión inminente? Trump presiona por Groenlandia
La obsesión del presidente estadounidense Donald Trump (78) por Groenlandia ha alcanzado un nuevo pico de tensión. En las últimas semanas, Trump ha intensificado su discurso sobre la anexión de este territorio autónomo danés, afirmando que su control es "una necesidad absoluta" para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta postura, que resurgió tras su reelección en noviembre de 2024, ha desatado una ola de rechazo tanto en Groenlandia como en Dinamarca, mientras Europa observa con creciente inquietud.El pasado 30 de marzo, en una entrevista con Medios de comunicación, Trump aseguró que "conseguiremos Groenlandia al 100%", sugiriendo que podría lograrse "sin fuerza militar", aunque no descartó otras opciones. Según fuentes, el mandatario ve en la isla un punto estratégico en el Ártico, rico en recursos como tierras raras y petróleo, además de una baza contra las ambiciones de Rusia y China en la región. Ya en 2019, durante su primer mandato, propuso comprarla, idea que fue tachada de "absurda" por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien el 2 de abril de 2025 reiteró ante Medios de comunicación que "Groenlandia no está en venta".En la isla, la respuesta ha sido unánime. El nuevo primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, asumido el cargo el 28 de marzo tras las elecciones, declaró en Facebook el 31 de marzo: "Estados Unidos no obtendrá Groenlandia. Nosotros decidimos nuestro futuro". Este rechazo se suma al de su predecesor, Múte Egede, quien en diciembre de 2024 afirmó que la isla "nunca será estadounidense". Una encuesta reciente, citada por Media el 14 de enero de 2025, revela que el 85% de los groenlandeses se opone a la anexión.La visita de la segunda dama, Usha Vance, a Nuuk el 27 de marzo para la carrera de trineos Avannaata Qimussersua, acompañada de altos cargos como el asesor de seguridad Michael Waltz, ha sido interpretada como una señal de presión. El Gobierno groenlandés calificó el viaje de "agresivo", según Medios de comunicación del 24 de marzo. Mientras, Frederiksen ha prometido apoyo militar y económico a la isla, anunciando el 2 de abril una inversión de 1.300 millones de euros para su defensa.Europa, atrapada entre su alianza con EE.UU. y la soberanía danesa, teme un conflicto interno en la OTAN. "Las fronteras no se cambian por la fuerza", advirtió el canciller alemán Olaf Scholz el 28 de enero, tras reunirse con Frederiksen. Con Trump a punto de endurecer su postura tras asumir el cargo el 20 de enero, la pregunta persiste: ¿hasta dónde llegará esta amenaza de anexión?
¿Por qué Trump querría a Musk fuera del DOGE?
La relación entre el presidente estadounidense Donald Trump (78) y el magnate Elon Musk (53), una alianza que marcó el inicio del segundo mandato de Trump, parece estar llegando a un punto de inflexión. Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha liderado una agresiva campaña para reducir la burocracia federal, pero recientes declaraciones de Trump sugieren que podría estar buscando apartarlo de este rol clave.El DOGE, creado como un organismo asesor externo tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024, tenía como meta recortar 2 billones de dólares del presupuesto federal, según anunció el presidente electo en un comunicado el 12 de noviembre de 2024. Musk, junto al empresario Vivek Ramaswamy –quien abandonó el proyecto antes de la toma de posesión–, impulsó medidas drásticas, como despidos masivos y reestructuraciones que generaron caos en varias agencias. Sin embargo, un artículo de Medios de comunicación del 31 de marzo de 2025 revela que Trump comentó en un evento que “en algún momento, Elon querrá volver a su empresa”, insinuando que su tiempo en el DOGE podría estar limitado.Fuentes cercanas a la Casa Blanca, citadas por Medios de comunicación el 3 de abril, indican que Trump valora a Musk, pero cree que su enfoque disruptivo ha cumplido su propósito tras despedir a decenas de miles de empleados federales. “Quiero que se quede todo lo posible, pero tiene empresas que dirigir”, dijo Trump a bordo del Air Force One, según la misma fuente. Este cambio coincide con tensiones internas: el 8 de marzo, Medios de comunicación informó sobre una reunión acalorada donde Musk chocó con secretarios como Marco Rubio y Sean Duffy por la magnitud de los recortes.Analistas sugieren que Trump podría preferir a Musk como “asesor informal” en lugar de un líder visible en el DOGE, cuya popularidad ha decaído –un revés en Wisconsin, donde su candidato judicial perdió pese a 21 millones de dólares invertidos, lo evidencia. Con Musk clasificado como empleado temporal con un límite de 130 días, según Medios de comunicación, y el traspaso de funciones a los secretarios en marcha, el futuro del DOGE sin Musk parece inminente. ¿Señal de fractura o estrategia? El tiempo lo dirá
Trump desata la guerra comercial global
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (78), ha encendido la mecha de una guerra comercial mundial al anunciar este martes un ambicioso paquete de aranceles que sacude el comercio internacional. En un discurso desde la Casa Blanca, bautizado como el "Día de la Liberación", Trump desveló un arancel universal del 10% a todas las importaciones, con tasas adicionales del 20% a la Unión Europea y hasta el 34% a China, según informó Medios de comunicación el 2 de abril. Esta ofensiva, la más agresiva desde la Ley Smoot-Hawley de 1930, busca, según Trump, "revivir la industria estadounidense" y recaudar cientos de miles de millones de dólares.El golpe arancelario, que elimina exenciones como la de 800 dólares para envíos chinos de bajo valor, afecta a aliados y rivales por igual. Canadá y México enfrentan un 25% desde el 4 de marzo, mientras que la UE prepara represalias contra productos estadounidenses como el bourbon o las motos Harley-Davidson, según un alto funcionario europeo citado por Medios de comunicación el 3 de abril. China, por su parte, promete "contramedidas" y una queja ante la OMC, según un comunicado del Ministerio de Comercio chino del 2 de abril.Economistas advierten de graves consecuencias. La Organización Mundial del Comercio estima una contracción del 1% en el comercio global, y expertos como Ken Rogoff, execonomista del FMI, hablan de "una bomba nuclear sobre el sistema comercial". En EE.UU., los precios podrían dispararse, afectando a los consumidores, mientras Wall Street cerró con pérdidas el 2 de abril ante la incertidumbre, según Medios de comunicación. Trump, sin embargo, insiste: "Nos han estafado durante 50 años; eso se acabó".
EE. UU.: Operación Inminente
La tensión entre Washington y Caracas ha alcanzado en los últimos días un nivel crítico. Diversas señales diplomáticas, militares y económicas indican que Estados Unidos ha decidido dar un último aviso al gobierno de Nicolás Maduro antes de activar una operación a gran escala cuyo objetivo declarado sería combatir redes de narcotráfico que operarían, según la narrativa estadounidense, desde territorio venezolano.El rechazo frontal de Maduro a abandonar el poder —condición exigida en el reciente ultimátum— ha acelerado los preparativos militares y ha colocado al país caribeño en una situación de máxima alerta. Funcionarios estadounidenses han descrito la inminente intervención como una acción “por tierra y mar”, combinada con un cerco aéreo casi total.El cierre del espacio aéreo: un mensaje inequívocoEn paralelo al intercambio de advertencias, el espacio aéreo venezolano se ha convertido en un escenario de presión intensa. La drástica reducción del tráfico aéreo internacional, impulsada por medidas de seguridad y restricciones externas, ha dejado al país prácticamente aislado del resto del mundo. Este bloqueo aéreo provoca graves efectos económicos y limita el movimiento de ciudadanos y mercancías, aumentando la sensación de un país acorralado.Objetivos y actores implicadosEstados Unidos sostiene que su acción busca desmantelar estructuras narcoterroristas vinculadas al tráfico de drogas hacia su territorio. Entre los objetivos mencionados se encuentran grupos acusados de operar dentro de las instituciones venezolanas, lo que Washington considera una amenaza directa para su seguridad.El gobierno de Venezuela, por su parte, denuncia que estas acusaciones son un pretexto para justificar una operación de carácter político y militar cuyo propósito sería forzar un cambio de gobierno. Caracas insiste en que se trata de un ataque directo contra su soberanía y sostiene que defenderá el país “ante cualquier agresión externa”.Escenario de riesgo inmediatoLos analistas coinciden en que la posibilidad de una intervención es más alta que nunca. Los riesgos principales son:1. Aislamiento total del paísEl cierre del espacio aéreo y las crecientes restricciones internacionales representan un golpe severo para la economía, agravando la escasez de bienes, medicamentos y suministros esenciales.2. Escalada militarUn operativo por tierra y mar podría desencadenar enfrentamientos en zonas estratégicas, con riesgo de desplazamientos internos y afectación a la población civil.3. Inestabilidad política internaLa presión externa podría tensar las instituciones venezolanas hasta el límite, generando fracturas internas y un clima de incertidumbre generalizada.4. Agravamiento de la crisis humanitariaEl miedo, la ruptura de rutas comerciales y las sanciones adicionales podrían profundizar la ya delicada situación social, especialmente en los sectores más vulnerables.Cuenta regresiva en marchaMientras Estados Unidos mantiene la presión diplomática y militar, Caracas ha reforzado la seguridad interna y ha llamado a la población a movilizarse en defensa del país. La comunidad internacional observa con preocupación el rápido deterioro de la situación y teme que una operación de gran escala genere consecuencias imprevisibles para toda la región.A pesar de llamados al diálogo directo, ninguna de las partes muestra señales de retroceder. Las piezas estratégicas están desplegadas, los mensajes han sido enviados y la ventana para la negociación parece reducirse con cada hora que pasa.ConclusiónLa llamada “Operación Venezuela” podría marcar un punto de inflexión histórico. Lo que algunos consideran una ofensiva contra el narcotráfico y lo que otros denuncian como un acto de intervención política podría desencadenar un conflicto con graves repercusiones humanas, regionales y globales. El último aviso está dado. El reloj sigue avanzando.
