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Alarma por los F-35 Saudíes

La reciente decisión del presidente estadounidense Donald J. Trump de autorizar la entrega de cazas furtivos F-35 a Arabia Saudí ha provocado un terremoto político y estratégico en Oriente Medio. En Israel, donde estos aviones representan un pilar fundamental de su superioridad aérea, la noticia ha sido recibida con profunda inquietud y un inusual nivel de alarma pública y militar.El F-35 es actualmente uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Su capacidad de sigilo, su integración de sistemas de inteligencia y su habilidad para operar en redes de información lo convierten en una herramienta crucial en escenarios de guerra moderna. Hasta ahora, solo un puñado de países aliados de Washington tenían acceso a esta tecnología, y la exclusividad de Israel en la región era vista como una garantía indispensable para mantener el equilibrio estratégico.La perspectiva de que Arabia Saudí pueda recibir varias decenas de estos cazas altera esa ecuación. Aunque se espera que los modelos saudíes tengan ciertas limitaciones técnicas respecto a los israelíes, expertos militares insisten en que incluso una versión reducida del F-35 supone un salto cualitativo muy significativo para la capacidad aérea del reino. En Jerusalén, la preocupación es clara: la ventaja tecnológica que Israel ha mantenido durante décadas podría estrecharse, incluso si todavía conserva la superioridad.Funcionarios israelíes han transmitido discretamente su malestar. Temen que la adquisición saudí impulse una carrera armamentística regional, obligándolos a solicitar a Washington nuevas garantías de seguridad o sistemas aún más avanzados. Al mismo tiempo, se plantea el riesgo de que otros actores —incluyendo Irán— interpreten esta decisión como una invitación a fortalecer sus propios arsenales.En Washington, sin embargo, la lógica es distinta. La venta a Arabia Saudí forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la cooperación defensiva con Riad, aumentar la interdependencia militar y favorecer una futura arquitectura de seguridad regional. Al mismo tiempo, la operación se enmarca en los esfuerzos estadounidenses por acercar a Arabia Saudí e Israel a un proceso gradual de normalización diplomática, aunque este objetivo sigue siendo frágil.Aun así, la decisión no está exenta de riesgos. El incremento del poder aéreo saudí podría modificar dinámicas sensibles en el Golfo, incrementar tensiones con Irán y crear nuevos focos de inestabilidad. Lo que, en apariencia, es una operación comercial multimillonaria, se ha convertido en una jugada geopolítica de consecuencias imprevisibles.Para Israel, la situación refleja una realidad incómoda: su posición privilegiada en la región ya no puede darse por sentada. Para Estados Unidos, supone un delicado equilibrio entre mantener a su aliado tradicional y fortalecer su alianza estratégica con Riad. Para Oriente Medio, puede marcar el inicio de una nueva era de competencia aérea y reajustes diplomáticos.

Drones Rusos violan Polonia

Polonia derribó varios drones de origen ruso que violaron su espacio aéreo durante la noche del 9 al 10 de septiembre de 2025, en el que Varsovia calificó como el episodio más significativo de intrusión aérea sobre territorio aliado desde el inicio de la guerra en 2022. El Gobierno polaco activó el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para consultas urgentes y, en respuesta, la Alianza anunció un refuerzo inmediato de su postura defensiva en el flanco oriental.Según el Estado Mayor polaco, al menos 19 aparatos no tripulados cruzaron la frontera oriental en el contexto de una ofensiva aérea rusa contra objetivos en Ucrania. Las autoridades cerraron de manera temporal el espacio aéreo en cuatro aeropuertos —incluidos los dos de Varsovia— y emitieron alertas a la población en varias voivodías del este. En la localidad de Wyryki‑Wola, el impacto de un dron dañó gravemente una vivienda sin causar víctimas.La respuesta defensiva movilizó a cazas F‑16 polacos y aparatos aliados, junto con aeronaves de vigilancia y reabastecimiento en vuelo. Por primera vez desde 2022, aeronaves de la OTAN abatieron drones rusos sobre territorio aliado. Fuentes militares consideran que varias trayectorias apuntaron hacia Rzeszów‑Jasionka, el principal nodo logístico de la OTAN para el apoyo a Ucrania.Moscú ha negado haber tenido la intención de golpear Polonia y atribuye la incursión al entorno de combate en Ucrania; Varsovia, por su parte, sostiene que se trató de una acción deliberada para “probar” la cohesión y los tiempos de reacción aliados. Algunas rutas de vuelo atravesaron Bielorrusia, lo que eleva la tensión en un momento en que Minsk y Moscú ejecutan maniobras conjuntas cerca de la frontera.La Alianza Atlántica anunció la operación Eastern Sentry, concebida para adaptar y reforzar la defensa aérea desde el Báltico hasta el Mar Negro con despliegues rotatorios de cazas, plataformas de alerta temprana, sistemas antiaéreos y medios navales. Entre los activos adicionales se incluyen cazas F‑16, Rafale y Eurofighter, además de una fragata para defensa aérea integrada. La prioridad declarada es “defender cada centímetro de territorio aliado” y reducir ventanas de vulnerabilidad frente a enjambres de drones de bajo coste.Mientras continúan los análisis de trayectorias y fragmentos recuperados, Polonia ha restringido el tráfico aéreo menor en su frontera oriental y prohibido vuelos de drones recreativos en la zona hasta nuevo aviso. La industria aeronáutica europea, por su parte, observa con preocupación el incremento de riesgos operativos, desvíos y costes asociados a cierres temporales del espacio aéreo.El incidente consolida una tendencia: incursiones esporádicas de misiles o drones que, de manera creciente, rozan o penetran espacios aéreos de países de la OTAN limítrofes con Ucrania. Sin embargo, la escala de la violación de esta semana y la respuesta multilateral marcan un punto de inflexión operativo y político. Para los aliados, la lección es doble: acelerar la malla de defensa aérea multinacional y mantener la disuasión creíble en un entorno en el que los vectores baratos, saturantes y con guiado rudimentario pueden forzar decisiones de alto riesgo en cuestión de minutos.

Israel ataca Catar y Gaza

Israel lanzó esta semana un ataque aéreo en la capital de Catar contra dirigentes políticos de Hamás y, en paralelo, ha intensificado su campaña militar en la Franja de Gaza. La operación en Doha —sin precedentes por haberse ejecutado en territorio de un aliado de Washington— tensiona las negociaciones de un alto el fuego y abre un nuevo frente diplomático en Oriente Medio.Un bombardeo con ecos regionalesEl ataque en Doha del 9 de septiembre tuvo como objetivo un complejo residencial vinculado a reuniones de altos responsables de Hamás. Según autoridades cataríes, entre los fallecidos figura un agente de seguridad del país y hay varios heridos. La acción, que Israel justificó como parte de su estrategia contra el liderazgo del grupo, ha sido interpretada por gobiernos árabes como una escalada que traspasa líneas rojas y complica los esfuerzos de mediación.Condena en el Consejo de SeguridadDos días después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por consenso una declaración que condena los ataques en Doha, subraya la soberanía de Catar y llama a la desescalada. La posición de Estados Unidos —habitualmente escudo de Israel en el organismo— resultó clave para que el texto saliera adelante y evidenció el malestar de Washington con el momento y el lugar escogidos para la operación. Catar, mediador central en el dosier de rehenes y en las conversaciones de tregua, advirtió de que acciones de este tipo minan la confianza necesaria para avanzar.Nueva fase militar en GazaEn Gaza, el ejército israelí sostiene que ha realizado esta semana cinco oleadas de ataques, con más de 500 objetivos en Ciudad de Gaza, incluyendo infraestructura militar, entradas de túneles y depósitos de armas. Persisten las órdenes de evacuación hacia el sur, pero miles de civiles continúan en la zona por falta de alternativas seguras. Paralelamente, Israel anunció la ampliación del paso logístico denominado “Crossing 147” en el sur, con el objetivo de triplicar el ingreso de ayuda hasta 150 camiones diarios, medida que busca aliviar la presión humanitaria sobre los desplazados.Impacto humanitario y presión internacionalCasi dos años después del estallido del conflicto tras los ataques del 7 de octubre de 2023, el balance humano en Gaza supera las decenas de miles de muertos, en su mayoría civiles, y un deterioro severo de las condiciones de vida, con fallecimientos por malnutrición documentados. La comunidad internacional insiste en que la protección de la población civil y el acceso sostenido de asistencia humanitaria deben ser prioritarios y reclama una pausa que abra espacio a negociaciones sustantivas.Señales desde Jerusalén y DohaDesde Israel, las autoridades recalcan que “no hay santuarios” para dirigentes considerados responsables de ataques y secuestros, y que actuarán contra ellos donde se encuentren. Catar, por su parte, afirma que mantendrá su rol de mediador, pero denuncia que un bombardeo en su territorio erosiona las opciones de un acuerdo para la liberación de rehenes y una tregua verificable.Riesgos de desbordamiento regionalEl hecho de que el ataque se produjera en un país del Golfo que alberga la mayor base militar estadounidense en la región ha agitado a otras monarquías árabes, preocupadas por la posibilidad de que su propia seguridad se vea comprometida si el conflicto se “deslocaliza”. Analistas consultados por gobiernos de la zona apuntan a un previsible refuerzo de la coordinación de inteligencia y a presiones para obtener garantías de seguridad más explícitas de Washington.Lo que sigueLas próximas horas estarán marcadas por la capacidad de los actores implicados de reconducir el canal diplomático sin renunciar a sus líneas rojas. La eficacia de las nuevas medidas de entrada de ayuda, el destino de los rehenes y el alcance real de la ofensiva en Ciudad de Gaza determinarán si el conflicto se encamina a otra espiral de escalada —incluidos ataques extraterritoriales— o si se reabre un margen para un alto el fuego con verificación internacional.

Poder del 'Canal' ártico ruso

usia no está excavando un canal al estilo de Suez en el Océano Ártico. Lo que está construyendo —y ya opera— es algo distinto: un corredor marítimo cada vez más instrumentalizado por el Estado, sostenido por puertos nuevos, canales de acceso dragados en bahías polares, satélites meteorológicos y la mayor flota de rompehielos del planeta. Ese ensamblaje, conocido como Ruta Marítima del Norte, es el verdadero “canal” ártico que Moscú pretende convertir en eje comercial y geopolítico hacia Asia.Un récord que redefine expectativas. En 2024, el tráfico total a lo largo de la ruta alcanzó 37,9 millones de toneladas, la mayor cifra registrada hasta la fecha. La carga en tránsito —buques que cruzan de oeste a este o viceversa sin recalar en puertos intermedios— superó los 3 millones de toneladas y batió su propia marca anual. Aunque estas magnitudes siguen muy lejos de las del canal de Suez, son suficientes para consolidar el Ártico ruso como corredor energético y, en temporada, de carga general. En paralelo, este septiembre un operador chino anunció el primer servicio regular de contenedores China–Europa vía Ártico, con escalas previstas en el Reino Unido y puertos del continente; el trayecto promete recortar casi a la mitad los tiempos de tránsito en campaña estival.Infraestructura: del granito a la escala industrial. El poder de esta ruta no reside en una zanja continua, sino en obras puntiagudas y costosas:-  Canales de acceso dragados en el golfo del Obi permiten la llegada de metaneros y buques de gran calado a Sabetta, y otros accesos semejantes se habilitan para nuevos terminales en la península de Taimyr. Estas actuaciones, de decenas de kilómetros y más de 15 metros de profundidad en algunos tramos, son “los canales” reales del Ártico ruso.-  En el extremo occidental, el Centro de Transporte de Murmansk incorporó en marzo el terminal de carbón de Lavna, ideado para elevar la capacidad regional y servir de rótula ferroviaria‑marítima.-  La constelación Arktika‑M (lanzamientos en 2021 y 2023) mejora los pronósticos de hielo y meteorología, cruciales para planificar ventanas de navegación y escoltas.-  Sobre todo, Moscú acelera la renovación de rompehielos nucleares: están en servicio Arktika, Sibir, Ural y Yakutia (todos del proyecto 22220); Chukotka se les unirá a mediados de 2026 y el mega‑rompehielos Rossiya (proyecto 10510, clase “Líder”) apunta a entrar en operación hacia 2030. Esta flota, única en su clase, es la que convierte las bahías y estrechos helados en una vía practicable durante más meses y —selectivamente— en invierno.Energía y comercio: el giro hacia Asia. El objetivo inmediato de Rusia es desplazar volúmenes energéticos hacia mercados asiáticos sin depender de rutas que bordean Europa. El proyecto Arctic LNG 2, sancionado por Occidente, reanudó operaciones a baja cadencia en la primavera y, desde finales de agosto, ha conseguido entregar cargamentos en China pese a las restricciones, encadenando nuevas descargas en septiembre. En crudo, los tránsitos de oeste a este ganan peso, con cargamentos desde el Ártico ruso y el Báltico orientados a puertos chinos. La temporada 2025 también ha visto más solicitudes de paso de navieras extranjeras, en su mayoría asiáticas, atraídas por tarifas competitivas en campaña y por la posibilidad de esquivar cuellos de botella en el Canal de Suez o el Cabo de Buena Esperanza.La promesa y sus límites. Rusia proclamó hace años una meta de 80 millones de toneladas al año para mediados de la década. La realidad —menos de la mitad— sugiere que el “poder” del corredor aún depende de palancas por afinar:-  Ventana de hielo y seguridad. El Ártico se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio global; 2025 marcó un mínimo histórico de hielo invernal. El retroceso del hielo facilita campañas más largas, pero también vuelve la meteorología más errática y los riesgos operativos más complejos.-  Regulación y costes. La ruta está bajo régimen ruso: permisos, prácticos y, en la mayor parte del año, escolta de rompehielos. Para buques y, sobre todo, para buques de Estado (incluida la Armada), Moscú exige notificaciones anticipadas y puede suspender tránsitos por motivos de seguridad.-  Ambiental y reputacional. Desde julio de 2024 rige la prohibición de usar o transportar fuelóleo pesado en aguas árticas, con exenciones transitorias, lo que obliga a combustibles alternativos y a protocolos nuevos de respuesta en caso de vertidos. ONG y expertos advierten, además, del auge de una “flota sombra” de petroleros viejos con estándares de seguro y seguimiento más laxos.-  Economía de red. Las grandes navieras de contenedor, dependientes de escalas hub y fiabilidad total del calendario, se muestran cautelosas: sin puertos intermedios de gran capacidad y con incertidumbre climática, el Ártico sigue siendo un nicho estacional, por ahora. Aun así, los nuevos servicios chinos prueban que el nicho puede ensancharse.La apuesta estatal: del “corredor” al poder de palanca. El Kremlin no oculta su ambición: triplicar la capacidad de Murmansk, atraer inversión del Sur Global mediante concesiones y extender el concepto de “Gran Ruta Marítima del Norte”, que conecte San Petersburgo y Kaliningrado con Vladivostok a través de un mosaico de puertos, ferrocarriles y terminales árticos. La hoja de ruta incluye más rompehielos, remolcadores de alta mar, centros SAR y ayudas a la navegación. Si esa capa logística se completa y el hielo sigue cediendo, el “canal” ártico —no una zanja continua, sino un sistema— otorgará a Rusia una palanca estructural: controlar tiempos y costes de parte del comercio energético euroasiático y condicionar, con escoltas y permisos, quién cruza, cuándo y a qué precio.Qué mirar a partir de ahora. Tres señales medirán el verdadero salto de poder:(1) que los rompehielos en cartera se entreguen en plazo y la navegación invernal se estabilice sin incidentes serios;(2) que terminales clave —Lavna, Sever Bay y los de Gydán/Yamal— muevan volúmenes cercanos a diseño pese a sanciones y restricciones de flota; y(3) que los servicios de contenedores de nuevo cuño pasen de campañas piloto a líneas estacionales regulares, con garantías de seguro e infraestructuras de rescate robustas. Si esas tres piezas encajan, el “canal” del Ártico se parecerá menos a una promesa y más a un instrumento de poder tangible.