Lanza del sur en vilo
A mediados de noviembre de 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur a instancias de la Casa Blanca. La misión, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, se presentó como una campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico. El secretario Pete Hegseth explicó que se trataba de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger al país de la droga que entra por el sur. En la práctica, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo: comprende un portaaviones de propulsión nuclear con más de 4 000 marineros, un grupo anfibio con unos 2 200 marines y buques de guerra, además de destructores lanza‑misiles, cruceros, un submarino de ataque, aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader. Estas fuerzas se combinan con plataformas robotizadas de superficie y drones capaces de despegar verticalmente, integrados con buques de la Guardia Costera en el marco de una red de vigilancia de alta tecnología.Ataques recientes y balance de víctimasDesde agosto se han llevado a cabo al menos una veintena de ataques contra lanchas consideradas “narcolanchas”, con un saldo que ya supera las ochenta muertes. El 10 de noviembre, un ataque cinético contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe acabó con la vida de sus cuatro tripulantes, acción que el Comando Sur justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico. Cinco días después, el 15 de noviembre, otra intervención en el Pacífico oriental destruyó una lancha que transportaba estupefacientes; murieron tres hombres que Estados Unidos calificó de narcoterroristas. Las autoridades militares estadounidenses insisten en que los objetivos recorrían rutas habituales del tráfico de drogas y que los ataques cuentan con respaldo legal. Sin embargo, la cifra acumulada de víctimas y la ejecución de los operativos —que dejan sin posibilidad de captura a los ocupantes— alimentan las críticas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre la pérdida de potencial información de inteligencia.Declaraciones ambiguas de Donald TrumpEl presidente estadounidense ha mantenido una estrategia de ambigüedad. Tras reunirse con altos mandos del Pentágono para analizar opciones sobre Venezuela, aseguró que “ya se decidió” acerca de los próximos pasos, aunque evitó revelar la naturaleza de sus órdenes. Trump sostiene que el despliegue militar ha frenado la entrada masiva de drogas y, en declaraciones a la prensa, dejó abierta la puerta a conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario también ha deslizado la posibilidad de autorizar ataques contra carteles en México y Colombia, afirmando que consultaría al Congreso y que contaría con el respaldo de ambos partidos para combatir a organizaciones criminales. Esta postura ambivalente —mezcla de mano dura y eventual disposición al diálogo— mantiene a la región en vilo y multiplica las especulaciones sobre un ataque terrestre.Objetivos y designaciones de grupos terroristasUno de los ejes de la operación es la criminalización de redes asociadas al poder venezolano. Washington ha anunciado que designará al Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos de la fuerza armada venezolana, como una organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, la medida busca tipificar como delito cualquier apoyo material a este cartel y responde a la supuesta cooperación de este grupo con bandas como el Tren de Aragua para enviar narcóticos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una estructura criminal de tráfico de drogas. Esta estrategia de designaciones se acompaña de ofertas de conversación al propio Maduro, lo que refleja la contradicción entre la vía judicial y la política.Reacción venezolana: movilización y retórica de soberaníaLa respuesta de Caracas ha sido contundente. El gobierno venezolano considera que la Operación Lanza del Sur es un pretexto para una intervención militar. Nicolás Maduro ha movilizado 200 000 efectivos —incluidos soldados, milicias civiles y policías— y ha instruido la creación de “grupos de calle” para defender cada centímetro del territorio. En un encuentro con juristas, el mandatario pidió al pueblo estadounidense que detenga “la mano enloquecida de quien ordena bombardear” y preguntó si el continente está dispuesto a vivir “otra Gaza en Suramérica”. Caracas también ha convocado vigilias y marchas permanentes y ha elevado la alerta militar ante la presencia de buques estadounidenses en Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, funcionarios venezolanos buscan articular denuncias ante instancias internacionales para, según dicen, defender el derecho a la paz y la soberanía. Este discurso combina la retórica antiimperialista con la preparación para una eventual confrontación armada.Reacción colombiana: ruptura de cooperación e investigacionesColombia, aliado tradicional de Estados Unidos en materia de narcotráfico, rompió filas cuando el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques a lanchas rápidas. El mandatario escribió en redes que su ejército debe terminar “las comunicaciones y otros acuerdos” con las agencias de seguridad estadounidenses, al considerar que la ofensiva viola derechos humanos y constituye ejecuciones extrajudiciales. Petro sostiene que la lucha contra las drogas debe supeditarse a los derechos de las comunidades caribeñas y pidió que Donald Trump sea investigado por crímenes de guerra. Según las cifras que maneja Bogotá, al menos 75 personas han muerto en estos bombardeos desde agosto. El líder colombiano afirma que las víctimas incluían pescadores civiles y que existían alternativas legales como la incautación y el procesamiento de las embarcaciones. La Casa Blanca respondió imponiendo sanciones económicas a Petro y a miembros de su familia bajo acusaciones de connivencia con cárteles de droga, lo que profundizó una crisis diplomática sin precedentes.Controversias y críticas internacionalesLa actuación estadounidense ha suscitado un amplio rechazo. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan que bombardear embarcaciones sin intentar capturar a sus ocupantes elimina fuentes valiosas de inteligencia y podría costar más que el valor de la droga incautada. La Guardia Costera de Estados Unidos ha obtenido incautaciones récord de cocaína mediante interdicciones convencionales —225 toneladas en un año— mientras que las incursiones militares apenas han mostrado resultados medibles. La ONU, por su parte, acusó a Washington de violar el derecho internacional; el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, señaló que más de 60 personas murieron en quince ataques antes de noviembre y exigió el fin de las operaciones. Naciones Unidas insiste en que las acciones no tienen la cobertura de un conflicto armado y constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Estas críticas se suman a las de los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a un creciente malestar en Trinidad y Tobago por los ejercicios navales estadounidenses cerca de su costa.Balance y perspectivasA tres meses de su inicio, la Operación Lanza del Sur ha provocado más tensión que logros verificables. Estados Unidos exhibe la destrucción de embarcaciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Venezuela y Colombia la califican de agresión. La región observa con inquietud la posibilidad de que los bombardeos a narcolanchas evolucionen hacia ataques a objetivos en tierra, dado que Trump, al mismo tiempo que insinúa conversaciones, no descarta un “siguiente paso” y algunas unidades militares están preparadas para recibir órdenes. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas y las sanciones contra mandatarios latinoamericanos completan un escenario en el que la política antidrogas se mezcla con la estrategia geopolítica. En ausencia de transparencia sobre los criterios y la legalidad de los ataques, la campaña amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad en América Latina, con riesgos de escalada y de violaciones a los derechos humanos.
Último golpe en Nueva York
La victoria de Zohran Mamdani, un asambleísta de 34 años que se declara socialista democrático, marca un giro en la historia reciente de Nueva York. Su campaña centrada en la asequibilidad superó los pronósticos y acabó con la era de políticas moderadas en la ciudad. Su ascenso no estuvo exento de polémica: el presidente de Estados Unidos amenazó con recortar fondos federales y desplegar tropas de la Guardia Nacional si el nuevo alcalde mantenía su agenda de ciudad santuario. Esta tensión con Washington se suma a la incertidumbre financiera que ya afecta a la metrópoli.Un programa ambicioso financiado con más impuestosMamdani anunció un paquete de medidas inéditas en la ciudad: congelar durante cuatro años los alquileres de un millón de apartamentos con renta regulada, construir 200 000 viviendas asequibles, ofrecer guardería gratuita para todos los niños menores de cinco años, hacer gratuito el transporte en autobús y abrir supermercados de propiedad municipal en barrios desatendidos. Según cálculos difundidos durante la campaña, sólo el transporte gratuito costaría unos 800 millones de dólares al año, la universalización de las guarderías hasta 6 000 millones de dólares, la construcción de viviendas y la implantación de supermercados públicos añadirían varios miles de millones más. Las estimaciones situaban el coste total de su programa en torno a 10 000 millones de dólares anuales, casi una décima parte del presupuesto municipal.Para financiar estos proyectos, Mamdani propuso incrementar el impuesto de sociedades hasta el 11,5 %, equiparándolo al de Nueva Jersey, y aplicar un recargo del 2 % a las rentas superiores al millón de dólares. Actualmente, menos del 1 % de los contribuyentes de la ciudad paga alrededor del 40 % del impuesto sobre la renta, y los residentes con ingresos superiores a 25 millones ya soportan una tasa marginal combinada de 14,776 %, la más alta del país. Con el recargo propuesto, ese tipo subiría a 16,776 %. Este aumento coincide con el hecho de que la participación de la ciudad en el número de millonarios del país cayó del 6,5 % en 2010 al 4,2 % en 2022, una pérdida relativa que costó a Nueva York más de 2 500 millones de dólares en ingresos fiscales ese año. A pesar de que el número de millonarios casi se duplicó en el estado, el crecimiento se quedó muy por detrás del de Florida, Texas y California, donde se triplicó o cuadruplicó. Sólo en 2024 se marcharon 91 000 residentes netos hacia otros estados. El propio programa de Mamdani reconoce que la carga fiscal actual ya está entre las más elevadas del país, pero argumenta que los ingresos adicionales permitirán financiar servicios esenciales.Un panorama fiscal precarioLa ciudad llega a esta coyuntura con unas finanzas frágiles. Informes presupuestarios revelan que los gastos superaron a los ingresos en 636 millones de dólares en el ejercicio de 2023 y en 1 100 millones en 2024. Para 2025, el presupuesto preliminar registraba un déficit de 3 600 millones para mantener los servicios existentes. Los prepagos, que habían permitido equilibrar presupuestos anteriores, se redujeron de 6 100 millones en 2022 a poco más de 3 000 millones previstos en 2025. El plan financiero proyecta brechas de 7 200 millones en 2027, 7 900 millones en 2028 y 7 100 millones en 2029, equivalentes a cerca del 7 % de los ingresos tributarios de la ciudad. Otro análisis advertía que el acuerdo presupuestario para 2026 elevaba el gasto a más del doble de la inflación y dejaba huecos superiores a 9 000 millones de dólares para los años siguientes. Estas previsiones se elaboran en un momento en que el gobierno federal anuncia recortes en sanidad, alimentación y ayudas a la vivienda, lo que podría agravar el agujero. Así, la situación fiscal es ya tensa antes de aplicar las promesas del nuevo alcalde.Éxodo de riqueza y deterioro de los serviciosEl aumento de impuestos planeado choca con un problema estructural: Nueva York necesita atraer y retener a contribuyentes de alto nivel para sostener sus servicios. Según análisis recientes, si la ciudad hubiera mantenido su cuota de millonarios de 2010, habría recaudado 2 500 millones de dólares adicionales en 2022; el estado habría ingresado 10 700 millones más. El 1 % de los contribuyentes aporta cerca del 40 % de los impuestos sobre la renta, pero su participación se ha reducido pese a duplicarse el número de millonarios. Florida, por ejemplo, cuadruplicó su número de millonarios entre 2010 y 2022. La combinación de tipos impositivos altos y un valor percibido decreciente está llevando a más residentes a marcharse: las encuestas muestran que sólo el 34 % de los neoyorquinos califican la calidad de vida como buena o excelente y apenas el 27 % valora positivamente los servicios públicos. El teletrabajo y el alto coste de la vivienda permiten a muchos trabajadores con salarios elevados trasladarse a otros estados sin renunciar a sus carreras. Esta fuga no se limita a los ricos: familias de ingresos medios también abandonan la ciudad ante la falta de vivienda asequible y el deterioro de la infraestructura.Cabe señalar que algunos economistas sostienen que el éxodo de millonarios por motivos fiscales es limitado. Estudios sobre declaraciones fiscales indican que sólo alrededor del 0,2 % de los contribuyentes con ingresos superiores a 815 000 dólares abandonaron el estado tras el aumento de impuestos de 2021 y que, cuando se mudan, la mayoría elige estados con impuestos elevados. Sin embargo, estas investigaciones también concluyen que la ciudad no sólo necesita conservar a los millonarios actuales, sino atraer nuevos. La pérdida relativa de riqueza implica menos ingresos para financiar la red de protección social que el alcalde promete ampliar.Crisis de vivienda y explosión del sinhogarismoEl contexto social es igual de preocupante. La crisis de vivienda alcanza niveles históricos: la tasa de vacantes para apartamentos de menos de 1 100 dólares mensuales se sitúa en apenas el 0,39 %, rozando el cero funcional. En 2024 se construyeron apenas 2 063 viviendas accesibles para los más de 820 000 hogares de ingresos extremadamente bajos. La escasez ha disparado los alquileres y llevado a miles de familias a abandonar la ciudad o a vivir hacinadas. La consecuencia visible es un aumento espectacular del sinhogarismo. La población en albergues se disparó un 142 % entre marzo de 2022 y enero de 2024, pasando de 55 702 a 134 963 personas; entre los neoyorquinos de larga duración, el número en refugios creció un 11,5 % sólo en 2024. Informes oficiales indican que una de cada tres personas sin hogar es menor de edad y que el número de niños sin hogar en Nueva York se elevó de 20 299 en 2022 a 50 773 en 2024. En el curso 2024-2025 se registraron más de 154 000 estudiantes sin vivienda, cifra que duplica la de hace once años y que supone uno de cada siete alumnos de la red pública; unos 65 000 de ellos viven en refugios. Esta realidad incide en su rendimiento escolar: los niños en situación de sinhogarismo tienen tasas más altas de ausentismo y abandono escolar.Mientras tanto, las políticas recientes han tenido resultados limitados. Operativos para desmantelar campamentos callejeros sólo lograron que un 3 % de las personas desalojadas obtuvieran vivienda permanente. La falta de apartamentos asequibles y de programas de apoyo prolonga la estancia en albergues y agrava la crisis. El próximo gobierno aspira a cambiar este panorama con un ambicioso programa de construcción y con un congelamiento de rentas; sin embargo, la magnitud de la crisis y la lentitud con la que se desarrollan nuevas viviendas plantean dudas sobre la eficacia de estas medidas a corto plazo.Transporte y servicios públicos en el centro del debateUno de los emblemas de la agenda de Mamdani es la gratuidad del autobús. En 2024, la evasión de tarifas en los autobuses costó unos 315 millones de dólares. El plan del nuevo alcalde pretende eliminar por completo el cobro de billetes y compensar al operador de transportes con fondos públicos. El coste estimado es de 800 millones de dólares al año, una cifra que, según sus defensores, es modesta respecto al presupuesto de la ciudad y del estado. Sin embargo, la autoridad de transportes fija las tarifas y se financia en parte con esos ingresos. La gobernadora estatal ya advirtió que no puede respaldar una medida que retire recursos de un sistema que depende de las tarifas; a cambio, señaló que estudia la expansión de un programa de guardería universal en todo el estado, cuyo coste ascendería a 15 000 millones de dólares anuales.Otra pieza central de la plataforma del alcalde es la creación del Departamento de Seguridad Comunitaria, un organismo civil con un presupuesto previsto de 1 100 millones de dólares. Este departamento asumiría competencias que hoy recaen en la policía, como la respuesta a crisis de salud mental o la atención a personas sin hogar en el metro. El plan destina 605 millones provenientes de programas existentes y aporta 455 millones de financiación nueva, con el objetivo declarado de “prevenir la violencia antes de que ocurra” mediante una aproximación de salud pública. Incluye aumentar en un 275 % la financiación del sistema de mediadores de crisis y desplegar equipos de profesionales de salud mental y compañeros de experiencia en 100 estaciones de metro. Críticos del plan, entre ellos enfermeros que trabajan en los equipos de intervención, advierten que retirar a la policía puede poner en peligro a los trabajadores y a las personas en crisis. La propia reducción de delitos graves en el metro durante los primeros meses de 2025 se atribuyó al aumento de patrullas y a la incorporación de 750 agentes adicionales en los trenes nocturnos.El alcalde entrante, que en el pasado apoyó abiertamente reducir el presupuesto policial, moderó su discurso en campaña y anunció que mantendrá a la actual comisionada de policía y que no recortará la plantilla de 35 000 agentes. Al mismo tiempo, propugna el cierre de la cárcel de Rikers Island y la construcción de cuatro cárceles en los condados, un proyecto cuya factura se ha duplicado hasta rozar los 16 000 millones y que enfrenta retrasos significativos.Seguridad, calidad de vida y percepción ciudadanaLos datos de 2025 muestran mejoras en algunos indicadores de seguridad: los homicidios bajaron un 6 % respecto al año anterior, los robos un 17 % y los tiroteos un 14 %. No obstante, la delincuencia sigue un 30 % por encima de los niveles de 2019 y los asaltos continúan siendo elevados. Las encuestas reflejan que sólo el 42 % de los residentes percibe su barrio como seguro, y la calidad de vida se resiente por problemas como el deterioro del transporte público, la suciedad en las calles y los retrasos en los servicios. La combinación de inseguridad relativa, infraestructuras envejecidas y altos impuestos hace que muchos cuestionen el “valor” de permanecer en la ciudad. La administración actual ha invertido en mejoras puntuales —la construcción o preservación de 28 000 viviendas asequibles superó los objetivos en un 41 %, las reparaciones de baches aumentaron un 17 % y las denuncias por roedores se redujeron a un mínimo quinquenal—, pero estas cifras no han invertido la sensación general de declive.El riesgo de un golpe finalLa combinación de un programa de gasto social sin precedentes, unas finanzas municipales tensas y un éxodo sostenido de residentes constituye un cóctel explosivo. Mamdani sostiene que sus políticas replican modelos europeos de bienestar y que la inversión en servicios como guarderías y transporte gratuito reducirá el coste de la vida, estimulará la economía y mejorará la seguridad pública. Sus defensores señalan que en países como Portugal o Finlandia el transporte público y el cuidado infantil gratuitos son la norma y que los resultados son positivos. Sin embargo, Nueva York parte de una situación fiscal distinta y afronta una pérdida de capital humano y financiero que no experimentan esas ciudades. La pregunta central es si la ciudad puede permitirse ampliar el gasto en este contexto sin provocar una espiral descendente.En el mejor de los casos, el éxito del programa depende de obtener autorización estatal para aumentar impuestos y de que estos aumentos no expulsen a quienes sostienen la base fiscal. Depende también de que la ciudad logre contener sus costes, mejorar sus servicios y acelerar la construcción de vivienda asequible. En el peor escenario, la combinación de déficit crecientes, fuga de contribuyentes, deterioro de la calidad de vida y recortes federales haría inviable financiar la red de seguridad social que Mamdani promete expandir. Nueva York lleva años en caída libre; el reto del nuevo alcalde es evitar que un experimento socialista, por noble que sea en sus objetivos, se convierta en el último golpe a la ciudad.