China y la Trampa global

En la última década, Pekín ha tejido una red de dependencias industriales tan densas que la geoeconomía mundial parece girar en torno a tres palancas chinas: escala, cuellos de botella y ecosistemas. El resultado es la “trampa” perfecta: Occidente abarató costes apoyándose en la manufactura y los insumos chinos; China, a su vez, expandió su capacidad y control sobre materias y tecnologías críticas. Hoy, ambos bloques lidian con las consecuencias: tarifas, controles a la exportación, inflación de seguridad y un calendario climático que no espera.La palanca de la escala. El liderazgo chino en tecnologías verdes es apabullante. En energía solar, la concentración de fabricación de polisilicio, lingotes, obleas, células y módulos supera de largo el umbral de “dependencia estratégica” en todas las etapas. En baterías, fabricantes chinos dominan la capacidad mundial de celdas y, sobre todo, la cadena de componentes clave. Ese despliegue, estimulado por enormes inversiones y políticas industriales, permitió a China inundar de equipos baratos los mercados globales: bueno para abaratar la transición energética, malo para cualquier competidor que intentase producir lo mismo fuera de China.La palanca de los cuellos de botella. La posición de China en minerales y materiales críticos —grafito para ánodos, tierras raras para imanes, metales para semiconductores— se ha convertido en poder geopolítico. Desde 2023, Pekín introdujo licencias a la exportación de germanio y galio, y extendió controles al grafito. En abril de 2025, añadió restricciones a varias tierras raras y a imanes permanentes, instaurando además trazabilidad obligatoria del sector de imanes. Estas medidas no equivalen a un embargo general, pero sí han ralentizado cadenas globales con retrasos, incertidumbre regulatoria y picos de riesgo para fabricantes de automoción, electrónica y defensa. Las economías avanzadas, conscientes de su exposición, han respondido con planes para diversificar suministro y hasta con la idea de precios de referencia y reservas coordinadas para amortiguar los sobresaltos.La palanca del ecosistema. No es solo producción: China exporta estándares, financiación y mano de obra especializada. En Europa, los grandes proyectos de baterías y coches eléctricos dependen de tecnología, maquinaria y personal técnico chinos. Esa capilaridad refuerza la asimetría: el capital y la ingeniería fluyen desde China, mientras la dependencia tecnológica del receptor se consolida.La reacción occidental. Washington ha elevado sustancialmente los aranceles a productos chinos estratégicos —vehículos eléctricos, células solares, semiconductores y equipamiento— y endurecido los controles de exportación de tecnologías de chip avanzado y la maquinaria necesaria para fabricarlos. Bruselas, por su parte, impuso derechos compensatorios definitivos a los vehículos eléctricos de batería procedentes de China; activó investigaciones sobre subvenciones extranjeras en sectores como eólico y equipos solares; y, en paralelo, aprobó dos piezas legales clave: el Reglamento de Materias Primas Críticas (CRMA), que fija objetivos para extraer, procesar y reciclar en la UE, y la Ley de Industria Cero Neto (NZIA), que introduce criterios de “resiliencia” en subastas y compras públicas para primar componentes con menor riesgo de dependencia.La contraofensiva de Pekín. A la presión arancelaria y regulatoria, China ha respondido activando el arsenal de sus cuellos de botella: controles a exportaciones de minerales e imanes, vigilancia reforzada del sector de tierras raras y, mirando al futuro, licencias obligatorias para exportar vehículos eléctricos a partir de 2026, con el argumento de ordenar el mercado exterior y frenar prácticas que erosionan márgenes y reputación. El mensaje implícito es claro: si el acceso a sus productos se encarece por decisión política occidental, el acceso a insumos críticos también puede tensarse desde China.La factura económica. La “trampa” es de doble filo. En Occidente, proteger industrias nacientes o reindustrializar implica costes: los aranceles elevan precios y retrasan escalados; las normas de “resiliencia” restringen proveedores y pueden encarecer licitaciones a corto plazo. Pero no actuar perpetúa la dependencia y el riesgo de cierres súbitos en fábricas por falta de insumos. Al mismo tiempo, China paga su propio peaje: el ajuste inmobiliario prolongado, la debilidad del consumo y la deflación intermitente presionan beneficios industriales; la guerra de precios en sectores como solar y automoción exprime márgenes; y la respuesta internacional a su “sobrecapacidad” limita salidas de exportación justo cuando su economía necesita tracción externa.El tablero energético y climático. La abundancia de paneles, baterías y coches eléctricos made in China ha acelerado la descarbonización mundial. Sin embargo, la concentración de la cadena en un solo país crea un riesgo sistémico: cualquier restricción o represalia en materias críticas (grafito, tierras raras) repercute de inmediato en las fábricas de turbinas, motores y celdas fuera de China. Para la UE y Estados Unidos, la ecuación ya no es solo precio y CO₂, sino también seguridad de suministro: una transición limpia que pueda detenerse por un expediente de licencias en Pekín no es resiliente.¿Se puede salir de la trampa? La respuesta no pasa por desengancharse de la noche a la mañana, sino por de‑riesgar: diversificar orígenes de materias, atraer fabricación en eslabones vulnerables (ánodos, separadores, cátodos; obleas y células), acumular reservas estratégicas en puntos críticos, y coordinar normas y compras públicas que valoren la resiliencia junto al coste. A ello se suman puentes prácticos con China para estabilizar flujos esenciales, aun en medio de los contenciosos. El G7 y la UE exploran herramientas financieras y de política comercial que amortigüen la volatilidad de minerales críticos; China tiene incentivos para demostrar previsibilidad si desea mantener su papel central sin desatar una sustitución acelerada.Conclusión. China no “tendió” una trampa en el sentido clásico; explotó con habilidad tres ventajas —escala, cuellos de botella y ecosistemas— que Occidente aceptó como atajo a menor precio y mayor velocidad. Al radicalizarse la competencia estratégica, esas mismas ventajas se han vuelto palancas de coerción y vulnerabilidad. Hoy, todos están atrapados por sus propias decisiones: China, por la necesidad de sostener el crecimiento sin cerrar mercados; Occidente, por el reto de reindustrializar sin frenar la transición ni disparar costes. Salir exigirá políticas más inteligentes que el péndulo entre apertura total y proteccionismo defensivo: construir redundancia donde duela, mantener comercio donde convenga y, sobre todo, reconocer que la seguridad industrial es ya parte inseparable de la política económica.

Japón: Crisis y Relevo

La dimisión del primer ministro Shigeru Ishiba tras una cadena de reveses electorales ha abierto un periodo de transición política en la cuarta economía del mundo. El relevo llega en un momento delicado: la inflación persiste por encima del objetivo, los rendimientos de la deuda pública suben, el banco central reduce sus compras de bonos y la volatilidad de los mercados globales —acentuada este año por nuevas oleadas arancelarias— mantiene la presión sobre el yen y las bolsas. El resultado es un cóctel que ha derrumbado el liderazgo del Gobierno y que, por sus múltiples canales de contagio, inquieta al resto del mundo.Cómo se gestó la crisisEl trasfondo es doble. En el frente interno, el encarecimiento del coste de la vida ha erosionado el apoyo social. La inflación subyacente en la capital —indicador adelantado clave— se mantiene alrededor del 2,5%, y la lectura nacional más reciente también sigue por encima de la meta del 2%. Aunque no se trata de tasas descontroladas, sí son persistentemente elevadas para estándares japoneses y golpean al consumo, especialmente cuando los salarios no compensan por completo la subida de precios.En el frente financiero, Japón ha abandonado gradualmente el régimen de estímulos extraordinarios de la última década. El banco central mantiene la tasa de referencia alrededor del 0,5% y ha trazado un calendario, ya en marcha, para reducir de forma previsible sus compras mensuales de deuda pública (JGB). Esa normalización, imprescindible para devolver mayor disciplina al mercado de bonos, ha coincidido con una subida de rendimientos: el tramo a dos años ha tocado niveles no vistos desde la crisis financiera global, el diez años se ha movido en torno a máximos de ciclo, y la parte más larga de la curva ha registrado tensiones históricas.La presión sobre los tramos largos ha llevado al Ministerio de Finanzas a modificar la composición de la oferta de deuda, recortando la emisión de bonos superlargos y desplazando parte del peso hacia vencimientos más cortos. El objetivo es aliviar cuellos de botella de liquidez, estabilizar la curva y anclar las expectativas de financiación del Tesoro, clave en un país con una deuda pública cercana al 235% del PIB.Un sistema más frágil de lo que pareceJapón es, a la vez, acreedor y deudor. Sus hogares y aseguradoras acumulan enormes carteras de activos internacionales, y buena parte de la intermediación global se apalanca históricamente en el yen como moneda de financiación barata (el famoso “carry trade”). Cuando suben los tipos en Japón o el yen se fortalece de forma brusca, los operadores se ven forzados a cerrar posiciones: venden activos en todo el mundo para cubrir pérdidas o reducir riesgo. Eso explica por qué los sobresaltos japoneses rara vez se quedan dentro de sus fronteras.A esta dinámica se ha sumado en 2025 un factor exógeno: la escalada arancelaria global iniciada en abril por Washington, con tarifas generalizadas y adicionales por país y sector. El golpe a las cadenas comerciales y a la visibilidad de beneficios corporativos desencadenó ventas masivas en renta variable y fuertes oscilaciones en divisas, materias primas y bonos. Para Japón, con su exposición exportadora y su ya exigente aritmética fiscal, el shock comercial ha multiplicado la incertidumbre.Política en transición, mercados en viloLa política y los mercados rara vez se mueven en compartimentos estancos. Las derrotas electorales del partido gobernante y la posterior renuncia del primer ministro han reabierto el debate sobre la orientación fiscal y monetaria. Entre los aspirantes a sucederle conviven visiones divergentes: desde perfiles proclives a impulsar el gasto y contener subidas de tipos hasta otros partidarios de preservar la senda de normalización y disciplina. Los inversores, sensibles al riesgo de “dominancia fiscal” en un país tan endeudado, penalizan cualquier señal de giro que complique la estabilización de precios o de la deuda.En el mientras tanto, el banco central insiste en avanzar con prudencia: mantener la tasa a corto plazo en torno al 0,5%, reducir compras de JGB con un plan anunciado y actuar con flexibilidad si la subida de rendimientos amenaza la estabilidad de mercado. El Ministerio de Finanzas, por su parte, afina la gestión de la curva para reforzar la liquidez. El gabinete en funciones intenta, además, contener el coste de la vida con medidas puntuales locales (desde tarifas públicas a apoyos selectivos) que, aunque alivian, no sustituyen reformas estructurales.Canales de contagio globalEl riesgo no es una crisis bancaria clásica —la solvencia del sistema sigue siendo alta y la financiación está dominada por ahorro doméstico—, sino una combinación de volatilidad prolongada y ajustes de carteras sincronizados que transmiten shocks por varios canales:1) Carry trade y divisas: un yen más fuerte obliga a deshacer posiciones financiadas en Japón en acciones y bonos de otros países, amplificando ventas globales.2) Curva JGB y primas de riesgo: subidas en los tramos largos japoneses elevan el “piso” de tipos globales, especialmente cuando coinciden con ventas de Treasuries.3) Repatriación y aseguradoras: si las aseguradoras y fondos de pensiones japoneses ven mayores rendimientos domésticos, pueden reducir su demanda de activos extranjeros, presionando los diferenciales fuera de Japón.4) Comercio y beneficios: la nueva oleada arancelaria encarece importaciones y altera cadenas de suministro, golpeando a fabricantes asiáticos y europeos interconectados con Japón.Qué mirar en las próximas semanas1) La sucesión política y cualquier guía fiscal: si el nuevo liderazgo prioriza estímulos por encima de la consolidación, la presión sobre los tramos largos podría intensificarse.2) La reunión del banco central y sus proyecciones: cualquier matiz sobre salarios, inflación subyacente y ritmo de reducción de compras de JGB será determinante.3) Evolución del yen: una apreciación rápida sería señal de cierres de carry trade y de nuevas ventas globales de riesgo; una depreciación sostenida, de tensiones en la balanza energética.4) Datos de inflación y salarios: el equilibrio entre acuerdos salariales y moderación de precios definirá si la inflación se asienta cerca del 2% o se “calienta” otra vez.5) Aranceles y contra-medidas: más medidas comerciales o acuerdos parciales moverán expectativas de crecimiento y márgenes empresariales de medio mundo.ConclusiónJapón se enfrenta a una prueba de madurez institucional y de credibilidad macroeconómica: gestionar un relevo político ordenado, normalizar la política monetaria sin fracturas y reconducir la deuda en un contexto de inflación persistente y fragmentación comercial. No es un apocalipsis, pero sí una crisis compleja que, de manejarse mal, puede exportar inestabilidad. De manejarse bien, puede sentar las bases de un ciclo más sano para Japón y reducir uno de los focos de riesgo sistémico que hoy vigilan los mercados.

No habrá Estado Palestino?

En la semana de la Asamblea General de la ONU del 26 de septiembre de 2025, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró públicamente que no permitirá la creación de un Estado palestino y prometió “terminar el trabajo” en Gaza. No se trata de una declaración aislada, sino de la culminación de una línea política y operativa sostenida durante los últimos años que ha ido cerrando las vías para la solución de dos Estados.En el plano político-institucional, la Knesset aprobó el 18 de julio de 2024 una resolución que rechaza la creación de un Estado palestino, incluso en el marco de un acuerdo negociado. Un año después, el 23 de julio de 2025, la cámara respaldó —con una mayoría amplia— una moción simbólica para anexar formalmente partes de Cisjordania. Aunque no vinculantes, ambas decisiones marcan la posición oficial del legislativo y refuerzan el discurso del Ejecutivo.En el terreno, el Gobierno ha acelerado la expansión de asentamientos en Cisjordania y la regularización de puestos de avanzada levantados sin permiso previo. En mayo de 2025 se anunció la creación/regularización de 22 asentamientos adicionales, y desde 2024 funciona un mecanismo gubernamental que permite financiar y dotar de infraestructura a decenas de estos enclaves mientras se completan trámites formales. Esta dinámica densifica el mapa de control israelí en el Área C y estrecha los márgenes de maniobra de la Autoridad Palestina.La pieza clave de ese rediseño espacial es el plan E1, al este de Jerusalén, concebido para conectar Ma’ale Adumim con la capital. Su avance administrativo en 2025 —con luz verde de instancias de planificación— encendió alarmas internacionales porque partiría Cisjordania en dos y aislaría Jerusalén Este del resto del territorio palestino, comprometiendo la contigüidad necesaria para un Estado viable. La estrategia de “hechos sobre el terreno”, combinada con nuevos corredores de seguridad y demoliciones en comunidades beduinas de la zona, cartografía una realidad que neutraliza la opción de soberanía palestina en un horizonte previsible.En Gaza, la guerra iniciada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 continúa con la promesa de “victoria total”. Las autoridades sanitarias locales sitúan el balance de víctimas por encima de las 65.000 personas, en un contexto de destrucción masiva de infraestructuras y de desplazamientos internos repetidos. Al mismo tiempo, instancias de la ONU han advertido de planes de control permanente y de la reducción efectiva del territorio disponible para la población civil mediante zonas tapón y corredores.Mientras tanto, en el frente diplomático, el reconocimiento de Palestina como Estado por 157 miembros de la ONU —incluidas varias potencias occidentales en septiembre de 2025— ha ganado tracción, pero no altera la ecuación sobre el terreno ni desbloquea la membresía plena en Naciones Unidas, sujeta al Consejo de Seguridad. La brecha entre la simbolización internacional y la realidad físico-administrativa se ensancha.Conclusión. El mensaje y las medidas del Gobierno israelí configuran una ofensiva total no solo militar, sino normativa y territorial, orientada a impedir la emergencia de un Estado palestino contiguo, soberano y funcional. Con resoluciones parlamentarias, expansión de asentamientos y el impulso del E1, la promesa de Netanyahu —“no habrá Estado palestino”— se traduce en arquitectura de hechos que, a día de hoy, cierran la ventana a la solución de dos Estados.