China: Amenazas y debilidad
En los últimos meses Pekín ha respondido a la escalada arancelaria de Washington con un arma que provoca inquietud en Europa y Estados Unidos: restricciones a la exportación de tierras raras y otros metales estratégicos. A principios de octubre China añadió cinco elementos a su lista de productos controlados e impuso un mayor control sobre la tecnología de refinado y sobre los usuarios de semiconductores. Estas medidas, que siguen a las restricciones impuestas en abril, ya provocaron un desplome del 75 % en los envíos de imanes de tierras raras y obligaron a algunos fabricantes europeos de automóviles a parar la producción. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que dependen de China para el suministro de materias primas esenciales, temen que una suspensión total paralice sus sectores de defensa, energía y electrónica. Sin embargo, el poder real de China es mucho menor de lo que sugieren estos gestos.Dependencia europea y reacción comunitariaEuropa importa de China principalmente bienes manufacturados y componentes. En 2024 las importaciones procedentes del gigante asiático ascendieron a 519 000 millones de euros, mientras que las exportaciones europeas fueron de 213 300 millones; el déficit comercial de 305 800 millones es el mayor de la UE con cualquier socio. Cerca del 97 % de las importaciones corresponden a maquinaria, vehículos, productos químicos y otras manufacturas. Además, China controla el 95 % del refinado mundial de tierras raras y suministra el 70 % de las importaciones de estos elementos a la eurozona. Las cadenas de suministro son complejas: más del 80 % de las grandes empresas europeas están a no más de tres intermediarios de un productor chino, de modo que incluso cuando compran a un proveedor estadounidense o japonés siguen dependiendo de materias primas chinas.Estas vulnerabilidades han salido a la luz desde que Pekín comenzó a exigir licencias de exportación para imanes de tierras raras. La Cámara de Comercio de la UE en China denunció en septiembre que los fabricantes de automóviles europeos sufren retrasos y cierres generalizados por los cuellos de botella de las licencias. Pese a las promesas de agilizar los permisos, menos de una cuarta parte de las 140 solicitudes gestionadas por la cámara han sido aprobadas.Pero Bruselas no está paralizada. La Comisión Europea anunció en junio 13 proyectos de extracción y procesamiento fuera del bloque para asegurar suministros de litio, cobalto, manganeso, grafito y tierras raras. Su Ley de Materias Primas Críticas establece que en 2030 la UE debe extraer el 10 % y procesar el 40 % de sus necesidades y reciclar el 25 %. El comisario de Industria, Stéphane Séjourné, ha insistido en que las restricciones chinas aumentan la voluntad de diversificar y ha defendido crear reservas estratégicas para evitar el “chantaje económico”.En paralelo, la UE ha elevado los aranceles a los vehículos eléctricos chinos hasta el 38,1 % para frenar las subvenciones y evitar un aluvión de automóviles baratos. Al mismo tiempo, los ministros europeos exploran acuerdos con Estados Unidos y el G7 para coordinar la respuesta a las restricciones chinas y acelerar proyectos conjuntos de extracción y refinado. Esta cooperación es lógica: un estudio del instituto alemán IW muestra que Estados Unidos depende más de las importaciones de la UE que de las de China; en 2024 el valor de los productos de los que Estados Unidos importa más del 50 % desde Europa superó los 287 000 millones de dólares, frente a 247 000 millones procedentes de China. Dicho de otro modo, Europa no solo busca alternativas a China, sino que se posiciona como proveedor clave para el mercado estadounidense de bienes como baterías de litio, maquinaria o productos químicos.Estados Unidos: un gigante difícil de hundirAl otro lado del Atlántico, el presidente Donald Trump ha respondido a Pekín con un alza de aranceles hasta el 100 % en las importaciones chinas y con controles a la exportación de software. Las cadenas minoristas temen un aumento de precios y han adelantado pedidos para evitar el golpe. No obstante, la capacidad de resistencia estadounidense es notable. Su economía sigue siendo la mayor del mundo, con un producto interior bruto de unos 29 billones de dólares frente a los 19 billones de China. Su poder se apoya en seis pilares: fuerza militar, red de alianzas, dinamismo económico, innovación tecnológica, el papel global del dólar y el atractivo de su modelo político.Estados Unidos también está reduciendo gradualmente su dependencia de China; según el estudio alemán, la cantidad de grupos de productos en los que Estados Unidos compra más del 50 % a China cayó a 2 925 en 2024, mientras que los grupos dominados por importaciones europeas aumentaron a más de 3 100. Analistas de McKinsey señalan que Europa suministra el 55 % del mercado global de productos que Estados Unidos adquiere a China, por lo que Washington puede sustituir a Pekín por proveedores europeos en sectores como las baterías de litio.Debilidades estructurales de ChinaLas amenazas de Pekín esconden problemas profundos. El crecimiento se desacelera: las previsiones apuntan a un avance del 4,8 % para el tercer trimestre de 2025, el más débil desde el año anterior, en un contexto de tensiones comerciales y pérdida de pedidos de exportadores. El auge económico de décadas pasadas se sustentó en una expansión del crédito que alcanzó el 287 % del PIB en 2024 y ha generado crisis inmobiliarias, fuertes deudas regionales y un consumo interno débil. La dependencia de las exportaciones sigue siendo elevada: China vende a Estados Unidos alrededor de tres veces más bienes de los que compra, de modo que cualquier guerra arancelaria la golpea con más fuerza.En el plano demográfico, la población china se reducirá un 12 % para 2050, mientras que la estadounidense aumentará un 9 %. La forma de gobierno de China y su modelo de crecimiento tienen escaso atractivo fuera de sus fronteras. Además, la estrategia de imponer restricciones a las exportaciones de metales y minerales es un arma de un solo uso: los minerales no son raros y, ante una interrupción total, Occidente aceleraría la construcción de nuevas minas y plantas de refinado. Este proceso sería costoso, pero viable, y podría derivar en un sistema de suministro dual —un canal occidental más caro pero seguro y otro chino, sometido a intereses políticos—. La paradoja es que, al recurrir repetidamente a esta táctica, Pekín incentiva las inversiones occidentales que acabarán por debilitar su dominio.Los economistas señalan que China tiene pocas alternativas efectivas. Una devaluación del yuan podría aliviar el impacto de los aranceles, pero provocaría fuga de capitales; más subsidios exacerbarían el exceso de capacidad y la deflación. El mercado interno no despega porque las reformas necesarias para impulsar el consumo chocarían con los intereses del sector manufacturero. En palabras de un asesor político citado por Reuters, el enfrentamiento comercial se ha convertido en una guerra de resistencia en la que vence quien aguanta más.Reconfiguración de las cadenas globalesLa pugna entre las dos mayores economías del mundo está reconfigurando las cadenas de suministro. La UE y Estados Unidos trabajan con otros socios del G7 para diversificar fuentes y coordinar acciones. El objetivo es crear reservas, financiar proyectos mineros en África, Groenlandia y Serbia, y desarrollar la capacidad de reciclaje para depender menos de un único proveedor. La UE incluso planea almacenar minerales críticos y reforzar la preparación ciudadana para crisis sistémicas.Al mismo tiempo, los estudios demuestran que Europa puede convertirse en un proveedor alternativo para Estados Unidos en sectores clave, mientras que Washington cuenta con una economía diversificada y una red de aliados globales que dan tiempo y recursos para reorganizar las cadenas logísticas. Las restricciones chinas han puesto de manifiesto las vulnerabilidades occidentales, pero también han provocado una reacción coordinada que acelera el desapego.ConclusiónChina seguirá usando las exportaciones de materias primas como herramienta de presión y exhibirá su influencia en foros internacionales. No obstante, sus amenazas de “hundir” a Europa y Estados Unidos ocultan la realidad de un poder limitado por la ralentización económica, el envejecimiento de la población y la dependencia de las ventas al exterior. La UE y Estados Unidos, aunque vulnerables a las interrupciones temporales, disponen de capacidad financiera, tecnológica y diplomática para diversificar proveedores y reforzar sus cadenas de suministro. A largo plazo, la aritmética comercial y la dinámica demográfica sugieren que las advertencias de Pekín son más un gesto de desesperación que un preludio de hegemonía.