Arma china: Tierras raras

La tensión entre Washington y Pekín no se dirime solo en los actos diplomáticos ni en los titulares de las redes sociales. Desde comienzos de octubre de 2025, China ha puesto en marcha una ofensiva menos visible, pero más efectiva, al restringir la salida de materias primas imprescindibles para la industria occidental: las tierras raras y los imanes que se fabrican con ellas. Estas medidas se produjeron un día antes de que Donald Trump, recién instalado en su segundo mandato, anunciara aranceles del 100 % sobre todas las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre. El enfrentamiento comercial ha entrado así en una nueva fase en la que Pekín ha desempolvado su arma más eficaz: controlar los suministros que alimentan la revolución tecnológica y militar de Estados Unidos y sus aliados.El alcance de las restriccionesEl 9 de octubre Pekín amplió de forma drástica su control sobre la exportación de tierras raras. La nueva normativa obliga a que cualquier magneto o producto semiconductores producido en el extranjero que contenga al menos un 0,1 % de materias primas de origen chino —o que utilice tecnologías chinas de minería, procesado o fabricación— necesite una licencia para su exportación. Además, el Ministerio de Comercio prohibió prácticamente todos los envíos a industrias vinculadas con ejércitos extranjeros, lo que supone un veto de facto a las cadenas de suministro de defensa estadounidenses desde el 1 de diciembre. En paralelo, Pekín extendió sus controles a cinco elementos adicionales, de modo que ya restringe 12 de los 17 metales raros. La extraterritorialidad de la medida —inspirada en las reglas estadounidenses sobre productos de origen estadounidense— permite a China influir en operaciones entre terceros países.China justifica estas medidas por motivos de seguridad nacional, pero la estrategia está pensada para maximizar su ventaja. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el país produce alrededor del 70 % de las tierras raras del mundo, realiza el 90 % del procesado y controla el 93 % de la fabricación de imanes. Esta hegemonía convierte a las tierras raras en un instrumento de presión sobre EE. UU. equiparable a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados. Como reconoció el exsecretario de Comercio Wilbur Ross, ceder una parte del negocio proporciona a Pekín un “buen rendimiento” en forma de influencia: puede racionar suministros sin violar formalmente acuerdos comerciales.Un mercado y unas industrias vulnerablesLas repercusiones se dejaron sentir de inmediato. Tras el anuncio de Pekín, Trump respondió con un incremento arancelario generalizado y controles a la exportación de software estadounidense, provocando el desplome de los índices bursátiles en Wall Street. China replicó imponiendo nuevas tasas portuarias a los buques estadounidenses y extendió las restricciones a las baterías de ion‑litio y a los componentes relacionados, un sector en el que también es líder mundial. Se trata de un abanico de medidas diseñado para multiplicar los puntos de presión sobre la economía estadounidense.El sector que más rápidamente percibe el golpe es el de la defensa. Los aviones de combate F‑35 incorporan cerca de 920 libras de tierras raras en motores, radares y sistemas de guía. Las restricciones chinas afectan además a submarinos, misiles Tomahawk, drones y otros sistemas que dependen de imanes permanentes. La fabricación de vehículos eléctricos y aerogeneradores tampoco queda al margen: un coche eléctrico necesita alrededor de un kilogramo de estos materiales en sus motores, y un modelo eólico requiere cientos de kilogramos de imanes de neodimio. En sectores como la electrónica o la energía renovable no existen sustitutos comerciales para estos metales, por lo que cualquier interrupción en el suministro repercute de forma inmediata en los precios y la producción.Europa y otros aliados de Washington son igualmente dependientes. En 2023 la Unión Europea importó el 98 % de sus tierras raras de China. Japón ha logrado reducir su dependencia al 58 %, pero Corea del Sur seguía importando el 94 % en 2024. Los nuevos controles no solo limitan la entrada de materias primas, sino que dificultan también el acceso a conocimientos y tecnologías de procesado: las autoridades chinas han prohibido a sus especialistas colaborar en proyectos extranjeros sin autorización. La complejidad de las cadenas de suministro —con hasta una docena de etapas de procesado repartidas por varios países— incrementa los riesgos de interrupción.¿Por qué las tierras raras son la “mejor arma”?Los metales raros son esenciales para más de 200 aplicaciones tecnológicas, desde pantallas y catalizadores hasta satélites y sistemas de guía. La hegemonía china en todas las fases de la cadena de valor otorga al gobierno de Xi Jinping una capacidad de coacción comparable a la que Estados Unidos ejerce en el sector de los semiconductores. Pekín ha decidido utilizar esa ventaja no solo como represalia por los aranceles estadounidenses, sino también como palanca de negociación en vísperas de la cumbre bilateral prevista para finales de octubre. Al prohibir exportaciones a las industrias militares y exigir licencias para cualquier producto que contenga una mínima fracción de tierras raras chinas, el gobierno puede frenar las líneas de producción de aviones, vehículos y equipos electrónicos estadounidenses.Ross ha comparado la maniobra con un sistema de racionamiento encubierto: retrasar o denegar licencias permite a Pekín ajustar el grifo del suministro a su conveniencia. De momento, Washington dispone de reservas que fueron acumuladas durante el inicio de la guerra comercial, pero las existencias apenas cubren unos pocos meses de consumo. Las empresas estadounidenses están intentando diversificar proveedores —con inversiones en Australia, Pakistán y California— y el Departamento de Guerra ha tomado participaciones en productores locales para levantar plantas de separación y fabricación. Sin embargo, estas instalaciones tardarán años en funcionar a plena capacidad, mientras que China puede activar o desactivar sus controles de inmediato.Más allá de las tierras rarasLa ofensiva china incluye otros elementos. El mismo día que se anunciaron los controles a las tierras raras, Pekín amplió las restricciones a la exportación de baterías de ion‑litio y de los equipos necesarios para su producción. Estas baterías son imprescindibles para los coches eléctricos, las redes de almacenamiento de energía y muchos dispositivos electrónicos. Además, el gobierno ha introducido tasas a los buques estadounidenses y ha utilizado su peso en el mercado de divisas para fortalecer su moneda: según el Banco de Pagos Internacionales, el yuan aumentó su participación en las transacciones globales al 8,5 % en 2025. Aunque el dólar sigue siendo la divisa dominante, este avance indica que la internacionalización del yuan podría convertirse en otra herramienta de presión financiera.Un pulso con final abiertoLa pugna entre EE. UU. y China se ha trasladado así al terreno de los suministros estratégicos. La Casa Blanca confía en que sus inversiones en minería y procesamiento doméstico reduzcan la dependencia de Pekín, pero la Agencia Internacional de la Energía prevé que, incluso en 2030, China seguirá controlando más de la mitad de la producción y el refinado de tierras raras. El plazo de puesta en marcha de una mina de tierras raras en Estados Unidos ronda los 29 años, mientras que la demanda crece rápidamente por la transición energética y el rearme mundial. Con las negociaciones en marcha y nuevas restricciones en el horizonte, las tierras raras se han convertido en el arma no convencional con la que Pekín busca reequilibrar la balanza en la guerra comercial. Su eficacia radica en que, por ahora, no existe sustituto ni alternativa global que anule su poder.

Gaza al borde de guerra civil

En los últimos meses Pekín ha respondido a la escalada arancelaria de Washington con un arma que provoca inquietud en Europa y Estados Unidos: restricciones a la exportación de tierras raras y otros metales estratégicos. A principios de octubre China añadió cinco elementos a su lista de productos controlados e impuso un mayor control sobre la tecnología de refinado y sobre los usuarios de semiconductores. Estas medidas, que siguen a las restricciones impuestas en abril, ya provocaron un desplome del 75 % en los envíos de imanes de tierras raras y obligaron a algunos fabricantes europeos de automóviles a parar la producción. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que dependen de China para el suministro de materias primas esenciales, temen que una suspensión total paralice sus sectores de defensa, energía y electrónica. Sin embargo, el poder real de China es mucho menor de lo que sugieren estos gestos.Dependencia europea y reacción comunitariaEuropa importa de China principalmente bienes manufacturados y componentes. En 2024 las importaciones procedentes del gigante asiático ascendieron a 519 000 millones de euros, mientras que las exportaciones europeas fueron de 213 300 millones; el déficit comercial de 305 800 millones es el mayor de la UE con cualquier socio. Cerca del 97 % de las importaciones corresponden a maquinaria, vehículos, productos químicos y otras manufacturas. Además, China controla el 95 % del refinado mundial de tierras raras y suministra el 70 % de las importaciones de estos elementos a la eurozona. Las cadenas de suministro son complejas: más del 80 % de las grandes empresas europeas están a no más de tres intermediarios de un productor chino, de modo que incluso cuando compran a un proveedor estadounidense o japonés siguen dependiendo de materias primas chinas.Estas vulnerabilidades han salido a la luz desde que Pekín comenzó a exigir licencias de exportación para imanes de tierras raras. La Cámara de Comercio de la UE en China denunció en septiembre que los fabricantes de automóviles europeos sufren retrasos y cierres generalizados por los cuellos de botella de las licencias. Pese a las promesas de agilizar los permisos, menos de una cuarta parte de las 140 solicitudes gestionadas por la cámara han sido aprobadas.Pero Bruselas no está paralizada. La Comisión Europea anunció en junio 13 proyectos de extracción y procesamiento fuera del bloque para asegurar suministros de litio, cobalto, manganeso, grafito y tierras raras. Su Ley de Materias Primas Críticas establece que en 2030 la UE debe extraer el 10 % y procesar el 40 % de sus necesidades y reciclar el 25 %. El comisario de Industria, Stéphane Séjourné, ha insistido en que las restricciones chinas aumentan la voluntad de diversificar y ha defendido crear reservas estratégicas para evitar el “chantaje económico”.En paralelo, la UE ha elevado los aranceles a los vehículos eléctricos chinos hasta el 38,1 % para frenar las subvenciones y evitar un aluvión de automóviles baratos. Al mismo tiempo, los ministros europeos exploran acuerdos con Estados Unidos y el G7 para coordinar la respuesta a las restricciones chinas y acelerar proyectos conjuntos de extracción y refinado. Esta cooperación es lógica: un estudio del instituto alemán IW muestra que Estados Unidos depende más de las importaciones de la UE que de las de China; en 2024 el valor de los productos de los que Estados Unidos importa más del 50 % desde Europa superó los 287 000 millones de dólares, frente a 247 000 millones procedentes de China. Dicho de otro modo, Europa no solo busca alternativas a China, sino que se posiciona como proveedor clave para el mercado estadounidense de bienes como baterías de litio, maquinaria o productos químicos.Estados Unidos: un gigante difícil de hundirAl otro lado del Atlántico, el presidente Donald Trump ha respondido a Pekín con un alza de aranceles hasta el 100 % en las importaciones chinas y con controles a la exportación de software. Las cadenas minoristas temen un aumento de precios y han adelantado pedidos para evitar el golpe. No obstante, la capacidad de resistencia estadounidense es notable. Su economía sigue siendo la mayor del mundo, con un producto interior bruto de unos 29 billones de dólares frente a los 19 billones de China. Su poder se apoya en seis pilares: fuerza militar, red de alianzas, dinamismo económico, innovación tecnológica, el papel global del dólar y el atractivo de su modelo político.Estados Unidos también está reduciendo gradualmente su dependencia de China; según el estudio alemán, la cantidad de grupos de productos en los que Estados Unidos compra más del 50 % a China cayó a 2 925 en 2024, mientras que los grupos dominados por importaciones europeas aumentaron a más de 3 100. Analistas de McKinsey señalan que Europa suministra el 55 % del mercado global de productos que Estados Unidos adquiere a China, por lo que Washington puede sustituir a Pekín por proveedores europeos en sectores como las baterías de litio.Debilidades estructurales de ChinaLas amenazas de Pekín esconden problemas profundos. El crecimiento se desacelera: las previsiones apuntan a un avance del 4,8 % para el tercer trimestre de 2025, el más débil desde el año anterior, en un contexto de tensiones comerciales y pérdida de pedidos de exportadores. El auge económico de décadas pasadas se sustentó en una expansión del crédito que alcanzó el 287 % del PIB en 2024 y ha generado crisis inmobiliarias, fuertes deudas regionales y un consumo interno débil. La dependencia de las exportaciones sigue siendo elevada: China vende a Estados Unidos alrededor de tres veces más bienes de los que compra, de modo que cualquier guerra arancelaria la golpea con más fuerza.En el plano demográfico, la población china se reducirá un 12 % para 2050, mientras que la estadounidense aumentará un 9 %. La forma de gobierno de China y su modelo de crecimiento tienen escaso atractivo fuera de sus fronteras. Además, la estrategia de imponer restricciones a las exportaciones de metales y minerales es un arma de un solo uso: los minerales no son raros y, ante una interrupción total, Occidente aceleraría la construcción de nuevas minas y plantas de refinado. Este proceso sería costoso, pero viable, y podría derivar en un sistema de suministro dual —un canal occidental más caro pero seguro y otro chino, sometido a intereses políticos—. La paradoja es que, al recurrir repetidamente a esta táctica, Pekín incentiva las inversiones occidentales que acabarán por debilitar su dominio.Los economistas señalan que China tiene pocas alternativas efectivas. Una devaluación del yuan podría aliviar el impacto de los aranceles, pero provocaría fuga de capitales; más subsidios exacerbarían el exceso de capacidad y la deflación. El mercado interno no despega porque las reformas necesarias para impulsar el consumo chocarían con los intereses del sector manufacturero. En palabras de un asesor político citado por Reuters, el enfrentamiento comercial se ha convertido en una guerra de resistencia en la que vence quien aguanta más.Reconfiguración de las cadenas globalesLa pugna entre las dos mayores economías del mundo está reconfigurando las cadenas de suministro. La UE y Estados Unidos trabajan con otros socios del G7 para diversificar fuentes y coordinar acciones. El objetivo es crear reservas, financiar proyectos mineros en África, Groenlandia y Serbia, y desarrollar la capacidad de reciclaje para depender menos de un único proveedor. La UE incluso planea almacenar minerales críticos y reforzar la preparación ciudadana para crisis sistémicas.Al mismo tiempo, los estudios demuestran que Europa puede convertirse en un proveedor alternativo para Estados Unidos en sectores clave, mientras que Washington cuenta con una economía diversificada y una red de aliados globales que dan tiempo y recursos para reorganizar las cadenas logísticas. Las restricciones chinas han puesto de manifiesto las vulnerabilidades occidentales, pero también han provocado una reacción coordinada que acelera el desapego.ConclusiónChina seguirá usando las exportaciones de materias primas como herramienta de presión y exhibirá su influencia en foros internacionales. No obstante, sus amenazas de “hundir” a Europa y Estados Unidos ocultan la realidad de un poder limitado por la ralentización económica, el envejecimiento de la población y la dependencia de las ventas al exterior. La UE y Estados Unidos, aunque vulnerables a las interrupciones temporales, disponen de capacidad financiera, tecnológica y diplomática para diversificar proveedores y reforzar sus cadenas de suministro. A largo plazo, la aritmética comercial y la dinámica demográfica sugieren que las advertencias de Pekín son más un gesto de desesperación que un preludio de hegemonía.

China: Amenazas y debilidad

En los últimos meses Pekín ha respondido a la escalada arancelaria de Washington con un arma que provoca inquietud en Europa y Estados Unidos: restricciones a la exportación de tierras raras y otros metales estratégicos. A principios de octubre China añadió cinco elementos a su lista de productos controlados e impuso un mayor control sobre la tecnología de refinado y sobre los usuarios de semiconductores. Estas medidas, que siguen a las restricciones impuestas en abril, ya provocaron un desplome del 75 % en los envíos de imanes de tierras raras y obligaron a algunos fabricantes europeos de automóviles a parar la producción. La Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que dependen de China para el suministro de materias primas esenciales, temen que una suspensión total paralice sus sectores de defensa, energía y electrónica. Sin embargo, el poder real de China es mucho menor de lo que sugieren estos gestos.Dependencia europea y reacción comunitariaEuropa importa de China principalmente bienes manufacturados y componentes. En 2024 las importaciones procedentes del gigante asiático ascendieron a 519 000 millones de euros, mientras que las exportaciones europeas fueron de 213 300 millones; el déficit comercial de 305 800 millones es el mayor de la UE con cualquier socio. Cerca del 97 % de las importaciones corresponden a maquinaria, vehículos, productos químicos y otras manufacturas. Además, China controla el 95 % del refinado mundial de tierras raras y suministra el 70 % de las importaciones de estos elementos a la eurozona. Las cadenas de suministro son complejas: más del 80 % de las grandes empresas europeas están a no más de tres intermediarios de un productor chino, de modo que incluso cuando compran a un proveedor estadounidense o japonés siguen dependiendo de materias primas chinas.Estas vulnerabilidades han salido a la luz desde que Pekín comenzó a exigir licencias de exportación para imanes de tierras raras. La Cámara de Comercio de la UE en China denunció en septiembre que los fabricantes de automóviles europeos sufren retrasos y cierres generalizados por los cuellos de botella de las licencias. Pese a las promesas de agilizar los permisos, menos de una cuarta parte de las 140 solicitudes gestionadas por la cámara han sido aprobadas.Pero Bruselas no está paralizada. La Comisión Europea anunció en junio 13 proyectos de extracción y procesamiento fuera del bloque para asegurar suministros de litio, cobalto, manganeso, grafito y tierras raras. Su Ley de Materias Primas Críticas establece que en 2030 la UE debe extraer el 10 % y procesar el 40 % de sus necesidades y reciclar el 25 %. El comisario de Industria, Stéphane Séjourné, ha insistido en que las restricciones chinas aumentan la voluntad de diversificar y ha defendido crear reservas estratégicas para evitar el “chantaje económico”.En paralelo, la UE ha elevado los aranceles a los vehículos eléctricos chinos hasta el 38,1 % para frenar las subvenciones y evitar un aluvión de automóviles baratos. Al mismo tiempo, los ministros europeos exploran acuerdos con Estados Unidos y el G7 para coordinar la respuesta a las restricciones chinas y acelerar proyectos conjuntos de extracción y refinado. Esta cooperación es lógica: un estudio del instituto alemán IW muestra que Estados Unidos depende más de las importaciones de la UE que de las de China; en 2024 el valor de los productos de los que Estados Unidos importa más del 50 % desde Europa superó los 287 000 millones de dólares, frente a 247 000 millones procedentes de China. Dicho de otro modo, Europa no solo busca alternativas a China, sino que se posiciona como proveedor clave para el mercado estadounidense de bienes como baterías de litio, maquinaria o productos químicos.Estados Unidos: un gigante difícil de hundirAl otro lado del Atlántico, el presidente Donald Trump ha respondido a Pekín con un alza de aranceles hasta el 100 % en las importaciones chinas y con controles a la exportación de software. Las cadenas minoristas temen un aumento de precios y han adelantado pedidos para evitar el golpe. No obstante, la capacidad de resistencia estadounidense es notable. Su economía sigue siendo la mayor del mundo, con un producto interior bruto de unos 29 billones de dólares frente a los 19 billones de China. Su poder se apoya en seis pilares: fuerza militar, red de alianzas, dinamismo económico, innovación tecnológica, el papel global del dólar y el atractivo de su modelo político.Estados Unidos también está reduciendo gradualmente su dependencia de China; según el estudio alemán, la cantidad de grupos de productos en los que Estados Unidos compra más del 50 % a China cayó a 2 925 en 2024, mientras que los grupos dominados por importaciones europeas aumentaron a más de 3 100. Analistas de McKinsey señalan que Europa suministra el 55 % del mercado global de productos que Estados Unidos adquiere a China, por lo que Washington puede sustituir a Pekín por proveedores europeos en sectores como las baterías de litio.Debilidades estructurales de ChinaLas amenazas de Pekín esconden problemas profundos. El crecimiento se desacelera: las previsiones apuntan a un avance del 4,8 % para el tercer trimestre de 2025, el más débil desde el año anterior, en un contexto de tensiones comerciales y pérdida de pedidos de exportadores. El auge económico de décadas pasadas se sustentó en una expansión del crédito que alcanzó el 287 % del PIB en 2024 y ha generado crisis inmobiliarias, fuertes deudas regionales y un consumo interno débil. La dependencia de las exportaciones sigue siendo elevada: China vende a Estados Unidos alrededor de tres veces más bienes de los que compra, de modo que cualquier guerra arancelaria la golpea con más fuerza.En el plano demográfico, la población china se reducirá un 12 % para 2050, mientras que la estadounidense aumentará un 9 %. La forma de gobierno de China y su modelo de crecimiento tienen escaso atractivo fuera de sus fronteras. Además, la estrategia de imponer restricciones a las exportaciones de metales y minerales es un arma de un solo uso: los minerales no son raros y, ante una interrupción total, Occidente aceleraría la construcción de nuevas minas y plantas de refinado. Este proceso sería costoso, pero viable, y podría derivar en un sistema de suministro dual —un canal occidental más caro pero seguro y otro chino, sometido a intereses políticos—. La paradoja es que, al recurrir repetidamente a esta táctica, Pekín incentiva las inversiones occidentales que acabarán por debilitar su dominio.Los economistas señalan que China tiene pocas alternativas efectivas. Una devaluación del yuan podría aliviar el impacto de los aranceles, pero provocaría fuga de capitales; más subsidios exacerbarían el exceso de capacidad y la deflación. El mercado interno no despega porque las reformas necesarias para impulsar el consumo chocarían con los intereses del sector manufacturero. En palabras de un asesor político citado por Reuters, el enfrentamiento comercial se ha convertido en una guerra de resistencia en la que vence quien aguanta más.Reconfiguración de las cadenas globalesLa pugna entre las dos mayores economías del mundo está reconfigurando las cadenas de suministro. La UE y Estados Unidos trabajan con otros socios del G7 para diversificar fuentes y coordinar acciones. El objetivo es crear reservas, financiar proyectos mineros en África, Groenlandia y Serbia, y desarrollar la capacidad de reciclaje para depender menos de un único proveedor. La UE incluso planea almacenar minerales críticos y reforzar la preparación ciudadana para crisis sistémicas.Al mismo tiempo, los estudios demuestran que Europa puede convertirse en un proveedor alternativo para Estados Unidos en sectores clave, mientras que Washington cuenta con una economía diversificada y una red de aliados globales que dan tiempo y recursos para reorganizar las cadenas logísticas. Las restricciones chinas han puesto de manifiesto las vulnerabilidades occidentales, pero también han provocado una reacción coordinada que acelera el desapego.ConclusiónChina seguirá usando las exportaciones de materias primas como herramienta de presión y exhibirá su influencia en foros internacionales. No obstante, sus amenazas de “hundir” a Europa y Estados Unidos ocultan la realidad de un poder limitado por la ralentización económica, el envejecimiento de la población y la dependencia de las ventas al exterior. La UE y Estados Unidos, aunque vulnerables a las interrupciones temporales, disponen de capacidad financiera, tecnológica y diplomática para diversificar proveedores y reforzar sus cadenas de suministro. A largo plazo, la aritmética comercial y la dinámica demográfica sugieren que las advertencias de Pekín son más un gesto de desesperación que un preludio de hegemonía.

Trump desata pánico Bitcoin

La segunda semana de octubre de 2025 fue de euforia para el mercado cripto. Bitcoin había alcanzado un máximo histórico por encima de 126.000 dólares y los fondos cotizados en bolsa (ETF) absorbían miles de millones mientras el índice de “miedo y codicia” marcaba codicia extrema. Todo cambió el viernes 10 de octubre. A las 10 de la mañana, el presidente de Estados Unidos anunció en su red social la imposición de aranceles del 100 % a las importaciones desde China a partir del 1 de noviembre. El mensaje, interpretado como una escalada de la guerra comercial entre dos potencias, golpeó de inmediato al sentimiento inversor y puso fin a la confianza que se había acumulado en días previos.La reacción en los mercadosLas bolsas reaccionaron con pánico: Wall Street registró su peor caída en meses. Sin embargo, el epicentro del terremoto se ubicó en las criptomonedas. En menos de una hora el precio de Bitcoin cayó desde alrededor de 121.000 dólares hasta 109.000 dólares, una pérdida superior al 12 %. Ethereum retrocedió un 16 % y tokens como Solana, XRP y Dogecoin sufrieron caídas del 20 % al 50 %. Según datos de plataformas de derivados, más de 7.000 millones de dólares en posiciones apalancadas se liquidaron en la primera hora y, al finalizar la jornada, el total superaba los 19.000 millones, un récord histórico que multiplicó por diez las liquidaciones registradas en colapsos previos como el de la pandemia de 2020 y el de FTX en 2022. Más de 1,6 millones de operadores vieron desaparecer sus cuentas en cuestión de minutos.El efecto dominó afectó a otros activos. Los índices bursátiles estadounidenses perdieron billones de dólares en valor de mercado y se reavivaron los temores de recesión. El oro y los bonos del Tesoro se convirtieron en refugio ante la huida de capitales. La venta masiva se extendió también a las principales memecoins: el token vinculado a la figura del propio presidente, un criptoactivo de carácter humorístico, perdió casi el 40 % de su valor al tocar un mínimo de 4,65 dólares.Narrativas de tragedia y especulaciónDetrás de las cifras se escondieron historias humanas. Konstantin Galich, conocido en redes como Kostya Kudo, un trader e influencer ucraniano con decenas de miles de seguidores, fue encontrado muerto al día siguiente en Kiev; las primeras investigaciones apuntaron a un suicidio. En los días previos había mostrado señales de angustia y publicado mensajes de despedida relacionados con el desplome. El caso puso de relieve la presión emocional que sufren muchos operadores de alto riesgo.La volatilidad también alimentó teorías de manipulación. Foros de trading describieron la historia de un usuario anónimo que abrió una nueva cuenta poco antes del anuncio y apostó a la baja con una posición extraordinaria sobre Bitcoin, obteniendo ganancias estimadas en 190 millones de dólares al cerrar su posición en el mínimo. La sincronía perfecta con el anuncio presidencial desató especulaciones sobre uso de información privilegiada y destacó los riesgos de un mercado que aún carece de controles robustos.Consecuencias y perspectivasAnalistas recordaron que esta “corrección” superó en magnitud a todas las crisis anteriores del sector cripto. En pocas horas se evaporaron alrededor de medio billón de dólares del valor de mercado total de los criptoactivos, y Bitcoin perdió más de 200 mil millones de valor. La fortaleza exhibida en fechas recientes se puso en entredicho: tras la caída inicial, los precios rebotaron parcialmente cuando el presidente moderó su tono y aseguró que “todo estará bien”, pero la mayoría de analistas advirtió que la tendencia a corto plazo depende de la evolución de la disputa comercial con China.Más allá del rebote técnico, la lección para inversores y emprendedores es clara. La política seguirá marcando el pulso de los activos financieros y ejecutando revulsiones que ningún algoritmo puede anticipar. Los expertos subrayan la necesidad de reducir la exposición a proveedores únicos y diversificar las cadenas de suministro ante la creciente fragmentación comercial. Dentro del sector cripto, la crisis evidenció que el uso excesivo de apalancamiento y la dependencia de plataformas centralizadas puede multiplicar las pérdidas. Organismos especializados sugieren fortalecer las prácticas de gestión de riesgos y evitar posiciones extremas basadas en mensajes políticos.Reflexión finalLa jornada del 10 de octubre de 2025 quedará grabada como el “viernes negro” de las criptomonedas. Un solo mensaje bastó para desencadenar la mayor caída absoluta de Bitcoin y del mercado cripto en su historia. El episodio puso de manifiesto la vulnerabilidad de un ecosistema altamente interconectado, donde la geopolítica, la especulación y las emociones pueden desencadenar tormentas devastadoras. A la vez, mostró que la confianza y la recuperación dependen tanto de factores macroeconómicos como de la percepción pública. Tras la tempestad, la comunidad cripto debate cómo avanzar hacia una mayor resiliencia en un mundo donde el próximo tuit puede cambiarlo todo.

Dólar y Petróleo Ruso: Trampa

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado en 2025 su estrategia para presionar la industria energética rusa, utilizando el dólar como un arma geopolítica. Las sanciones financieras y comerciales han sido la punta de lanza de esta política, que busca reducir los ingresos que Moscú obtiene de la venta de crudo para financiar su guerra en Ucrania. Washington y sus aliados del G7 han impuesto un tope de 60 dólares por barril a las exportaciones de petróleo ruso y prohibido que compañías de transporte, aseguradoras y entidades financieras occidentales participen en operaciones que superen ese límite. Además, el Departamento del Tesoro incluyó a gigantes como Rosneft, Lukoil, Gazprom Neft y Surgutneftegaz en listas negras que dificultan su acceso a dólares y a servicios internacionales, sancionando asimismo a más de 180 buques y empresas de corretaje implicados en el traslado del crudo.Esta ofensiva no surge de la nada. En 2022, pocos meses después de la invasión de Ucrania, Washington y Bruselas congelaron unos 300.000 millones de dólares en reservas internacionales del Banco Central ruso. El mensaje era claro: ningún país, por grande que sea, está a salvo de la capacidad de Estados Unidos para aislarlo del sistema financiero global. La combinación de restricciones al petróleo y congelamiento de activos ha supuesto que al menos 450.000 millones de dólares de capital ruso estén bloqueados en Occidente. Funcionarios estadounidenses han declarado que estas medidas se mantendrán hasta que el Kremlin muestre voluntad de cesar la guerra y entablar negociaciones de paz.La ofensiva ha tenido efectos inmediatos. Los precios del petróleo subieron tras el anuncio de nuevas sanciones y muchas refinerías occidentales dejaron de comprar crudo ruso. Lukoil, uno de los mayores productores privados, ha tenido que vender activos en Europa del Este a precios reducidos. La presión financiera también ha golpeado a la red de estaciones Teboil en Finlandia, que se ha visto al borde de quedarse sin combustible. En Bulgaria, el Parlamento aprobó una ley para expropiar la refinería de Burgas, controlada por Lukoil, y asegurar el suministro nacional. Esta ola sancionatoria ha forzado a bancos y empresas europeas a desvincularse de operaciones con petroleras rusas antes de que finalice el año.Rusia, no obstante, no ha dejado de exportar crudo. El Kremlin ha respondido construyendo una flota de buques cisterna de segundo nivel, opacos y sin los seguros tradicionales, conocida como “flota en la sombra”. Estos barcos, registrados a menudo en paraísos fiscales y con propietarios difíciles de rastrear, realizan transferencias de barco a barco en alta mar y usan puertos intermedios para ocultar el origen de los cargamentos. Según estimaciones independientes, entre 1.200 y 1.600 buques —cerca de una quinta parte de la flota mundial de petroleros— participan en este comercio oscuro. Esta ingeniería logística evita en muchos casos el límite de precio del G7 pero implica mayores costos de transporte y comisiones para intermediarios, lo que reduce el margen de beneficio del petróleo ruso.La estrategia también ha obligado a Moscú a ofrecer descuentos adicionales para mantener la fidelidad de sus clientes asiáticos. China, India y Turquía concentran la mayor parte de las compras de crudo ruso. La estrecha relación energética entre Moscú y Pekín es especialmente notable: alrededor del 95 % del comercio bilateral se liquida en rublos y yuanes. Al mismo tiempo, para sortear la vigilancia de los bancos occidentales, algunos intermediarios han pedido a las refinerías indias que paguen sus compras en la moneda china en lugar de dólares o dirhams. El gigante Indian Oil ha efectuado pagos en yuanes por algunos cargamentos este año, mientras que otros compradores indios y turcos buscan fórmulas similares. Incluso Arabia Saudí ha vendido parte de su petróleo a China en yuanes, una señal de que la diversificación monetaria en el comercio energético ya no es una rareza.La política de sanciones estadounidense también ha repercutido en el tipo de cambio. Las elevadas tasas de interés y los controles de capital han fortalecido al rublo desde finales de 2024, pero esa fortaleza tiene un coste: cuando los ingresos petroleros se convierten a la moneda rusa, el presupuesto del Estado recibe menos rublos por cada dólar o yuan. Según especialistas, Rusia prefiere un rublo débil para maximizar sus ingresos fiscales, por lo que las autoridades han intervenido en el mercado para atenuar su apreciación.El uso intensivo del dólar como herramienta de castigo ha despertado temores sobre su propio futuro como moneda hegemónica. La congelación de reservas y las restricciones a las transacciones en dólares transmiten a muchos países la impresión de que los ahorros acumulados en esa divisa no están seguros si entran en conflicto con la política exterior de Washington. Como consecuencia, bancos centrales de todo el mundo han reducido la proporción de dólares en sus reservas a niveles inferiores al 47 % y han aumentado sus tenencias de oro y de yuanes. Encuestas recientes indican que más del 80 % de los gestores de reservas consideran el riesgo de “armamentización” del dólar como un motivo para diversificar hacia otras monedas.En este contexto, el bloque BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con la incorporación de varios nuevos miembros— ha debatido intensamente la necesidad de una moneda común o al menos un sistema de pagos alternativo que evite el dólar. Sin embargo, en su cumbre de Río de Janeiro de 2025 no llegaron a concretar una divisa única. El grupo se limitó a promover el uso de monedas locales en el comercio mutuo. El propio presidente Vladímir Putin declaró en 2024 que el objetivo no era abandonar por completo el dólar ni crear una moneda común, sino ampliar las opciones para reducir la dependencia. La Unión Europea también explora sistemas de pago propios, y otros países sancionados recurren al trueque, al oro o a las criptomonedas para eludir la vigilancia de Estados Unidos.Los analistas coinciden en que el mercado mundial carece actualmente de una alternativa viable al dólar. Aun con la multiplicación de acuerdos en yuanes, euros o rupias, más del 60 % de las reservas internacionales sigue siendo en dólares y la mayoría de las transacciones de materias primas se pagan en esa moneda. La infraestructura financiera estadounidense —desde el sistema de cámaras de compensación de la Reserva Federal hasta la red SWIFT— facilita transacciones seguras y transparentes que otras divisas no pueden igualar por ahora. Por eso, el mayor riesgo para la primacía del dólar no reside en un reemplazo inmediato, sino en un deterioro gradual de la confianza. Cuanto más se utilice el sistema financiero como arma, más incentivo tendrán otros gobiernos para construir estructuras paralelas.Esta dinámica encierra una trampa paradójica para Washington. Las sanciones sobre el petróleo ruso han debilitado temporalmente la capacidad de Moscú para financiar la guerra y han enviado un mensaje claro sobre las consecuencias de violar normas internacionales. Pero el éxito de estas medidas descansa precisamente en la confianza global en el dólar y en la voluntad de otros países de respetar las reglas fijadas por Estados Unidos. Un uso excesivo puede erosionar esa confianza y fomentar la desdolarización del comercio internacional, algo que beneficiaría a los competidores estratégicos de Estados Unidos. El dilema para los responsables de la política exterior norteamericana consiste en calibrar la presión contra Rusia sin precipitar el declive del sistema que les confiere poder.