Gaza al borde de guerra civil
En los últimos meses Pekín ha respondido a la escalada arancelaria de Washington con un arma que provoca inquietud en Europa y Estados Unidos: restricciones a la exportación de tierras raras y otros metales estratégicos. A principios de octubre China añadió cinco elementos a su lista de productos controlados e impuso un mayor control sobre la tecnología de refinado y sobre los usuarios de semiconductores. Estas medidas, que siguen a las restricciones impuestas en abril, ya provocaron un desplome del 75 % en los envíos de imanes de tierras raras y obligaron a algunos fabricantes europeos de automóviles a parar la producción. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que dependen de China para el suministro de materias primas esenciales, temen que una suspensión total paralice sus sectores de defensa, energía y electrónica. Sin embargo, el poder real de China es mucho menor de lo que sugieren estos gestos.Dependencia europea y reacción comunitariaEuropa importa de China principalmente bienes manufacturados y componentes. En 2024 las importaciones procedentes del gigante asiático ascendieron a 519 000 millones de euros, mientras que las exportaciones europeas fueron de 213 300 millones; el déficit comercial de 305 800 millones es el mayor de la UE con cualquier socio. Cerca del 97 % de las importaciones corresponden a maquinaria, vehículos, productos químicos y otras manufacturas. Además, China controla el 95 % del refinado mundial de tierras raras y suministra el 70 % de las importaciones de estos elementos a la eurozona. Las cadenas de suministro son complejas: más del 80 % de las grandes empresas europeas están a no más de tres intermediarios de un productor chino, de modo que incluso cuando compran a un proveedor estadounidense o japonés siguen dependiendo de materias primas chinas.Estas vulnerabilidades han salido a la luz desde que Pekín comenzó a exigir licencias de exportación para imanes de tierras raras. La Cámara de Comercio de la UE en China denunció en septiembre que los fabricantes de automóviles europeos sufren retrasos y cierres generalizados por los cuellos de botella de las licencias. Pese a las promesas de agilizar los permisos, menos de una cuarta parte de las 140 solicitudes gestionadas por la cámara han sido aprobadas.Pero Bruselas no está paralizada. La Comisión Europea anunció en junio 13 proyectos de extracción y procesamiento fuera del bloque para asegurar suministros de litio, cobalto, manganeso, grafito y tierras raras. Su Ley de Materias Primas Críticas establece que en 2030 la UE debe extraer el 10 % y procesar el 40 % de sus necesidades y reciclar el 25 %. El comisario de Industria, Stéphane Séjourné, ha insistido en que las restricciones chinas aumentan la voluntad de diversificar y ha defendido crear reservas estratégicas para evitar el “chantaje económico”.En paralelo, la UE ha elevado los aranceles a los vehículos eléctricos chinos hasta el 38,1 % para frenar las subvenciones y evitar un aluvión de automóviles baratos. Al mismo tiempo, los ministros europeos exploran acuerdos con Estados Unidos y el G7 para coordinar la respuesta a las restricciones chinas y acelerar proyectos conjuntos de extracción y refinado. Esta cooperación es lógica: un estudio del instituto alemán IW muestra que Estados Unidos depende más de las importaciones de la UE que de las de China; en 2024 el valor de los productos de los que Estados Unidos importa más del 50 % desde Europa superó los 287 000 millones de dólares, frente a 247 000 millones procedentes de China. Dicho de otro modo, Europa no solo busca alternativas a China, sino que se posiciona como proveedor clave para el mercado estadounidense de bienes como baterías de litio, maquinaria o productos químicos.Estados Unidos: un gigante difícil de hundirAl otro lado del Atlántico, el presidente Donald Trump ha respondido a Pekín con un alza de aranceles hasta el 100 % en las importaciones chinas y con controles a la exportación de software. Las cadenas minoristas temen un aumento de precios y han adelantado pedidos para evitar el golpe. No obstante, la capacidad de resistencia estadounidense es notable. Su economía sigue siendo la mayor del mundo, con un producto interior bruto de unos 29 billones de dólares frente a los 19 billones de China. Su poder se apoya en seis pilares: fuerza militar, red de alianzas, dinamismo económico, innovación tecnológica, el papel global del dólar y el atractivo de su modelo político.Estados Unidos también está reduciendo gradualmente su dependencia de China; según el estudio alemán, la cantidad de grupos de productos en los que Estados Unidos compra más del 50 % a China cayó a 2 925 en 2024, mientras que los grupos dominados por importaciones europeas aumentaron a más de 3 100. Analistas de McKinsey señalan que Europa suministra el 55 % del mercado global de productos que Estados Unidos adquiere a China, por lo que Washington puede sustituir a Pekín por proveedores europeos en sectores como las baterías de litio.Debilidades estructurales de ChinaLas amenazas de Pekín esconden problemas profundos. El crecimiento se desacelera: las previsiones apuntan a un avance del 4,8 % para el tercer trimestre de 2025, el más débil desde el año anterior, en un contexto de tensiones comerciales y pérdida de pedidos de exportadores. El auge económico de décadas pasadas se sustentó en una expansión del crédito que alcanzó el 287 % del PIB en 2024 y ha generado crisis inmobiliarias, fuertes deudas regionales y un consumo interno débil. La dependencia de las exportaciones sigue siendo elevada: China vende a Estados Unidos alrededor de tres veces más bienes de los que compra, de modo que cualquier guerra arancelaria la golpea con más fuerza.En el plano demográfico, la población china se reducirá un 12 % para 2050, mientras que la estadounidense aumentará un 9 %. La forma de gobierno de China y su modelo de crecimiento tienen escaso atractivo fuera de sus fronteras. Además, la estrategia de imponer restricciones a las exportaciones de metales y minerales es un arma de un solo uso: los minerales no son raros y, ante una interrupción total, Occidente aceleraría la construcción de nuevas minas y plantas de refinado. Este proceso sería costoso, pero viable, y podría derivar en un sistema de suministro dual —un canal occidental más caro pero seguro y otro chino, sometido a intereses políticos—. La paradoja es que, al recurrir repetidamente a esta táctica, Pekín incentiva las inversiones occidentales que acabarán por debilitar su dominio.Los economistas señalan que China tiene pocas alternativas efectivas. Una devaluación del yuan podría aliviar el impacto de los aranceles, pero provocaría fuga de capitales; más subsidios exacerbarían el exceso de capacidad y la deflación. El mercado interno no despega porque las reformas necesarias para impulsar el consumo chocarían con los intereses del sector manufacturero. En palabras de un asesor político citado por Reuters, el enfrentamiento comercial se ha convertido en una guerra de resistencia en la que vence quien aguanta más.Reconfiguración de las cadenas globalesLa pugna entre las dos mayores economías del mundo está reconfigurando las cadenas de suministro. La UE y Estados Unidos trabajan con otros socios del G7 para diversificar fuentes y coordinar acciones. El objetivo es crear reservas, financiar proyectos mineros en África, Groenlandia y Serbia, y desarrollar la capacidad de reciclaje para depender menos de un único proveedor. La UE incluso planea almacenar minerales críticos y reforzar la preparación ciudadana para crisis sistémicas.Al mismo tiempo, los estudios demuestran que Europa puede convertirse en un proveedor alternativo para Estados Unidos en sectores clave, mientras que Washington cuenta con una economía diversificada y una red de aliados globales que dan tiempo y recursos para reorganizar las cadenas logísticas. Las restricciones chinas han puesto de manifiesto las vulnerabilidades occidentales, pero también han provocado una reacción coordinada que acelera el desapego.ConclusiónChina seguirá usando las exportaciones de materias primas como herramienta de presión y exhibirá su influencia en foros internacionales. No obstante, sus amenazas de “hundir” a Europa y Estados Unidos ocultan la realidad de un poder limitado por la ralentización económica, el envejecimiento de la población y la dependencia de las ventas al exterior. La UE y Estados Unidos, aunque vulnerables a las interrupciones temporales, disponen de capacidad financiera, tecnológica y diplomática para diversificar proveedores y reforzar sus cadenas de suministro. A largo plazo, la aritmética comercial y la dinámica demográfica sugieren que las advertencias de Pekín son más un gesto de desesperación que un preludio de hegemonía.
Arma china: Tierras raras
La tensión entre Washington y Pekín no se dirime solo en los actos diplomáticos ni en los titulares de las redes sociales. Desde comienzos de octubre de 2025, China ha puesto en marcha una ofensiva menos visible, pero más efectiva, al restringir la salida de materias primas imprescindibles para la industria occidental: las tierras raras y los imanes que se fabrican con ellas. Estas medidas se produjeron un día antes de que Donald Trump, recién instalado en su segundo mandato, anunciara aranceles del 100 % sobre todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre. El enfrentamiento comercial ha entrado así en una nueva fase en la que Pekín ha desempolvado su arma más eficaz: controlar los suministros que alimentan la revolución tecnológica y militar de Estados Unidos y sus aliados.El alcance de las restriccionesEl 9 de octubre Pekín amplió de forma drástica su control sobre la exportación de tierras raras. La nueva normativa obliga a que cualquier magneto o producto semiconductores producido en el extranjero que contenga al menos un 0,1 % de materias primas de origen chino —o que utilice tecnologías chinas de minería, procesado o fabricación— necesite una licencia para su exportación. Además, el Ministerio de Comercio prohibió prácticamente todos los envíos a industrias vinculadas con ejércitos extranjeros, lo que supone un veto de facto a las cadenas de suministro de defensa estadounidenses desde el 1 de diciembre. En paralelo, Pekín extendió sus controles a cinco elementos adicionales, de modo que ya restringe 12 de los 17 metales raros. La extraterritorialidad de la medida —inspirada en las reglas estadounidenses sobre productos de origen estadounidense— permite a China influir en operaciones entre terceros países.China justifica estas medidas por motivos de seguridad nacional, pero la estrategia está pensada para maximizar su ventaja. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el país produce alrededor del 70 % de las tierras raras del mundo, realiza el 90 % del procesado y controla el 93 % de la fabricación de imanes. Esta hegemonía convierte a las tierras raras en un instrumento de presión sobre EE. UU. equiparable a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados. Como reconoció el exsecretario de Comercio Wilbur Ross, ceder una parte del negocio proporciona a Pekín un “buen rendimiento” en forma de influencia: puede racionar suministros sin violar formalmente acuerdos comerciales.Un mercado y unas industrias vulnerablesLas repercusiones se dejaron sentir de inmediato. Tras el anuncio de Pekín, Trump respondió con un incremento arancelario generalizado y controles a la exportación de software estadounidense, provocando el desplome de los índices bursátiles en Wall Street. China replicó imponiendo nuevas tasas portuarias a los buques estadounidenses y extendió las restricciones a las baterías de ion‑litio y a los componentes relacionados, un sector en el que también es líder mundial. Se trata de un abanico de medidas diseñado para multiplicar los puntos de presión sobre la economía estadounidense.El sector que más rápidamente percibe el golpe es el de la defensa. Los aviones de combate F‑35 incorporan cerca de 920 libras de tierras raras en motores, radares y sistemas de guía. Las restricciones chinas afectan además a submarinos, misiles Tomahawk, drones y otros sistemas que dependen de imanes permanentes. La fabricación de vehículos eléctricos y aerogeneradores tampoco queda al margen: un coche eléctrico necesita alrededor de un kilogramo de estos materiales en sus motores, y un modelo eólico requiere cientos de kilogramos de imanes de neodimio. En sectores como la electrónica o la energía renovable no existen sustitutos comerciales para estos metales, por lo que cualquier interrupción en el suministro repercute de forma inmediata en los precios y la producción.Europa y otros aliados de Washington son igualmente dependientes. En 2023 la Unión Europea importó el 98 % de sus tierras raras de China. Japón ha logrado reducir su dependencia al 58 %, pero Corea del Sur seguía importando el 94 % en 2024. Los nuevos controles no solo limitan la entrada de materias primas, sino que dificultan también el acceso a conocimientos y tecnologías de procesado: las autoridades chinas han prohibido a sus especialistas colaborar en proyectos extranjeros sin autorización. La complejidad de las cadenas de suministro —con hasta una docena de etapas de procesado repartidas por varios países— incrementa los riesgos de interrupción.¿Por qué las tierras raras son la “mejor arma”?Los metales raros son esenciales para más de 200 aplicaciones tecnológicas, desde pantallas y catalizadores hasta satélites y sistemas de guía. La hegemonía china en todas las fases de la cadena de valor otorga al gobierno de Xi Jinping una capacidad de coacción comparable a la que Estados Unidos ejerce en el sector de los semiconductores. Pekín ha decidido utilizar esa ventaja no solo como represalia por los aranceles estadounidenses, sino también como palanca de negociación en vísperas de la cumbre bilateral prevista para finales de octubre. Al prohibir exportaciones a las industrias militares y exigir licencias para cualquier producto que contenga una mínima fracción de tierras raras chinas, el gobierno puede frenar las líneas de producción de aviones, vehículos y equipos electrónicos estadounidenses.Ross ha comparado la maniobra con un sistema de racionamiento encubierto: retrasar o denegar licencias permite a Pekín ajustar el grifo del suministro a su conveniencia. De momento, Washington dispone de reservas que fueron acumuladas durante el inicio de la guerra comercial, pero las existencias apenas cubren unos pocos meses de consumo. Las empresas estadounidenses están intentando diversificar proveedores —con inversiones en Australia, Pakistán y California— y el Departamento de Guerra ha tomado participaciones en productores locales para levantar plantas de separación y fabricación. Sin embargo, estas instalaciones tardarán años en funcionar a plena capacidad, mientras que China puede activar o desactivar sus controles de inmediato.Más allá de las tierras rarasLa ofensiva china incluye otros elementos. El mismo día que se anunciaron los controles a las tierras raras, Pekín amplió las restricciones a la exportación de baterías de ion‑litio y de los equipos necesarios para su producción. Estas baterías son imprescindibles para los coches eléctricos, las redes de almacenamiento de energía y muchos dispositivos electrónicos. Además, el gobierno ha introducido tasas a los buques estadounidenses y ha utilizado su peso en el mercado de divisas para fortalecer su moneda: según el Banco de Pagos Internacionales, el yuan aumentó su participación en las transacciones globales al 8,5 % en 2025. Aunque el dólar sigue siendo la divisa dominante, este avance indica que la internacionalización del yuan podría convertirse en otra herramienta de presión financiera.Un pulso con final abiertoLa pugna entre EE. UU. y China se ha trasladado así al terreno de los suministros estratégicos. La Casa Blanca confía en que sus inversiones en minería y procesamiento doméstico reduzcan la dependencia de Pekín, pero la Agencia Internacional de la Energía prevé que, incluso en 2030, China seguirá controlando más de la mitad de la producción y el refinado de tierras raras. El plazo de puesta en marcha de una mina de tierras raras en Estados Unidos ronda los 29 años, mientras que la demanda crece rápidamente por la transición energética y el rearme mundial. Con las negociaciones en marcha y nuevas restricciones en el horizonte, las tierras raras se han convertido en el arma no convencional con la que Pekín busca reequilibrar la balanza en la guerra comercial. Su eficacia radica en que, por ahora, no existe sustituto ni alternativa global que anule su poder.
No habrá Estado Palestino?