Último golpe en Nueva York

La victoria de Zohran Mamdani, un asambleísta de 34 años que se declara socialista democrático, marca un giro en la historia reciente de Nueva York. Su campaña centrada en la asequibilidad superó los pronósticos y acabó con la era de políticas moderadas en la ciudad. Su ascenso no estuvo exento de polémica: el presidente de Estados Unidos amenazó con recortar fondos federales y desplegar tropas de la Guardia Nacional si el nuevo alcalde mantenía su agenda de ciudad santuario. Esta tensión con Washington se suma a la incertidumbre financiera que ya afecta a la metrópoli.Un programa ambicioso financiado con más impuestosMamdani anunció un paquete de medidas inéditas en la ciudad: congelar durante cuatro años los alquileres de un millón de apartamentos con renta regulada, construir 200 000 viviendas asequibles, ofrecer guardería gratuita para todos los niños menores de cinco años, hacer gratuito el transporte en autobús y abrir supermercados de propiedad municipal en barrios desatendidos. Según cálculos difundidos durante la campaña, sólo el transporte gratuito costaría unos 800 millones de dólares al año, la universalización de las guarderías hasta 6 000 millones de dólares, la construcción de viviendas y la implantación de supermercados públicos añadirían varios miles de millones más. Las estimaciones situaban el coste total de su programa en torno a 10 000 millones de dólares anuales, casi una décima parte del presupuesto municipal.Para financiar estos proyectos, Mamdani propuso incrementar el impuesto de sociedades hasta el 11,5 %, equiparándolo al de Nueva Jersey, y aplicar un recargo del 2 % a las rentas superiores al millón de dólares. Actualmente, menos del 1 % de los contribuyentes de la ciudad paga alrededor del 40 % del impuesto sobre la renta, y los residentes con ingresos superiores a 25 millones ya soportan una tasa marginal combinada de 14,776 %, la más alta del país. Con el recargo propuesto, ese tipo subiría a 16,776 %. Este aumento coincide con el hecho de que la participación de la ciudad en el número de millonarios del país cayó del 6,5 % en 2010 al 4,2 % en 2022, una pérdida relativa que costó a Nueva York más de 2 500 millones de dólares en ingresos fiscales ese año. A pesar de que el número de millonarios casi se duplicó en el estado, el crecimiento se quedó muy por detrás del de Florida, Texas y California, donde se triplicó o cuadruplicó. Sólo en 2024 se marcharon 91 000 residentes netos hacia otros estados. El propio programa de Mamdani reconoce que la carga fiscal actual ya está entre las más elevadas del país, pero argumenta que los ingresos adicionales permitirán financiar servicios esenciales.Un panorama fiscal precarioLa ciudad llega a esta coyuntura con unas finanzas frágiles. Informes presupuestarios revelan que los gastos superaron a los ingresos en 636 millones de dólares en el ejercicio de 2023 y en 1 100 millones en 2024. Para 2025, el presupuesto preliminar registraba un déficit de 3 600 millones para mantener los servicios existentes. Los prepagos, que habían permitido equilibrar presupuestos anteriores, se redujeron de 6 100 millones en 2022 a poco más de 3 000 millones previstos en 2025. El plan financiero proyecta brechas de 7 200 millones en 2027, 7 900 millones en 2028 y 7 100 millones en 2029, equivalentes a cerca del 7 % de los ingresos tributarios de la ciudad. Otro análisis advertía que el acuerdo presupuestario para 2026 elevaba el gasto a más del doble de la inflación y dejaba huecos superiores a 9 000 millones de dólares para los años siguientes. Estas previsiones se elaboran en un momento en que el gobierno federal anuncia recortes en sanidad, alimentación y ayudas a la vivienda, lo que podría agravar el agujero. Así, la situación fiscal es ya tensa antes de aplicar las promesas del nuevo alcalde.Éxodo de riqueza y deterioro de los serviciosEl aumento de impuestos planeado choca con un problema estructural: Nueva York necesita atraer y retener a contribuyentes de alto nivel para sostener sus servicios. Según análisis recientes, si la ciudad hubiera mantenido su cuota de millonarios de 2010, habría recaudado 2 500 millones de dólares adicionales en 2022; el estado habría ingresado 10 700 millones más. El 1 % de los contribuyentes aporta cerca del 40 % de los impuestos sobre la renta, pero su participación se ha reducido pese a duplicarse el número de millonarios. Florida, por ejemplo, cuadruplicó su número de millonarios entre 2010 y 2022. La combinación de tipos impositivos altos y un valor percibido decreciente está llevando a más residentes a marcharse: las encuestas muestran que sólo el 34 % de los neoyorquinos califican la calidad de vida como buena o excelente y apenas el 27 % valora positivamente los servicios públicos. El teletrabajo y el alto coste de la vivienda permiten a muchos trabajadores con salarios elevados trasladarse a otros estados sin renunciar a sus carreras. Esta fuga no se limita a los ricos: familias de ingresos medios también abandonan la ciudad ante la falta de vivienda asequible y el deterioro de la infraestructura.Cabe señalar que algunos economistas sostienen que el éxodo de millonarios por motivos fiscales es limitado. Estudios sobre declaraciones fiscales indican que sólo alrededor del 0,2 % de los contribuyentes con ingresos superiores a 815 000 dólares abandonaron el estado tras el aumento de impuestos de 2021 y que, cuando se mudan, la mayoría elige estados con impuestos elevados. Sin embargo, estas investigaciones también concluyen que la ciudad no sólo necesita conservar a los millonarios actuales, sino atraer nuevos. La pérdida relativa de riqueza implica menos ingresos para financiar la red de protección social que el alcalde promete ampliar.Crisis de vivienda y explosión del sinhogarismoEl contexto social es igual de preocupante. La crisis de vivienda alcanza niveles históricos: la tasa de vacantes para apartamentos de menos de 1 100 dólares mensuales se sitúa en apenas el 0,39 %, rozando el cero funcional. En 2024 se construyeron apenas 2 063 viviendas accesibles para los más de 820 000 hogares de ingresos extremadamente bajos. La escasez ha disparado los alquileres y llevado a miles de familias a abandonar la ciudad o a vivir hacinadas. La consecuencia visible es un aumento espectacular del sinhogarismo. La población en albergues se disparó un 142 % entre marzo de 2022 y enero de 2024, pasando de 55 702 a 134 963 personas; entre los neoyorquinos de larga duración, el número en refugios creció un 11,5 % sólo en 2024. Informes oficiales indican que una de cada tres personas sin hogar es menor de edad y que el número de niños sin hogar en Nueva York se elevó de 20 299 en 2022 a 50 773 en 2024. En el curso 2024-2025 se registraron más de 154 000 estudiantes sin vivienda, cifra que duplica la de hace once años y que supone uno de cada siete alumnos de la red pública; unos 65 000 de ellos viven en refugios. Esta realidad incide en su rendimiento escolar: los niños en situación de sinhogarismo tienen tasas más altas de ausentismo y abandono escolar.Mientras tanto, las políticas recientes han tenido resultados limitados. Operativos para desmantelar campamentos callejeros sólo lograron que un 3 % de las personas desalojadas obtuvieran vivienda permanente. La falta de apartamentos asequibles y de programas de apoyo prolonga la estancia en albergues y agrava la crisis. El próximo gobierno aspira a cambiar este panorama con un ambicioso programa de construcción y con un congelamiento de rentas; sin embargo, la magnitud de la crisis y la lentitud con la que se desarrollan nuevas viviendas plantean dudas sobre la eficacia de estas medidas a corto plazo.Transporte y servicios públicos en el centro del debateUno de los emblemas de la agenda de Mamdani es la gratuidad del autobús. En 2024, la evasión de tarifas en los autobuses costó unos 315 millones de dólares. El plan del nuevo alcalde pretende eliminar por completo el cobro de billetes y compensar al operador de transportes con fondos públicos. El coste estimado es de 800 millones de dólares al año, una cifra que, según sus defensores, es modesta respecto al presupuesto de la ciudad y del estado. Sin embargo, la autoridad de transportes fija las tarifas y se financia en parte con esos ingresos. La gobernadora estatal ya advirtió que no puede respaldar una medida que retire recursos de un sistema que depende de las tarifas; a cambio, señaló que estudia la expansión de un programa de guardería universal en todo el estado, cuyo coste ascendería a 15 000 millones de dólares anuales.Otra pieza central de la plataforma del alcalde es la creación del Departamento de Seguridad Comunitaria, un organismo civil con un presupuesto previsto de 1 100 millones de dólares. Este departamento asumiría competencias que hoy recaen en la policía, como la respuesta a crisis de salud mental o la atención a personas sin hogar en el metro. El plan destina 605 millones provenientes de programas existentes y aporta 455 millones de financiación nueva, con el objetivo declarado de “prevenir la violencia antes de que ocurra” mediante una aproximación de salud pública. Incluye aumentar en un 275 % la financiación del sistema de mediadores de crisis y desplegar equipos de profesionales de salud mental y compañeros de experiencia en 100 estaciones de metro. Críticos del plan, entre ellos enfermeros que trabajan en los equipos de intervención, advierten que retirar a la policía puede poner en peligro a los trabajadores y a las personas en crisis. La propia reducción de delitos graves en el metro durante los primeros meses de 2025 se atribuyó al aumento de patrullas y a la incorporación de 750 agentes adicionales en los trenes nocturnos.El alcalde entrante, que en el pasado apoyó abiertamente reducir el presupuesto policial, moderó su discurso en campaña y anunció que mantendrá a la actual comisionada de policía y que no recortará la plantilla de 35 000 agentes. Al mismo tiempo, propugna el cierre de la cárcel de Rikers Island y la construcción de cuatro cárceles en los condados, un proyecto cuya factura se ha duplicado hasta rozar los 16 000 millones y que enfrenta retrasos significativos.Seguridad, calidad de vida y percepción ciudadanaLos datos de 2025 muestran mejoras en algunos indicadores de seguridad: los homicidios bajaron un 6 % respecto al año anterior, los robos un 17 % y los tiroteos un 14 %. No obstante, la delincuencia sigue un 30 % por encima de los niveles de 2019 y los asaltos continúan siendo elevados. Las encuestas reflejan que sólo el 42 % de los residentes percibe su barrio como seguro, y la calidad de vida se resiente por problemas como el deterioro del transporte público, la suciedad en las calles y los retrasos en los servicios. La combinación de inseguridad relativa, infraestructuras envejecidas y altos impuestos hace que muchos cuestionen el “valor” de permanecer en la ciudad. La administración actual ha invertido en mejoras puntuales —la construcción o preservación de 28 000 viviendas asequibles superó los objetivos en un 41 %, las reparaciones de baches aumentaron un 17 % y las denuncias por roedores se redujeron a un mínimo quinquenal—, pero estas cifras no han invertido la sensación general de declive.El riesgo de un golpe finalLa combinación de un programa de gasto social sin precedentes, unas finanzas municipales tensas y un éxodo sostenido de residentes constituye un cóctel explosivo. Mamdani sostiene que sus políticas replican modelos europeos de bienestar y que la inversión en servicios como guarderías y transporte gratuito reducirá el coste de la vida, estimulará la economía y mejorará la seguridad pública. Sus defensores señalan que en países como Portugal o Finlandia el transporte público y el cuidado infantil gratuitos son la norma y que los resultados son positivos. Sin embargo, Nueva York parte de una situación fiscal distinta y afronta una pérdida de capital humano y financiero que no experimentan esas ciudades. La pregunta central es si la ciudad puede permitirse ampliar el gasto en este contexto sin provocar una espiral descendente.En el mejor de los casos, el éxito del programa depende de obtener autorización estatal para aumentar impuestos y de que estos aumentos no expulsen a quienes sostienen la base fiscal. Depende también de que la ciudad logre contener sus costes, mejorar sus servicios y acelerar la construcción de vivienda asequible. En el peor escenario, la combinación de déficit crecientes, fuga de contribuyentes, deterioro de la calidad de vida y recortes federales haría inviable financiar la red de seguridad social que Mamdani promete expandir. Nueva York lleva años en caída libre; el reto del nuevo alcalde es evitar que un experimento socialista, por noble que sea en sus objetivos, se convierta en el último golpe a la ciudad.

Pensiones: Francia en crisis

El gobierno francés ha entrado de lleno en una crisis política y económica provocada por su sistema de pensiones. En octubre de 2025 el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció en la Asamblea Nacional la suspensión temporal de la reforma de 2023 que elevaba gradualmente la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y aumentaba el periodo de cotización hasta 43 años en 2027. El objetivo de Lecornu era salvar su mayoría y evitar nuevas mociones de censura, pero el precio de ese aplazamiento es alto: el gobierno calcula que la suspensión costará 400 millones de euros en 2026 y 1 800 millones de euros en 2027, un agujero adicional que la coalición pretende cubrir con nuevos impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios empresariales.La reforma era la pieza central de la agenda de modernización del expresidente Emmanuel Macron. Fue aprobada en marzo de 2023 mediante el controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar leyes sin votación parlamentaria, tras semanas de paros y manifestaciones masivas que paralizaron servicios públicos y colapsaron el transporte. La modificación retrasaba la edad de jubilación, al tiempo que buscaba reforzar las pensiones más bajas. Dos años después, la renuncia del ejecutivo a aplicar la reforma hasta después de las elecciones presidenciales de 2027 revela la magnitud de las presiones políticas: ni la derecha nacionalista ni los partidos de izquierda aceptan elevar la edad de retiro, y los socialistas condicionaron su apoyo al gobierno a aplazar la medida.El sistema francés se basa en el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores financian directamente las pensiones de los jubilados actuales. Esta solidaridad intergeneracional funciona sólo si el número de cotizantes y sus salarios bastan para cubrir las prestaciones. Francia gasta alrededor del 14 % de su producto interior bruto en pensiones, casi cuatro puntos más que Alemania y por encima de la media de la Unión Europea. Esta generosidad ha permitido que la pobreza entre los mayores se sitúe en torno al 3,6 %, frente a una media de 12,5 % en la OCDE, y que el pensionista medio cobre 1 626 euros brutos al mes, una cantidad que mantiene su nivel de vida cerca del de las personas en activo. Los jubilados franceses pasan en torno a 23,3 años retirados, la cifra más alta de los países desarrollados, gracias a una esperanza de vida que alcanza los 83,6 años. Mujeres y hombres disfrutan de largas jubilaciones y de pensiones que reemplazan una porción mayor de su salario previo que en la mayoría de los países europeos.La contrapartida es que el Estado asume un peso creciente. El gasto público total roza el 57 % del PIB, el más alto del mundo desarrollado, y la deuda pública equivale al 113 % del PIB. Desde 1980 el país no logra un superávit presupuestario. La situación se ha deteriorado con una combinación de crecimiento lento, envejecimiento y demandas sociales elevadas. Para financiar el sistema, además de las cotizaciones, se recurre cada vez más a impuestos y transferencias, lo que desplaza recursos de otros servicios públicos. Algunos economistas señalan que las pensiones consumen más recursos que la educación primaria y secundaria juntas, y alertan de que la generación “baby boomer” se jubila en masa mientras la natalidad se estanca.En febrero de 2025, la Cour des Comptes —el tribunal de cuentas francés— entregó al gobierno un informe demoledor. En él advierte de que el sistema tuvo en 2023 un pequeño superávit de 8 500 millones de euros gracias al efecto temporal de la inflación, pero que este equilibrio se revertirá rápidamente. La institución calcula que el déficit alcanzará 6 600 millones de euros en 2025 y se mantendrá en torno a ese nivel hasta 2030, cuando se haya implementado por completo la reforma de 2023. Después, el agujero crecerá a 15 000 millones en 2035 y casi 30 000 millones de euros en 2045 conforme aumente el número de pensionistas y el importe medio de sus prestaciones. Si no se adoptan nuevas medidas, la acumulación de déficits podría añadir 470 000 millones de euros a la deuda pública de aquí a 2045.El informe subraya, además, que el sistema está fragmentado en múltiples regímenes con situaciones dispares. El régimen general y el de los trabajadores agrícolas concentran el 42 % de las pensiones y se encuentran financieramente frágiles. Las cajas de los funcionarios de ayuntamientos y hospitales ya tenían un déficit de 2 500 millones en 2023 debido al rápido deterioro de su ratio de cotizantes por jubilado. En contraste, algunos regímenes complementarios gestionados por los interlocutores sociales presentaban un superávit cercano a 9 900 millones, pero no compensan el desequilibrio global. La Cour des Comptes recuerda que el Estado contribuye con cerca de 45 000 millones de euros al año para financiar las jubilaciones de sus propios funcionarios, y que esa aportación no puede reducirse sin una reforma estructural.Los auditores descartan la existencia de un “déficit oculto” porque cualquier desequilibrio acaba siendo absorbido por las cuentas públicas. Señalan que elevar la edad legal de jubilación a 65 años aportaría unos 17 700 millones de euros adicionales y tendría el mayor impacto positivo en el equilibrio financiero. También hacen hincapié en que mejoras moderadas de productividad o una bajada del desempleo no bastarían para cerrar la brecha; incluso con un crecimiento del 1 % de la productividad o una reducción del paro al 5 %, el déficit seguiría aumentando.La raíz del problema es demográfica. A principios de siglo había 2,1 trabajadores por cada jubilado. En 2020 la ratio se redujo a 1,7 y se espera que caiga hasta 1,2 en 2070 debido al envejecimiento de la población y a la menor tasa de fecundidad, que se situó en 1,79 hijos por mujer en 2023. Francia cuenta actualmente con unos 17 millones de pensionistas y las proyecciones apuntan a que serán 23 millones en 2050. La combinación de vidas laborales relativamente cortas y jubilaciones largas crea tensiones en la solidaridad entre generaciones: las generaciones anteriores cotizaron menos y votaron para reducir la edad de retiro, pero ahora reciben pensiones mayores que el salario medio. Mientras tanto, el 16 % de los jóvenes de 18 a 29 años vive por debajo del umbral de pobreza y tiene dificultades para acceder a la vivienda, lo que alimenta el descontento social.El aumento de la edad legal no garantiza que todos trabajen más tiempo. En Francia es posible jubilarse con una pensión completa a los 67 años aunque no se haya alcanzado el periodo de cotización requerido, y muchos se retiran antes gracias a regímenes especiales. La edad efectiva de jubilación es de 60,7 años, muy por debajo de la media de la OCDE (64,4), lo que acorta la etapa contributiva y amplía la carga sobre los activos. Además, la generosidad de las prestaciones y la protección de ciertos colectivos dificultan reformas profundas sin provocar un estallido social.La cuestión de las pensiones se ha convertido en el epicentro de la crisis política francesa. Los intentos de reforma han sido recibidos con huelgas, protestas y enfrentamientos con la policía. Encuestas recientes muestran que dos tercios de la población apoya las manifestaciones y que la mayoría considera injustificado subir la edad de retiro. Los partidos de extrema derecha y de izquierda utilizan el tema para atacar al gobierno. La líder nacionalista Marine Le Pen ha prometido revertir la reforma si llega al poder, mientras que los socialistas exigen un impuesto del 2 % sobre fortunas superiores a 100 millones de euros. Sin embargo, los cálculos muestran que esa medida recaudaría unos 20 000 millones al año, apenas un pequeño alivio frente a un gasto anual en pensiones de alrededor de 388 000 millones de euros.El propio Lecornu ha reconocido que el déficit público del país se sitúa en torno al 5,5 % del PIB, muy por encima del límite del 3 % fijado por la Unión Europea, y que la deuda podría llegar al 120 % del PIB en 2027 si no se corrige la trayectoria. Las agencias de calificación han degradado recientemente la nota soberana francesa y advierten de que el aumento de los tipos de interés encarecerá el servicio de la deuda, que se prevé consuma el 3 % del PIB en intereses hacia 2029. La suspensión de la reforma de las pensiones no sólo agrava el desequilibrio presupuestario sino que envía una señal de falta de voluntad para abordar reformas impopulares.El debate sobre las pensiones en Francia gira en torno a una disyuntiva: reducir la generosidad de las prestaciones o aumentar la edad de jubilación y las cotizaciones. Mantener el statu quo conduciría a un endeudamiento explosivo que comprometería la capacidad del Estado para financiar educación, sanidad e infraestructuras. Por otro lado, los recortes inmediatos podrían erosionar la cohesión social y dar alas a los movimientos populistas. Algunos economistas proponen combinar varias medidas: indexar las pensiones por debajo de la inflación durante un periodo limitado, alargar gradualmente la vida laboral en función de la esperanza de vida y fomentar planes de ahorro complementarios. La Cour des Comptes recuerda que el aumento de la productividad no compensará por sí solo el envejecimiento y que la única manera de garantizar la sostenibilidad a largo plazo es trabajar más tiempo o cotizar más. Sea cual sea la solución, el caso francés se ha convertido en un aviso para Europa: incluso países con altas tasas de fertilidad y economías desarrolladas no pueden eludir las leyes de la demografía y las matemáticas financieras.

Algo extraño en Hong Kong

Hong Kong era una ciudad conocida por sus rascacielos, su estado de derecho y su aperturismo. Sin embargo, en los últimos dos años el territorio ha experimentado cambios profundos que han sacudido su vida política, económica y social. La aprobación en marzo de 2024 de la Ordenanza para Salvaguardar la Seguridad Nacional (artículo 23) marcó un punto de inflexión. Esta norma, que amplía la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, introduce delitos como traición, sabotaje o robo de secretos de Estado y prevé penas de cadena perpetua. Desde su entrada en vigor, al menos 16 personas han sido detenidas por sedición y cinco de ellas encarceladas por actos pacíficos como llevar camisetas con lemas, criticar al gobierno en internet o escribir consignas en los asientos de un autobús. La norma refuerza la presunción contra la libertad bajo fianza e incluso permite negar la liberación anticipada a quienes ya cumplen condena si se considera que su salida “contraviene la seguridad nacional”. Organizaciones de derechos humanos denuncian que más de 1 900 personas se encuentran presas por motivos políticos desde 2019 y que 45 figuras prodemocracia fueron condenadas a entre cuatro y diez años de prisión por organizar unas primarias informales en 2020.La represión no se limita al territorio. Las autoridades han extendido el alcance del artículo 23 a activistas exiliados: se han emitido órdenes de arresto y se han cancelado pasaportes de trece personas en el extranjero, acompañadas de recompensas de hasta un millón de dólares de Hong Kong. A finales de julio de 2025, la policía anunció recompensas para 19 activistas exiliados acusados de “subversión” y, en agosto, retiró los pasaportes de doce de ellos. Este uso extraterritorial de la normativa demuestra la disposición de Hong Kong a perseguir la disidencia más allá de sus fronteras.El clima de miedo ha provocado un éxodo sin precedentes. Entre 2020 y 2023 el gobierno británico concedió visados a al menos 135 000 hongkoneses, y el jefe del Ejecutivo reconoció en 2022 que la ciudad había perdido unos 140 000 trabajadores. En respuesta, las autoridades han lanzado programas para atraer mano de obra cualificada del extranjero, sobre todo de China continental. La rebaja del impuesto de timbre para compradores no residentes disparó las ventas de viviendas: en el barrio de Kai Tak tres de cada cuatro compradores proceden del continente, y en marzo de 2024 hubo 4 200 transacciones, frente a las 10 500 de todo 2023. Más de 100 000 personas se han trasladado a Hong Kong en los últimos años, la mayoría procedentes del continente. Programas como el “Arreglo de Inmigración para Graduados no Locales” concedieron en 2023 más de 26 000 permisos, de los cuales 24 650 fueron para solicitantes chinos, y el plan “Top Talent” aprobó casi 70 000 solicitudes, más del 90 % de ellas de residentes en China. El resultado es una transformación demográfica: el censo de mediados de 2025 cifró la población en 7 527 500 habitantes, sólo 3 400 más que un año antes, gracias a un flujo neto de 18 200 personas que compensó 50 000 fallecimientos.La economía no ha salido indemne. Hong Kong sigue siendo uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo, pero los precios de la vivienda han caído más del 30 % desde 2021 debido a la pandemia, el alza de los tipos de interés estadounidenses y la creciente tensión entre China y Estados Unidos. El desplome ha afectado a inversores y bancos: algunas personas han perdido sus viviendas, varios promotores se han declarado en quiebra y la ratio de préstamos dudosos de entidades como Hang Seng Bank pasó del 1,04 % al 6,69 % debido al deterioro de su cartera de préstamos inmobiliarios comerciales. Ante las escasas ventas y el aumento de la desocupación, el gobierno suspendió la venta de terrenos comerciales y busca compradores entre grandes empresas estatales chinas. A esto se suma la debilidad bursátil: el índice Hang Seng llegó a estar más de un 40 % por debajo del nivel de 2019, reflejo de la desconfianza de inversores extranjeros ante la falta de transparencia y la interferencia política.En paralelo a esta crisis política y económica, Hong Kong ha vivido sucesos insólitos. En octubre de 2024 murieron doce monos del Zoológico y Jardín Botánico a causa de la melioidosis, una infección provocada por la bacteria Burkholderia pseudomallei que se transmite a través de la tierra o el agua contaminada. Las autoridades atribuyeron el brote a trabajos de excavación en el recinto y adoptaron medidas de aislamiento para proteger a los animales y al personal. Ese mismo mes, un equipo de paleontólogos anunció el hallazgo de los primeros fósiles de dinosaurio en la historia de la ciudad. Los restos, encontrados en la deshabitada isla de Port Island, pertenecen a un gran dinosaurio del período Cretácico y su estudio podría ofrecer nuevas pistas sobre la paleobiogeografía de la región. Para permitir la investigación, la isla fue cerrada al público y los fósiles se exhiben en un centro de patrimonio local.El deterioro de las libertades, la transformación demográfica forzada y las turbulencias económicas han alterado el rostro de una ciudad que durante décadas se presentaba como puente entre Oriente y Occidente. Las marchas multitudinarias del 1 de julio, símbolo de la vitalidad cívica, han desaparecido; llevar una camiseta con un lema puede acarrear cárcel; periodistas y opositores han huido al extranjero y se enfrentan a recompensas; y los juzgados se llenan de procesos que duran cientos de días. Al mismo tiempo, un flujo de recién llegados compra apartamentos de lujo y llena las vitrinas, mientras los hongkoneses de toda la vida emigran a Reino Unido o Canadá. La aparición de enfermedades en zoológicos y hallazgos paleontológicos completan la sensación de que algo extraño sucede en Hong Kong. Lo que para muchos era un refugio de libertades se ha convertido en un laboratorio de represión política, reconfiguración social y ajustes económicos cuya evolución seguirá siendo observada con atención.

Bolivia: Tormenta económica

Cuando el economista Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, heredó una economía asfixiada. Durante las últimas dos décadas el país mantuvo precios de la gasolina y el diésel artificialmente bajos y dejó en manos del Estado la explotación de hidrocarburos. Esas políticas vaciaron los cofres públicos. Las reservas internacionales, que en 2014 superaban los quince mil millones de dólares, se desplomaron a menos de dos mil millones en 2024; al asumir el poder, Paz no tenía reservas líquidas para importar combustible. La inflación superaba el 20 % y en agosto de 2025 llegó al 25,15 %, el nivel más alto en más de treinta años. La economía se contrajo 2,4 % en el primer semestre de 2025, se perdieron empleos y el poder adquisitivo se erosionó día a día.El déficit fiscal, que un asesor de Paz estimó en más del 11 % del producto interno bruto (PIB), dejó al país sin margen de maniobra. José Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico del nuevo presidente, advirtió que la nación disponía de menos de mil millones de dólares, insuficientes para cubrir dos semanas de importación de combustible o el pago de la deuda externa, y que serían necesarios al menos 2 500 millones para cerrar el año. La falta de divisas obligó al Banco Central a vender su oro y a imponer controles; se instaló un mercado paralelo donde el dólar se cotizaba a más del doble del tipo oficial. Muchos ahorristas no pudieron retirar sus depósitos en moneda extranjera y se vieron obligados a aceptar bolivianos al tipo de cambio oficial, provocando un “corralito” que alimentó la desconfianza en el sistema bancario.Para intentar estabilizar la situación, Paz viajó a Washington antes de asumir el cargo y se reunió con instituciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo manifestaron su disposición a apoyar a Bolivia. Sin embargo, los préstamos deben ser aprobados por una Asamblea Legislativa fragmentada: la nueva coalición del presidente carece de mayoría propia y depende de alianzas con partidos de derecha y centro. Economistas advierten que la estabilidad política será esencial para implementar reformas impopulares como la reducción de subsidios y la flexibilización del tipo de cambio.La emergencia energéticaLa segunda crisis, que agrava la primera, es el colapso del sector energético. Bolivia fue durante años un exportador de gas natural; hoy su producción se ha desplomado un 54 % en la última década. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cerró 2024 con pérdidas operativas de 11 700 millones de bolivianos (1 700 millones de dólares). Cada litro de gasolina y diésel que vende genera pérdidas por los subsidios, y solo el año pasado el subsidio al diésel importado costó 6 300 millones de bolivianos (914 millones de dólares). La empresa fue descrita por analistas como “prácticamente en bancarrota”.La caída en la producción interna obligó a importar el 95 % del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume el país. A finales de octubre solo quedaba combustible para un día de diésel y tres de gasolina. Las filas en las estaciones se extendieron por kilómetros y duraban horas o incluso días. Los panaderos redujeron la producción de pan y los avicultores advirtieron sobre escasez de pollo debido a la falta de carburante. La crisis se reflejó también en las carreteras: se multiplicaron los bloqueos, se cancelaron rutas de autobuses y el transporte público funcionó a medias.El desabastecimiento tiene otra dimensión: el contrabando. La gasolina y el diésel subsidiados son vendidos ilegalmente en Perú, Brasil y Chile, provocando pérdidas millonarias. Para combatirlo, Paz ordenó a las Fuerzas Armadas perseguir a los contrabandistas y calificó el contrabando de combustibles como un “ataque a la economía nacional”. Al mismo tiempo, anunció auditorías a YPFB y revisiones a los precios de los combustibles para hacer el sistema sostenible. Su ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca reformar el esquema de subsidios para que sean focalizados y dejen de ser un incentivo para el contrabando.Las soluciones no llegarán rápido. El gas boliviano ya no abastece a Argentina ni a Brasil como antes; el país ha pasado de ser exportador a importador neto. El gobierno reactivó contratos con proveedores de Argentina, Chile, Paraguay y Perú para garantizar la oferta inmediata. Pero a largo plazo, Paz propone un “capitalismo inteligente de la energía”, combinando inversión privada con control estatal y exploración de nuevos campos, incluso en la Amazonía. Organizaciones indígenas y ecologistas advierten que la extracción en áreas protegidas, como los pozos Tomachi X1 y X2 en la cuenca del río Madre de Dios, pone en riesgo a comunidades como los tacanas y amenaza a miles de especies.La fragilidad institucionalLa tercera crisis es política e institucional. Después de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el nuevo presidente enfrenta un Parlamento sin mayoría y un sistema judicial desprestigiado. La Constitución boliviana obliga a que los jueces sean elegidos por voto popular a partir de listas elaboradas por el Congreso, un mecanismo que ha permitido que el oficialismo de turno cooptara los tribunales y utilizara la justicia para perseguir a opositores. En 2025 el país ocupó el puesto 131 de 143 en el índice del Estado de derecho del World Justice Project, uno de los más bajos del continente.Paz prometió convocar una “Cumbre de la Justicia” para diseñar reformas y modernizar los tribunales. Sin embargo, las divisiones políticas complican cualquier cambio. Su partido, el demócrata cristiano, obtuvo menos de un tercio de los escaños y necesita el apoyo de partidos conservadores y centristas para aprobar leyes. Algunos legisladores del MAS podrían sumarse, pero otros podrían boicotear las iniciativas. La falta de confianza en las instituciones se refleja en las calles: tras la segunda vuelta electoral, miles de manifestantes marcharon en La Paz exigiendo una auditoría del escrutinio y denunciando fraude; aunque no hubo enfrentamientos graves, la protesta evidenció el clima de polarización.La seguridad también preocupa. Bolivia es un corredor para el narcotráfico y alberga laboratorios clandestinos; la detención de un ex viceministro por poseer un laboratorio de cocaína subrayó la penetración del crimen organizado en el Estado. Paz anunció que restablecerá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y reforzará la colaboración con países vecinos para combatir las redes criminales. Sin embargo, organismos de derechos humanos recuerdan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha provocado abusos en el pasado.¿Qué puede hacer Rodrigo Paz?En su discurso inaugural, el presidente afirmó que Bolivia se “abrirá al mundo” y dejó atrás el aislamiento de los gobiernos anteriores. Prometió un “capitalismo para todos” que combine disciplina fiscal con programas sociales y descentralización. Para ello tendrá que equilibrar exigencias contradictorias: acabar con los subsidios que desangran al Estado sin provocar un estallido social; liberalizar el tipo de cambio sin disparar la inflación; y atraer inversión extranjera sin ceder la soberanía sobre recursos estratégicos.Una de sus primeras medidas será reducir los subsidios al diésel para la agricultura y las empresas, mientras que las subvenciones a la gasolina para el transporte público se desmantelarán de manera gradual. También planea flexibilizar el tipo de cambio para acercarlo a la cotización del mercado paralelo. El Fondo Monetario Internacional recomienda un programa de consolidación fiscal que incluya la eliminación de la financiación monetaria del déficit, la reducción del gasto en salarios públicos y la racionalización del presupuesto. La tarea es ardua: la proyección del FMI para 2025 anticipa un crecimiento de apenas 0,6 % y una inflación de 20,8 %.Paz también pretende revisar los contratos de explotación de litio firmados con empresas chinas y rusas durante el gobierno anterior. Bolivia posee unos 21 millones de toneladas de litio, lo que podría convertirla en un actor clave de la transición energética. El nuevo gobierno quiere promulgar una ley que refuerce la supervisión ambiental y aumente la participación de las comunidades locales. Además, el presidente busca estrechar relaciones con Estados Unidos y otros países de la región para atraer inversión y diversificar mercados.En materia de justicia, su iniciativa estrella será convocar una cumbre para reestructurar la elección de jueces y garantizar su independencia. También planea fortalecer los organismos de control y transparencia para combatir la corrupción y reconstruir la confianza ciudadana. La meta a largo plazo es transformar a Bolivia en un ejemplo de estabilidad centrista en la región.ConclusiónBolivia está al borde de la quiebra. El agotamiento de las reservas, la inflación galopante y el colapso de la industria de hidrocarburos han puesto al país al límite. La herencia de políticas estatistas y subsidios indiscriminados ha dejado a Rodrigo Paz un panorama desolador: una economía sin liquidez, una empresa petrolera casi quebrada y un Estado debilitado por la corrupción y la desconfianza. Para superar las tres crisis —económica, energética e institucional— se requiere un liderazgo capaz de tomar decisiones impopulares, dialogar con una oposición fragmentada y restaurar la credibilidad de las instituciones. Las próximas semanas y meses serán decisivas para saber si el nuevo gobierno puede evitar el colapso y encaminar a Bolivia hacia una recuperación sostenible.