En la semana de la Asamblea General de la ONU del 26 de septiembre de 2025, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró públicamente que no permitirá la creación de un Estado palestino y prometió “terminar el trabajo” en Gaza. No se trata de una declaración aislada, sino de la culminación de una línea política y operativa sostenida durante los últimos años que ha ido cerrando las vías para la solución de dos Estados.En el plano político-institucional, la Knesset aprobó el 18 de julio de 2024 una resolución que rechaza la creación de un Estado palestino, incluso en el marco de un acuerdo negociado. Un año después, el 23 de julio de 2025, la cámara respaldó —con una mayoría amplia— una moción simbólica para anexar formalmente partes de Cisjordania. Aunque no vinculantes, ambas decisiones marcan la posición oficial del legislativo y refuerzan el discurso del Ejecutivo.En el terreno, el Gobierno ha acelerado la expansión de asentamientos en Cisjordania y la regularización de puestos de avanzada levantados sin permiso previo. En mayo de 2025 se anunció la creación/regularización de 22 asentamientos adicionales, y desde 2024 funciona un mecanismo gubernamental que permite financiar y dotar de infraestructura a decenas de estos enclaves mientras se completan trámites formales. Esta dinámica densifica el mapa de control israelí en el Área C y estrecha los márgenes de maniobra de la Autoridad Palestina.La pieza clave de ese rediseño espacial es el plan E1, al este de Jerusalén, concebido para conectar Ma’ale Adumim con la capital. Su avance administrativo en 2025 —con luz verde de instancias de planificación— encendió alarmas internacionales porque partiría Cisjordania en dos y aislaría Jerusalén Este del resto del territorio palestino, comprometiendo la contigüidad necesaria para un Estado viable. La estrategia de “hechos sobre el terreno”, combinada con nuevos corredores de seguridad y demoliciones en comunidades beduinas de la zona, cartografía una realidad que neutraliza la opción de soberanía palestina en un horizonte previsible.En Gaza, la guerra iniciada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 continúa con la promesa de “victoria total”. Las autoridades sanitarias locales sitúan el balance de víctimas por encima de las 65.000 personas, en un contexto de destrucción masiva de infraestructuras y de desplazamientos internos repetidos. Al mismo tiempo, instancias de la ONU han advertido de planes de control permanente y de la reducción efectiva del territorio disponible para la población civil mediante zonas tapón y corredores.Mientras tanto, en el frente diplomático, el reconocimiento de Palestina como Estado por 157 miembros de la ONU —incluidas varias potencias occidentales en septiembre de 2025— ha ganado tracción, pero no altera la ecuación sobre el terreno ni desbloquea la membresía plena en Naciones Unidas, sujeta al Consejo de Seguridad. La brecha entre la simbolización internacional y la realidad físico-administrativa se ensancha.Conclusión. El mensaje y las medidas del Gobierno israelí configuran una ofensiva total no solo militar, sino normativa y territorial, orientada a impedir la emergencia de un Estado palestino contiguo, soberano y funcional. Con resoluciones parlamentarias, expansión de asentamientos y el impulso del E1, la promesa de Netanyahu —“no habrá Estado palestino”— se traduce en arquitectura de hechos que, a día de hoy, cierran la ventana a la solución de dos Estados.
Poder del 'Canal' ártico ruso
usia no está excavando un canal al estilo de Suez en el Océano Ártico. Lo que está construyendo —y ya opera— es algo distinto: un corredor marítimo cada vez más instrumentalizado por el Estado, sostenido por puertos nuevos, canales de acceso dragados en bahías polares, satélites meteorológicos y la mayor flota de rompehielos del planeta. Ese ensamblaje, conocido como Ruta Marítima del Norte, es el verdadero “canal” ártico que Moscú pretende convertir en eje comercial y geopolítico hacia Asia.Un récord que redefine expectativas. En 2024, el tráfico total a lo largo de la ruta alcanzó 37,9 millones de toneladas, la mayor cifra registrada hasta la fecha. La carga en tránsito —buques que cruzan de oeste a este o viceversa sin recalar en puertos intermedios— superó los 3 millones de toneladas y batió su propia marca anual. Aunque estas magnitudes siguen muy lejos de las del canal de Suez, son suficientes para consolidar el Ártico ruso como corredor energético y, en temporada, de carga general. En paralelo, este septiembre un operador chino anunció el primer servicio regular de contenedores China–Europa vía Ártico, con escalas previstas en el Reino Unido y puertos del continente; el trayecto promete recortar casi a la mitad los tiempos de tránsito en campaña estival.Infraestructura: del granito a la escala industrial. El poder de esta ruta no reside en una zanja continua, sino en obras puntiagudas y costosas:- Canales de acceso dragados en el golfo del Obi permiten la llegada de metaneros y buques de gran calado a Sabetta, y otros accesos semejantes se habilitan para nuevos terminales en la península de Taimyr. Estas actuaciones, de decenas de kilómetros y más de 15 metros de profundidad en algunos tramos, son “los canales” reales del Ártico ruso.- En el extremo occidental, el Centro de Transporte de Murmansk incorporó en marzo el terminal de carbón de Lavna, ideado para elevar la capacidad regional y servir de rótula ferroviaria‑marítima.- La constelación Arktika‑M (lanzamientos en 2021 y 2023) mejora los pronósticos de hielo y meteorología, cruciales para planificar ventanas de navegación y escoltas.- Sobre todo, Moscú acelera la renovación de rompehielos nucleares: están en servicio Arktika, Sibir, Ural y Yakutia (todos del proyecto 22220); Chukotka se les unirá a mediados de 2026 y el mega‑rompehielos Rossiya (proyecto 10510, clase “Líder”) apunta a entrar en operación hacia 2030. Esta flota, única en su clase, es la que convierte las bahías y estrechos helados en una vía practicable durante más meses y —selectivamente— en invierno.Energía y comercio: el giro hacia Asia. El objetivo inmediato de Rusia es desplazar volúmenes energéticos hacia mercados asiáticos sin depender de rutas que bordean Europa. El proyecto Arctic LNG 2, sancionado por Occidente, reanudó operaciones a baja cadencia en la primavera y, desde finales de agosto, ha conseguido entregar cargamentos en China pese a las restricciones, encadenando nuevas descargas en septiembre. En crudo, los tránsitos de oeste a este ganan peso, con cargamentos desde el Ártico ruso y el Báltico orientados a puertos chinos. La temporada 2025 también ha visto más solicitudes de paso de navieras extranjeras, en su mayoría asiáticas, atraídas por tarifas competitivas en campaña y por la posibilidad de esquivar cuellos de botella en el Canal de Suez o el Cabo de Buena Esperanza.La promesa y sus límites. Rusia proclamó hace años una meta de 80 millones de toneladas al año para mediados de la década. La realidad —menos de la mitad— sugiere que el “poder” del corredor aún depende de palancas por afinar:- Ventana de hielo y seguridad. El Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio global; 2025 marcó un mínimo histórico de hielo invernal. El retroceso del hielo facilita campañas más largas, pero también vuelve la meteorología más errática y los riesgos operativos más complejos.- Regulación y costes. La ruta está bajo régimen ruso: permisos, prácticos y, en la mayor parte del año, escolta de rompehielos. Para buques y, sobre todo, para buques de Estado (incluida la Armada), Moscú exige notificaciones anticipadas y puede suspender tránsitos por motivos de seguridad.- Ambiental y reputacional. Desde julio de 2024 rige la prohibición de usar o transportar fuelóleo pesado en aguas árticas, con exenciones transitorias, lo que obliga a combustibles alternativos y a protocolos nuevos de respuesta en caso de vertidos. ONG y expertos advierten, además, del auge de una “flota sombra” de petroleros viejos con estándares de seguro y seguimiento más laxos.- Economía de red. Las grandes navieras de contenedor, dependientes de escalas hub y fiabilidad total del calendario, se muestran cautelosas: sin puertos intermedios de gran capacidad y con incertidumbre climática, el Ártico sigue siendo un nicho estacional, por ahora. Aun así, los nuevos servicios chinos prueban que el nicho puede ensancharse.La apuesta estatal: del “corredor” al poder de palanca. El Kremlin no oculta su ambición: triplicar la capacidad de Murmansk, atraer inversión del Sur Global mediante concesiones y extender el concepto de “Gran Ruta Marítima del Norte”, que conecte San Petersburgo y Kaliningrado con Vladivostok a través de un mosaico de puertos, ferrocarriles y terminales árticos. La hoja de ruta incluye más rompehielos, remolcadores de alta mar, centros SAR y ayudas a la navegación. Si esa capa logística se completa y el hielo sigue cediendo, el “canal” ártico —no una zanja continua, sino un sistema— otorgará a Rusia una palanca estructural: controlar tiempos y costes de parte del comercio energético euroasiático y condicionar, con escoltas y permisos, quién cruza, cuándo y a qué precio.Qué mirar a partir de ahora. Tres señales medirán el verdadero salto de poder:(1) que los rompehielos en cartera se entreguen en plazo y la navegación invernal se estabilice sin incidentes serios;(2) que terminales clave —Lavna, Sever Bay y los de Gydán/Yamal— muevan volúmenes cercanos a diseño pese a sanciones y restricciones de flota; y(3) que los servicios de contenedores de nuevo cuño pasen de campañas piloto a líneas estacionales regulares, con garantías de seguro e infraestructuras de rescate robustas. Si esas tres piezas encajan, el “canal” del Ártico se parecerá menos a una promesa y más a un instrumento de poder tangible.
Bolivia: Tormenta económica
Cuando el economista Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, heredó una economía asfixiada. Durante las últimas dos décadas el país mantuvo precios de la gasolina y el diésel artificialmente bajos y dejó en manos del Estado la explotación de hidrocarburos. Esas políticas vaciaron los cofres públicos. Las reservas internacionales, que en 2014 superaban los quince mil millones de dólares, se desplomaron a menos de dos mil millones en 2024; al asumir el poder, Paz no tenía reservas líquidas para importar combustible. La inflación superaba el 20 % y en agosto de 2025 llegó al 25,15 %, el nivel más alto en más de treinta años. La economía se contrajo 2,4 % en el primer semestre de 2025, se perdieron empleos y el poder adquisitivo se erosionó día a día.El déficit fiscal, que un asesor de Paz estimó en más del 11 % del producto interno bruto (PIB), dejó al país sin margen de maniobra. José Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico del nuevo presidente, advirtió que la nación disponía de menos de mil millones de dólares, insuficientes para cubrir dos semanas de importación de combustible o el pago de la deuda externa, y que serían necesarios al menos 2 500 millones para cerrar el año. La falta de divisas obligó al Banco Central a vender su oro y a imponer controles; se instaló un mercado paralelo donde el dólar se cotizaba a más del doble del tipo oficial. Muchos ahorristas no pudieron retirar sus depósitos en moneda extranjera y se vieron obligados a aceptar bolivianos al tipo de cambio oficial, provocando un “corralito” que alimentó la desconfianza en el sistema bancario.Para intentar estabilizar la situación, Paz viajó a Washington antes de asumir el cargo y se reunió con instituciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo manifestaron su disposición a apoyar a Bolivia. Sin embargo, los préstamos deben ser aprobados por una Asamblea Legislativa fragmentada: la nueva coalición del presidente carece de mayoría propia y depende de alianzas con partidos de derecha y centro. Economistas advierten que la estabilidad política será esencial para implementar reformas impopulares como la reducción de subsidios y la flexibilización del tipo de cambio.La emergencia energéticaLa segunda crisis, que agrava la primera, es el colapso del sector energético. Bolivia fue durante años un exportador de gas natural; hoy su producción se ha desplomado un 54 % en la última década. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cerró 2024 con pérdidas operativas de 11 700 millones de bolivianos (1 700 millones de dólares). Cada litro de gasolina y diésel que vende genera pérdidas por los subsidios, y solo el año pasado el subsidio al diésel importado costó 6 300 millones de bolivianos (914 millones de dólares). La empresa fue descrita por analistas como “prácticamente en bancarrota”.La caída en la producción interna obligó a importar el 95 % del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume el país. A finales de octubre solo quedaba combustible para un día de diésel y tres de gasolina. Las filas en las estaciones se extendieron por kilómetros y duraban horas o incluso días. Los panaderos redujeron la producción de pan y los avicultores advirtieron sobre escasez de pollo debido a la falta de carburante. La crisis se reflejó también en las carreteras: se multiplicaron los bloqueos, se cancelaron rutas de autobuses y el transporte público funcionó a medias.El desabastecimiento tiene otra dimensión: el contrabando. La gasolina y el diésel subsidiados son vendidos ilegalmente en Perú, Brasil y Chile, provocando pérdidas millonarias. Para combatirlo, Paz ordenó a las Fuerzas Armadas perseguir a los contrabandistas y calificó el contrabando de combustibles como un “ataque a la economía nacional”. Al mismo tiempo, anunció auditorías a YPFB y revisiones a los precios de los combustibles para hacer el sistema sostenible. Su ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca reformar el esquema de subsidios para que sean focalizados y dejen de ser un incentivo para el contrabando.Las soluciones no llegarán rápido. El gas boliviano ya no abastece a Argentina ni a Brasil como antes; el país ha pasado de ser exportador a importador neto. El gobierno reactivó contratos con proveedores de Argentina, Chile, Paraguay y Perú para garantizar la oferta inmediata. Pero a largo plazo, Paz propone un “capitalismo inteligente de la energía”, combinando inversión privada con control estatal y exploración de nuevos campos, incluso en la Amazonía. Organizaciones indígenas y ecologistas advierten que la extracción en áreas protegidas, como los pozos Tomachi X1 y X2 en la cuenca del río Madre de Dios, pone en riesgo a comunidades como los tacanas y amenaza a miles de especies.La fragilidad institucionalLa tercera crisis es política e institucional. Después de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el nuevo presidente enfrenta un Parlamento sin mayoría y un sistema judicial desprestigiado. La Constitución boliviana obliga a que los jueces sean elegidos por voto popular a partir de listas elaboradas por el Congreso, un mecanismo que ha permitido que el oficialismo de turno cooptara los tribunales y utilizara la justicia para perseguir a opositores. En 2025 el país ocupó el puesto 131 de 143 en el índice del Estado de derecho del World Justice Project, uno de los más bajos del continente.Paz prometió convocar una “Cumbre de la Justicia” para diseñar reformas y modernizar los tribunales. Sin embargo, las divisiones políticas complican cualquier cambio. Su partido, el demócrata cristiano, obtuvo menos de un tercio de los escaños y necesita el apoyo de partidos conservadores y centristas para aprobar leyes. Algunos legisladores del MAS podrían sumarse, pero otros podrían boicotear las iniciativas. La falta de confianza en las instituciones se refleja en las calles: tras la segunda vuelta electoral, miles de manifestantes marcharon en La Paz exigiendo una auditoría del escrutinio y denunciando fraude; aunque no hubo enfrentamientos graves, la protesta evidenció el clima de polarización.La seguridad también preocupa. Bolivia es un corredor para el narcotráfico y alberga laboratorios clandestinos; la detención de un ex viceministro por poseer un laboratorio de cocaína subrayó la penetración del crimen organizado en el Estado. Paz anunció que restablecerá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y reforzará la colaboración con países vecinos para combatir las redes criminales. Sin embargo, organismos de derechos humanos recuerdan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha provocado abusos en el pasado.¿Qué puede hacer Rodrigo Paz?En su discurso inaugural, el presidente afirmó que Bolivia se “abrirá al mundo” y dejó atrás el aislamiento de los gobiernos anteriores. Prometió un “capitalismo para todos” que combine disciplina fiscal con programas sociales y descentralización. Para ello tendrá que equilibrar exigencias contradictorias: acabar con los subsidios que desangran al Estado sin provocar un estallido social; liberalizar el tipo de cambio sin disparar la inflación; y atraer inversión extranjera sin ceder la soberanía sobre recursos estratégicos.Una de sus primeras medidas será reducir los subsidios al diésel para la agricultura y las empresas, mientras que las subvenciones a la gasolina para el transporte público se desmantelarán de manera gradual. También planea flexibilizar el tipo de cambio para acercarlo a la cotización del mercado paralelo. El Fondo Monetario Internacional recomienda un programa de consolidación fiscal que incluya la eliminación de la financiación monetaria del déficit, la reducción del gasto en salarios públicos y la racionalización del presupuesto. La tarea es ardua: la proyección del FMI para 2025 anticipa un crecimiento de apenas 0,6 % y una inflación de 20,8 %.Paz también pretende revisar los contratos de explotación de litio firmados con empresas chinas y rusas durante el gobierno anterior. Bolivia posee unos 21 millones de toneladas de litio, lo que podría convertirla en un actor clave de la transición energética. El nuevo gobierno quiere promulgar una ley que refuerce la supervisión ambiental y aumente la participación de las comunidades locales. Además, el presidente busca estrechar relaciones con Estados Unidos y otros países de la región para atraer inversión y diversificar mercados.En materia de justicia, su iniciativa estrella será convocar una cumbre para reestructurar la elección de jueces y garantizar su independencia. También planea fortalecer los organismos de control y transparencia para combatir la corrupción y reconstruir la confianza ciudadana. La meta a largo plazo es transformar a Bolivia en un ejemplo de estabilidad centrista en la región.ConclusiónBolivia está al borde de la quiebra. El agotamiento de las reservas, la inflación galopante y el colapso de la industria de hidrocarburos han puesto al país al límite. La herencia de políticas estatistas y subsidios indiscriminados ha dejado a Rodrigo Paz un panorama desolador: una economía sin liquidez, una empresa petrolera casi quebrada y un Estado debilitado por la corrupción y la desconfianza. Para superar las tres crisis —económica, energética e institucional— se requiere un liderazgo capaz de tomar decisiones impopulares, dialogar con una oposición fragmentada y restaurar la credibilidad de las instituciones. Las próximas semanas y meses serán decisivas para saber si el nuevo gobierno puede evitar el colapso y encaminar a Bolivia hacia una recuperación sostenible.