España y la ola Migratoria

España vive desde hace años un flujo migratorio intenso que impacta en sus costas, sus fronteras terrestres y su estructura demográfica. Este fenómeno no es nuevo, pero los datos recientes muestran un mosaico de tendencias: un descenso global de las llegadas irregulares en 2025, un aumento de entradas en rutas concretas, un número creciente de personas nacidas en el extranjero y un debate político cada vez más intenso. Este artículo analiza las cifras oficiales, los principales sucesos de 2024 y 2025, las tragedias humanas en el Atlántico y el Mediterráneo, el impacto demográfico y las respuestas políticas en España y en el marco europeo.Entradas irregulares: descenso general y rutas en augeTras un año 2024 marcado por niveles récord de llegadas irregulares a la península (63 970 entradas, frente a 52 852 en 2023), 2025 ha registrado un descenso global. Hasta el 15 de agosto de 2025, el número de migrantes que alcanzaron España de forma irregular cayó un 29,3 % respecto al mismo periodo de 2024. El informe quincenal del Ministerio del Interior divulgado en noviembre de 2025 cifraba en 30 263 los migrantes llegados de forma irregular hasta el 31 de octubre, un 35,8 % menos que en los diez primeros meses de 2024. Esta reducción se debe en gran medida a la caída de las entradas por la ruta canaria, que tras el pico de 2024 ha descendido un 58,6 %: 14 099 personas llegaron a las islas hasta octubre, frente a 34 087 en el mismo periodo de 2024.Sin embargo, la presión migratoria no desaparece, sino que se desplaza. En las Islas Baleares, las llegadas se dispararon. Hasta mediados de agosto se habían registrado 4 323 migrantes y 230 pateras, un aumento del 77 %. La tendencia continuó en otoño: a 31 de octubre, 6 280 personas habían arribado a Baleares por mar, un 66 % más que en 2024, y el Ministerio de Interior destacaba que las 342 embarcaciones interceptadas superaban en más de un centenar a las del año anterior. Las llegadas marítimas a la península también aumentaron un 20 % en 2025 (6 593 personas). Las entradas por tierra en Ceuta y Melilla también crecieron: 1 887 personas hasta agosto (un 14,9 % más) y 3 262 personas hasta octubre (un 41,3 % más). El flujo terrestre a Melilla se disparó un 336 %, de 38 a 166 personas.Estas cifras matizan el discurso de que la crisis está controlada. El notable descenso en Canarias coincide con una “hibernación” de la ruta, pero la presión se traslada a Baleares y a las fronteras terrestres. Las autoridades también destacan que el número de embarcaciones interceptadas sigue siendo alto: 1 066 barcos en todo el país hasta octubre, 298 menos que en 2024 pero todavía una cifra considerable.2024: un año récord de llegadas y de muertesLos datos de 2024 ayudan a contextualizar la situación actual. A finales de ese año habían llegado a la península 63 970 migrantes irregulares. La inmensa mayoría, 61 323 personas, lo hicieron por mar. Las entradas por tierra crecieron un 114,5 % hasta sumar 2 647. Ese mismo año se registraron 10 457 muertes o desapariciones en rutas hacia España, según la organización Caminando Fronteras, lo que supone una media de casi 30 personas al día y un incremento del 58 % respecto al año anterior. La cifra de fallecidos de 2024 muestra que, aunque las llegadas descienden en 2025, los riesgos persisten.Tragedias recientes en el Atlántico y el EstrechoEl verano de 2025 volvió a evidenciar la letalidad de las rutas. En julio, más de 80 personas —incluidos al menos 50 menores de origen marroquí y palestino— se lanzaron al mar para alcanzar a nado la ciudad de Ceuta. Fueron rescatados 54 menores y unos 30 adultos por unidades marítimas españolas. Algunas personas lograron eludir el control y se dispersaron por la ciudad, lo que llevó a las autoridades locales a pedir apoyo al Gobierno central. Los intentos a nado son cada vez más frecuentes cuando las pateras disminuyen y reflejan la desesperación de muchos jóvenes.Un mes después, el 29 de agosto de 2025, se produjo una tragedia en la ruta atlántica: una embarcación que había salido de Gambia con destino a las Islas Canarias naufragó frente a las costas de Mauritania. La Guardia Costera mauritana recuperó 70 cadáveres y rescató a 17 supervivientes, mientras continuaban las labores de búsqueda. La barca llevaba más de cien personas, la mayoría procedentes de Gambia, Zambia y Senegal. Esta tragedia subraya la peligrosidad de la ruta canaria, por la que en 2024 llegaron 46 843 personas y 9 757 murieron en la travesía, según datos oficiales citados por organizaciones humanitarias.La ruta atlántica hacia Canarias es actualmente la más mortífera del mundo. Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de junio de 2024 se han contabilizado 18 680 personas muertas o desaparecidas en esta ruta. En los últimos cinco años, las llegadas han crecido de forma exponencial: 120 905 supervivientes llegaron a las islas entre 2020 y principios de julio de 2024. Los expertos señalan que el cierre de otras rutas mediterráneas y la mayor vigilancia en el Estrecho han desplazado el flujo hacia el Atlántico, donde las distancias son mayores y las embarcaciones más precarias.Impacto demográfico: España bate récords de población gracias a la inmigraciónA pesar del descenso en las llegadas irregulares, España sigue incrementando su población gracias a la inmigración legal y a los procesos de nacionalización. Según la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística, la población del país aumentó en 105 488 personas en el tercer trimestre de 2025 y alcanzó un máximo histórico de 49 442 844 habitantes. El crecimiento anual estimado es de 474 454 personas.Este aumento se debe, en gran medida, a las personas nacidas en el extranjero. A 1 de octubre de 2025 había 9 825 266 residentes nacidos fuera de España. El número de extranjeros aumentó en 78 937 personas durante el trimestre, hasta 7 132 324. En cambio, el número de personas nacidas en España disminuyó en 9 901. Estas cifras implican que la inmigración contribuye no solo a compensar el déficit de nacimientos, sino a impulsar el crecimiento demográfico. Las principales nacionalidades de los inmigrantes en el último trimestre de 2024 fueron Colombia (43 400), Venezuela (30 500), Marruecos (27 700), Honduras (19 700) y China (18 800).Entre 2013 y 2023 se produjeron 1 645 261 naturalizaciones en España, con un crecimiento notable entre los colectivos marroquí, venezolano y colombiano. Los datos del Servicio Jesuita a Migrantes muestran que a 1 de enero de 2024 había 9 341 782 personas de origen inmigrado, lo que representaba el 19,21 % de la población. Las Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana figuran entre las regiones con mayor proporción de población nacida en el extranjero.Este incremento demográfico tiene consecuencias en el mercado laboral, el sistema de pensiones y el equilibrio territorial. En algunos territorios con fuerte dinamismo económico, como la Comunitat Valenciana, Madrid y Cataluña, la población extranjera creció en 2024 más de un 0,3 % trimestral. La UGT subraya que, sin la aportación migrante, la población española habría disminuido en 20 505 personas en ese mismo periodo.Debate político y respuestas institucionalesEl fenómeno migratorio se ha situado en el centro del debate político español. El Barómetro del CIS de septiembre de 2025 situaba la inmigración como la segunda preocupación de los ciudadanos, solo por detrás de la vivienda. Esta percepción ha llevado a distintos partidos a presentar propuestas. Un plan elaborado por el principal partido de la oposición propone un sistema de visados por puntos que vincularía la entrada de extranjeros a sectores con escasez de mano de obra y priorizaría a personas procedentes de países “culturalmente próximos”. La propuesta endurece las regularizaciones y condiciona el acceso a prestaciones públicas a la búsqueda activa de empleo. Incluye expulsiones de inmigrantes con delitos graves y un refuerzo del control fronterizo.Mientras tanto, en el Congreso se tramita una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a cientos de miles de personas sin papeles. Tras superar la toma en consideración en abril de 2024, su avance se ha estancado. El Gobierno estudia un borrador alternativo que permitiría regularizar a quienes hayan llegado antes de 2025. Algunos grupos parlamentarios reclaman al Ejecutivo que apruebe la regularización por decreto debido a la falta de apoyos.Uno de los puntos más sensibles es el reparto de los menores no acompañados. El Ejecutivo ha puesto en marcha un mecanismo para trasladar a estos menores desde territorios saturados —Canarias, Ceuta y Melilla— a otras comunidades. El decreto fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100 000 habitantes y contempla reubicar a unos 3 000 menores en un año. Algunas comunidades se resisten y otras, como Cataluña y el País Vasco, han quedado exentas de la obligatoriedad de los traslados. El Gobierno también ha asignado 22 millones de euros para financiar la acogida. La ministra de Inclusión y Migraciones, en un balance de 2024, insistió en que la solidaridad no debe ser un eslogan, sino una práctica que inspire a las comunidades autónomas.En paralelo, España participa en la reforma europea de migración y asilo. El Consejo de la UE adoptó el Pacto sobre Migración y Asilo el 14 de mayo de 2024. La reforma pretende aliviar la carga de los países con más llegadas, crear procedimientos uniformes de registro y procesamiento de solicitudes y asegurar un reparto equitativo de responsabilidades. España impulsa una aplicación temprana del pacto y observa con cautela algunas propuestas europeas, como la creación de centros de deportación en terceros países y el aumento de los retornos. La Comisión Europea prevé presentar en 2025 una directiva de retornos para aumentar la eficacia de las expulsiones. La idea de instalar centros de deportación en Albania ha ganado apoyos entre varios Estados miembros, aunque genera rechazo en España y se encuentra paralizada por cuestiones legales.Respuestas sociales y humanitariasLa gestión del flujo migratorio no recae únicamente en el Gobierno central. Organizaciones humanitarias, comunidades autónomas y ayuntamientos participan en la acogida. La ministra Elma Saiz subrayaba que en 2024 se garantizó diariamente a todas las personas atención humanitaria —cama, formación y apoyo emocional— gracias al trabajo del personal público y de las ONG. Sin embargo, la capacidad de los centros se ha visto desbordada en algunos momentos, especialmente en las islas y en Ceuta y Melilla. Además, los discursos de odio y la desinformación han crecido, obligando a las instituciones a reforzar sus mecanismos de vigilancia y a promover campañas antirracistas.En varias provincias, asociaciones y colectivos han exigido rutas seguras, visados humanitarios y políticas de integración que eviten el exilio clandestino. La organización Caminando Fronteras recuerda que miles de cuerpos nunca son recuperados y denuncia la falta de mecanismos de búsqueda y repatriación. La sociedad civil también ha impulsado iniciativas para facilitar el empadronamiento, el acceso a la sanidad y la regularización extraordinaria de personas que llevan años residiendo en España.ConclusiónLas llegadas irregulares a España se han reducido en 2025, pero continúan desbordando determinadas rutas y provocando tragedias. Al mismo tiempo, la inmigración, en sus múltiples formas, se ha consolidado como el motor del crecimiento demográfico y como un elemento estructural del mercado laboral y del sistema de bienestar. El país afronta el reto de gestionar esta realidad con políticas que combinen control fronterizo, respeto a los derechos humanos, solidaridad entre territorios y oportunidades de integración. La “bomba” migratoria no es un fenómeno incontrolable, sino un desafío complejo que exige datos veraces, cooperación internacional y un enfoque equilibrado entre seguridad y humanidad.

El Mayor cambio en décadas

A pocas semanas de arrasar en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Gobierno de Javier Milei se prepara para ejecutar la transformación más profunda de la estructura estatal desde los años noventa. La victoria en las urnas le dio a La Libertad Avanza un control parlamentario que ningún oficialismo había obtenido desde 2001, lo que permitirá tratar en sesiones extraordinarias un paquete de reformas laborales y tributarias que, según el Presidente, inaugurarán una “nueva Argentina” orientada al crecimiento y a la libertad económica.Triunfo electoral y nueva relación de fuerzasEl 27 de octubre los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La coalición oficialista saltó de 35 diputados a más de 90 y se convirtió en la fuerza mayoritaria en ambas cámaras; este resultado abre la puerta para debatir en diciembre los proyectos de modernización laboral y simplificación impositiva. El jefe de Gabinete, entonces Guillermo Francos, explicó que la nueva composición les da un “margen de maniobra” suficiente para impulsar los cambios estructurales.Reforma laboral: modernización del empleoUno de los ejes centrales del paquete de reformas es la modificación profunda de la legislación laboral. El proyecto parte de la “Ley de promoción de inversiones y empleo” elaborada por la diputada Romina Diez y retoma disposiciones del DNU 70/23. Entre sus puntos más destacados se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de doce horas diarias, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y la habilitación a las pequeñas y medianas empresas para pagar indemnizaciones en hasta doce cuotas. También plantea flexibilizar los convenios colectivos mediante bancos de horas, restaurar el uso de vales o canastas como parte del salario y ofrecer incentivos fiscales a las PyMES que contraten nuevos empleados.El programa oficial incluye elementos de flexibilización adicionales. Se prevé un sistema de “salarios dinámicos” que premie el mérito y permita pactar remuneraciones en distintas monedas, bancos de horas y convenios negociados por empresa. Otra novedad es la digitalización de trámites para reducir la burocracia y el reconocimiento de contratos en cualquier moneda, incluido el dólar; el propio Presidente subrayó que quien desee cobrar “el 100 % de su salario en dólares” podrá hacerlo. Según el Gobierno, el objetivo es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal, terminar con la denominada “industria del juicio” y garantizar seguridad jurídica para que las empresas contraten.Este enfoque recuerda a las reformas de los años noventa porque promueve negociaciones salariales por productividad y por empresa, reduce la ultraactividad de los convenios y amplía el período de prueba. Defensores y críticos coinciden en que los cambios podrían dinamizar el mercado laboral, aunque los opositores advierten sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos. Para mitigar resistencias, el proyecto se debatirá en el Consejo de Mayo con gremios y empresarios.Reforma tributaria: simplificación y competitividadLa segunda gran arista es la reforma tributaria. El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que enviarán al Congreso un proyecto para eliminar alrededor de 20 impuestos que consideran distorsivos. Entre las medidas que se discuten figura la creación de un “Súper IVA”: la Nación conservaría un porcentaje fijo del impuesto sobre el valor agregado —alrededor del 9 %— y las provincias podrían fijar su propia alícuota hasta un tope de 21 %, generando competencia impositiva para atraer inversiones.La propuesta también incluye reducir la alícuota y simplificar el impuesto a las Ganancias, ampliar las deducciones y adoptar un régimen simplificado que elimine la obligación de reportar consumos personales. El Ejecutivo estudia la eliminación del impuesto al cheque cuando se consolide el superávit fiscal. Expertos consultados por analistas destacan que Argentina tiene 155 tributos distintos, pero sólo doce de ellos representan el 94 % de la recaudación; por eso, reducir gravámenes de baja recaudación podría simplificar el sistema sin grandes pérdidas de ingresos.Caputo ha asegurado que el nuevo esquema tributario devolverá al sector privado hasta 500 mil millones de dólares hacia 2031. No obstante, estudiosos del régimen de IVA advierten que algunas provincias podrían enfrentar dificultades para autofinanciarse y que la eliminación de Ingresos Brutos será clave para viabilizar el Súper IVA.Reestructuración del Estado y la Ley de BasesDetrás del paquete legislativo se encuentra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada en julio de 2024. Esta norma otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante un año; en ese lapso se dictaron 88 normas, la mitad de ellas en el último trimestre. Más del 50 % de las medidas se orientaron a intervenir, transformar o eliminar organismos públicos, un 19 % fueron desregulaciones, un 11 % supusieron la disolución de fondos fiduciarios y un 9 % consistieron en privatizaciones.El informe sobre el primer año de aplicación de la ley señala la disolución o desjerarquización de instituciones como la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y varios organismos de ciencia y salud. También se cerraron 16 fondos fiduciarios vinculados a programas de vivienda, desarrollo productivo y federalismo. Otra medida polémica fue declarar “servicios esenciales” a actividades como la salud, la educación y los servicios energéticos, lo que restringe el derecho de huelga.Como parte de la reestructuración, el 11 de noviembre de 2025 se eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y se transfirieron sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, mediante el decreto 793/2025. La medida concentró la difusión gubernamental en la figura del nuevo jefe de Gabinete y buscó “optimizar” la gestión pública. Adorni asumió el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y rápidamente inició negociaciones con gobernadores, junto con el ministro del Interior Diego Santilli, para consensuar el presupuesto 2026 y las reformas en materia laboral, tributaria y previsional.Resultados económicos e inversiones históricasLa motosierra fiscal y la liberalización económica tuvieron efectos inmediatos en los mercados. En el primer día hábil de 2025 el riesgo país cayó a 610 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018. Las acciones argentinas se dispararon hasta 14 % en Wall Street y el índice S&P Merval en dólares subió casi 8 %, rozando los 2.300 puntos. Analistas internacionales destacaron que la inflación y el gasto público descendieron, la deuda se redujo y la confianza en la economía mejoró, lo que motivó el regreso de capitales al país.El nuevo contexto también disparó los anuncios de inversión. En el último año se comprometieron más de 100 000 millones de dólares en proyectos productivos. Entre ellos destacan un acuerdo entre la empresa estatal YPF y una petrolera italiana para exportar gas natural licuado por 30 000 millones de dólares; 25 000 millones de dólares en obras bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobados, otros 25 000 millones pendientes y un proyecto para instalar centros de datos por 25 000 millones.El Gobierno firmó además un acuerdo comercial con los Estados Unidos que prevé la reducción recíproca de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de normas estadounidenses en sectores como automotores y productos médicos. Este tratado, presentado como un hito fundacional, se suma a la inversión de ENI y al compromiso de organismos tecnológicos para posicionar a Argentina como proveedor global de energía y servicios.Junto con los proyectos energéticos, la administración libertaria impulsa una ley de zonas periglaciares para que las provincias definan sus propios límites glaciares y puedan expandir la minería. El Presidente sostiene que la minería de cobre, oro, litio y tierras raras podría generar un millón de empleos directos. Además, insiste en modernizar el sector ferroviario y expandir la industria nuclear y de inteligencia artificial para desencadenar un “nuevo siglo de oro”.Desafíos y perspectivasEl comienzo de esta “nueva Argentina” representa el intento más ambicioso de desmantelar el modelo estatal y corporativo heredado del siglo XX. La administración libertaria se apoya en el respaldo electoral y en indicadores financieros favorables para avanzar con reformas que, en conjunto, cambiarían la estructura productiva, laboral y fiscal del país. Sin embargo, el éxito del programa dependerá de su aprobación parlamentaria, de la capacidad de diálogo con los gobernadores y de la reacción de la sociedad.Existen advertencias sobre los costos sociales de la “motosierra”: organizaciones civiles señalan que la eliminación de organismos y fondos puede limitar servicios esenciales y provocar despidos, y que declarar esenciales áreas como educación y salud restringe derechos laborales. En materia tributaria, expertos advierten que el Súper IVA podría agravar la desigualdad entre provincias.A pesar de estas tensiones, la gestión de Javier Milei está decidida a avanzar con el mayor cambio estructural desde los noventa. Si logra equilibrar la reducción del Estado con crecimiento económico, atraer inversiones y mantener la gobernabilidad, Argentina podría iniciar la época dorada que el Presidente prometió. Si fracasa, quedará la sensación de otra oportunidad perdida. En las próximas semanas, cuando el Congreso comience a discutir las reformas, se sabrá si el sueño de una nueva Argentina se concreta o se diluye.

Lanza del sur en vilo

A mediados de noviembre de 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur a instancias de la Casa Blanca. La misión, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, se presentó como una campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico. El secretario Pete Hegseth explicó que se trataba de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger al país de la droga que entra por el sur. En la práctica, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo: comprende un portaaviones de propulsión nuclear con más de 4 000 marineros, un grupo anfibio con unos 2 200 marines y buques de guerra, además de destructores lanza‑misiles, cruceros, un submarino de ataque, aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader. Estas fuerzas se combinan con plataformas robotizadas de superficie y drones capaces de despegar verticalmente, integrados con buques de la Guardia Costera en el marco de una red de vigilancia de alta tecnología.Ataques recientes y balance de víctimasDesde agosto se han llevado a cabo al menos una veintena de ataques contra lanchas consideradas “narcolanchas”, con un saldo que ya supera las ochenta muertes. El 10 de noviembre, un ataque cinético contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe acabó con la vida de sus cuatro tripulantes, acción que el Comando Sur justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico. Cinco días después, el 15 de noviembre, otra intervención en el Pacífico oriental destruyó una lancha que transportaba estupefacientes; murieron tres hombres que Estados Unidos calificó de narcoterroristas. Las autoridades militares estadounidenses insisten en que los objetivos recorrían rutas habituales del tráfico de drogas y que los ataques cuentan con respaldo legal. Sin embargo, la cifra acumulada de víctimas y la ejecución de los operativos —que dejan sin posibilidad de captura a los ocupantes— alimentan las críticas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre la pérdida de potencial información de inteligencia.Declaraciones ambiguas de Donald TrumpEl presidente estadounidense ha mantenido una estrategia de ambigüedad. Tras reunirse con altos mandos del Pentágono para analizar opciones sobre Venezuela, aseguró que “ya se decidió” acerca de los próximos pasos, aunque evitó revelar la naturaleza de sus órdenes. Trump sostiene que el despliegue militar ha frenado la entrada masiva de drogas y, en declaraciones a la prensa, dejó abierta la puerta a conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario también ha deslizado la posibilidad de autorizar ataques contra carteles en México y Colombia, afirmando que consultaría al Congreso y que contaría con el respaldo de ambos partidos para combatir a organizaciones criminales. Esta postura ambivalente —mezcla de mano dura y eventual disposición al diálogo— mantiene a la región en vilo y multiplica las especulaciones sobre un ataque terrestre.Objetivos y designaciones de grupos terroristasUno de los ejes de la operación es la criminalización de redes asociadas al poder venezolano. Washington ha anunciado que designará al Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos de la fuerza armada venezolana, como una organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, la medida busca tipificar como delito cualquier apoyo material a este cartel y responde a la supuesta cooperación de este grupo con bandas como el Tren de Aragua para enviar narcóticos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una estructura criminal de tráfico de drogas. Esta estrategia de designaciones se acompaña de ofertas de conversación al propio Maduro, lo que refleja la contradicción entre la vía judicial y la política.Reacción venezolana: movilización y retórica de soberaníaLa respuesta de Caracas ha sido contundente. El gobierno venezolano considera que la Operación Lanza del Sur es un pretexto para una intervención militar. Nicolás Maduro ha movilizado 200 000 efectivos —incluidos soldados, milicias civiles y policías— y ha instruido la creación de “grupos de calle” para defender cada centímetro del territorio. En un encuentro con juristas, el mandatario pidió al pueblo estadounidense que detenga “la mano enloquecida de quien ordena bombardear” y preguntó si el continente está dispuesto a vivir “otra Gaza en Suramérica”. Caracas también ha convocado vigilias y marchas permanentes y ha elevado la alerta militar ante la presencia de buques estadounidenses en Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, funcionarios venezolanos buscan articular denuncias ante instancias internacionales para, según dicen, defender el derecho a la paz y la soberanía. Este discurso combina la retórica antiimperialista con la preparación para una eventual confrontación armada.Reacción colombiana: ruptura de cooperación e investigacionesColombia, aliado tradicional de Estados Unidos en materia de narcotráfico, rompió filas cuando el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques a lanchas rápidas. El mandatario escribió en redes que su ejército debe terminar “las comunicaciones y otros acuerdos” con las agencias de seguridad estadounidenses, al considerar que la ofensiva viola derechos humanos y constituye ejecuciones extrajudiciales. Petro sostiene que la lucha contra las drogas debe supeditarse a los derechos de las comunidades caribeñas y pidió que Donald Trump sea investigado por crímenes de guerra. Según las cifras que maneja Bogotá, al menos 75 personas han muerto en estos bombardeos desde agosto. El líder colombiano afirma que las víctimas incluían pescadores civiles y que existían alternativas legales como la incautación y el procesamiento de las embarcaciones. La Casa Blanca respondió imponiendo sanciones económicas a Petro y a miembros de su familia bajo acusaciones de connivencia con cárteles de droga, lo que profundizó una crisis diplomática sin precedentes.Controversias y críticas internacionalesLa actuación estadounidense ha suscitado un amplio rechazo. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan que bombardear embarcaciones sin intentar capturar a sus ocupantes elimina fuentes valiosas de inteligencia y podría costar más que el valor de la droga incautada. La Guardia Costera de Estados Unidos ha obtenido incautaciones récord de cocaína mediante interdicciones convencionales —225 toneladas en un año— mientras que las incursiones militares apenas han mostrado resultados medibles. La ONU, por su parte, acusó a Washington de violar el derecho internacional; el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, señaló que más de 60 personas murieron en quince ataques antes de noviembre y exigió el fin de las operaciones. Naciones Unidas insiste en que las acciones no tienen la cobertura de un conflicto armado y constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Estas críticas se suman a las de los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a un creciente malestar en Trinidad y Tobago por los ejercicios navales estadounidenses cerca de su costa.Balance y perspectivasA tres meses de su inicio, la Operación Lanza del Sur ha provocado más tensión que logros verificables. Estados Unidos exhibe la destrucción de embarcaciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Venezuela y Colombia la califican de agresión. La región observa con inquietud la posibilidad de que los bombardeos a narcolanchas evolucionen hacia ataques a objetivos en tierra, dado que Trump, al mismo tiempo que insinúa conversaciones, no descarta un “siguiente paso” y algunas unidades militares están preparadas para recibir órdenes. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas y las sanciones contra mandatarios latinoamericanos completan un escenario en el que la política antidrogas se mezcla con la estrategia geopolítica. En ausencia de transparencia sobre los criterios y la legalidad de los ataques, la campaña amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad en América Latina, con riesgos de escalada y de violaciones a los derechos humanos.

2026: BRICS desafían al Dólar

La sigla BRICS nació en 2009 para agrupar a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero el bloque dejó de ser un club de cinco potencias emergentes. En 2025 incorporó a Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que eleva a once el número de miembros y multiplica su peso demográfico y económico. Además, el grupo creó una categoría de países asociados que incluye a naciones como Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Malasia, Nigeria y Vietnam. Juntos representan alrededor del 46 % de la población mundial y más del 36 % del PIB global en paridad de poder adquisitivo. Esta expansión ha suscitado más de 30 solicitudes de adhesión, reflejo de un creciente interés en construir un contrapeso a las instituciones financieras dominadas por Occidente.El bloque no sólo ha crecido en número; también ha reconfigurado sus prioridades. En su cumbre de julio de 2025 en Río de Janeiro, sus líderes descartaron la creación inmediata de una moneda única, pero acordaron intensificar el comercio en monedas locales y desarrollar un sistema de pagos independiente. La India, uno de los miembros clave, insistió en que el grupo «no conspira para socavar el dólar», y los responsables rusos aseguraron que el objetivo es reducir la dependencia de la divisa estadounidense, no sustituirla.Un dólar debilitado por su propia economíaEl 2025 se cerró con uno de los descensos más severos del dólar en cinco décadas. El índice que mide la divisa frente a una cesta de monedas cayó alrededor del 11 % en el primer semestre del año, marcando el fin de un ciclo alcista iniciado en 2010. La caída fue atribuida a la ralentización del crecimiento estadounidense, al aumento de la deuda pública y a la incertidumbre sobre la política comercial, especialmente por la imposición de nuevos aranceles. Analistas de mercados señalaron que la moneda podría perder otro 10 % antes de 2026, ya que se espera que la Reserva Federal reduzca sus tipos de interés a medida que el crecimiento se enfríe.Además, inversores extranjeros están incrementando sus coberturas contra la depreciación del dólar, lo que implica vender la divisa y presiona aún más su valor. La debilidad de la moneda estadounidense no solo encarece las importaciones para los consumidores estadounidenses, sino que también crea un terreno fértil para que otras economías busquen alternativas. En esta coyuntura, las iniciativas de los BRICS adquieren una relevancia inusitada.De-dolarización: comercio en monedas locales y oroUno de los cambios más notables dentro del bloque es el creciente uso de monedas nacionales en el comercio intrabloque. Según datos presentados en la cumbre de 2025, alrededor del 90 % de las operaciones entre países BRICS ya se liquidan en monedas locales, frente a aproximadamente el 65 % de dos años antes. Este salto obedece a varios factores: los acuerdos energéticos entre China y Rusia, que fijan precios en yuanes o rublos; el aumento de los corredores de comercio en rupias entre India, Rusia y Emiratos Árabes; y el auge de líneas de intercambio de divisas que evitan la plataforma SWIFT.Paralelamente, los bancos centrales de los BRICS están acumulando oro a un ritmo sin precedentes. Se estima que los bancos centrales compraron más de 2 100 toneladas en 2022 y 2023, y que países como India, Arabia Saudí y la República Kirguisa incrementaron significativamente sus reservas. La cotización del metal alcanzó máximos históricos de más de 4 300 dólares por onza en octubre de 2025, y analistas atribuyen parte de ese repunte al movimiento de de-dolarización del bloque.Más allá de la acumulación de reservas, el grupo ha ideado una arquitectura de liquidación respaldada en oro para el comercio bilateral. Desde 2017, Rusia y China experimentan con el uso de yuanes convertibles en oro a través de la Bolsa de Oro de Shanghái. Este mecanismo, que se ha extendido a Arabia Saudí y otros socios, permite liquidar exportaciones de energía garantizando la convertibilidad de la moneda en oro. El ministro de Exteriores ruso declaró que ningún miembro propone reemplazar el dólar, sino realizar las transacciones en monedas nacionales.BRICS Pay: un sistema de pagos sin SWIFTAdemás del comercio en monedas locales y el uso del oro, los BRICS trabajan en BRICS Pay, una plataforma de pagos transfronterizos destinada a vincular los sistemas de mensajería financiera de cada país. El prototipo se presentó en Moscú en octubre de 2024, pero a mediados de 2025 seguía en fase de planificación. Los países esperan desplegar pruebas más amplias hacia finales de 2025 o a lo largo de 2026.BRICS Pay pretende interconectar sistemas ya existentes, como el SPFS ruso, el CIPS chino, la UPI india y Pix de Brasil, e integrar las futuras monedas digitales de los bancos centrales. La meta es procesar hasta 20 000 mensajes por segundo con estándares de seguridad y autenticación rigurosos. Sin embargo, persisten desafíos: la interoperabilidad entre sistemas de 11 economías con marcos regulatorios y niveles de desarrollo financiero muy distintos, así como la necesidad de armonizar normas contra el blanqueo de capitales.Funcionarios rusos insinuaron que un proyecto piloto podría estar listo antes de finales de 2026, aunque el vicecanciller del mismo país aclaró posteriormente que la puesta en marcha plena se prevé para 2030. Aun así, países sudamericanos han expresado que están «listos para aceptar el sistema de pagos» una vez que esté operativo.Tensión con Washington y arancelesDesde Estados Unidos se observa con recelo esta agenda. El presidente estadounidense ha calificado al bloque como un “ataque” al dólar y ha prometido imponer aranceles del 100 % a cualquier país que impulse una nueva moneda o sistemas de pago alternativos, asegurando incluso que sus advertencias provocaron que países «abandonaran» el proyecto. En los meses previos, ya había amenazado con gravar en un 10 % a aquellos que «se alineen con políticas antiamericanas».A pesar de estas presiones, varios miembros del bloque han respondido que las iniciativas no están dirigidas contra nadie. Funcionarios brasileños aseguraron que su presidencia de los BRICS en 2025 no promovería una moneda común y que las reformas buscaban facilitar pagos en monedas locales y reducir costes de transacción, sin eliminar las reservas en dólares. India, por su parte, subrayó la importancia de respetar el multilateralismo y el derecho a elegir sistemas de pago sin perder relaciones con Occidente. El Kremlin remarcó que el bloque «nunca ha tenido como objetivo a terceros países ni sus divisas».La tensión se refleja también en el comercio. Las amenazas de aranceles han obligado a Rusia, India y Brasil a intensificar sus alianzas bilaterales y a buscar mercados alternativos para sus exportaciones. Al mismo tiempo, algunos expertos advierten que presionar a los países para que utilicen el dólar podría acelerar el uso de monedas locales y fortalecer la tendencia de de-dolarización.El papel del Banco de Desarrollo y las finanzas localesLa creación de infraestructura financiera en monedas locales es otro pilar del plan. El Banco de Desarrollo de los BRICS (NDB, por sus siglas en inglés), con sede en Shanghái, ha recaudado fondos en yuanes y rands y planea emitir su primer bono en rupias antes de marzo de 2026 para financiar proyectos en India. La emisión, de entre 400 y 500 millones de dólares, busca diversificar el financiamiento y fomentar la internacionalización de la rupia.Según su estrategia 2022‑2026, la institución pretende que al menos el 30 % de sus préstamos se otorguen en las monedas de los países miembros. Funcionarios brasileños y chinos han señalado que la clave no es crear una nueva divisa, sino consolidar un conjunto de instrumentos financieros que permita a cada economía reducir su exposición al dólar y abaratar las transacciones internacionales.Perspectivas para la cumbre de 2026La próxima cumbre, prevista para 2026 en la India, se perfila como un punto de inflexión. Aunque ninguna autoridad ha confirmado el lanzamiento de una moneda conjunta, se espera que el encuentro profundice en la interoperabilidad de los sistemas de pago, en la expansión de las líneas de intercambio de divisas y en la incorporación de las futuras monedas digitales de los bancos centrales. Analistas prevén que el BRICS Pay se ensaye en corredores concretos y que la cooperación en comercio de materias primas con liquidaciones en yuanes, rublos, reales o rupias se amplíe.La debilidad estructural del dólar, el crecimiento de las reservas de oro y el aumento de las tensiones geopolíticas podrían convertir a 2026 en el año en que los BRICS lancen su mayor desafío a la hegemonía del dólar. Sin embargo, los líderes del bloque insisten en que su intención es construir una arquitectura financiera más equilibrada y multipolar, no provocar un colapso de la economía estadounidense. La transición hacia un mundo con múltiples monedas de reserva será gradual y exigirá superar enormes desafíos técnicos, políticos y jurídicos.ConclusiónEl “ataque” que algunos interpretan como inminente no es una ofensiva bélica sino una reorientación silenciosa del comercio y las finanzas. Con un dólar debilitado por factores internos y una coalición de naciones que representa casi la mitad del planeta, el movimiento de los BRICS hacia pagos en monedas locales, sistemas de compensación basados en oro y plataformas digitales autónomas podría transformar el sistema monetario internacional. 2026 marcará probablemente el inicio de una nueva fase en la que los BRICS pondrán a prueba estas herramientas. Si tienen éxito, el dólar seguirá siendo relevante, pero su posición como pilar incontestable del comercio internacional ya no estará asegurada.

Trampa de Trump en Ucrania

El nuevo intento de la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania ha provocado un terremoto diplomático y moral en Europa y Kyiv. El presidente estadounidense propuso un plan de 28 puntos negociado con uno de los hombres de confianza del Kremlin que exige a Ucrania renunciar a parte de los territorios ocupados por Rusia, aceptar un recorte drástico de su ejército y abandonar definitivamente su aspiración de ingresar en la OTAN. A cambio, recibiría garantías de seguridad ambiguas y un futuro levantamiento de las sanciones contra Moscú. La iniciativa incluye incluso el reconocimiento legal de Crimea y el Donbás como territorios rusos y la eliminación de los misiles de largo alcance que permiten a las fuerzas ucranianas golpear la retaguardia de su adversario.Para la mayoría de los europeos y de la propia Ucrania, la propuesta resulta indigerible porque premia la agresión y no impone restricciones equivalentes a Rusia. Kiev tendría que reducir sus tropas a 600 000 efectivos, mientras que Moscú mantendría intacta su capacidad militar. El plan también abriría la puerta a reintegrar a Rusia en el G8 y a levantar sanciones económicas sin abordar la responsabilidad por los crímenes cometidos durante la invasión. Las únicas garantías de seguridad contemplan que un «ataque significativo y sostenido» ruso se considere una amenaza para la comunidad transatlántica, pero sin obligación de intervención. Para muchos analistas, se trata de una repetición de las promesas incumplidas que recibió Ucrania al renunciar a su arsenal nuclear en los años noventa.La reacción en Europa fue rápida. En la cumbre del G‑20 celebrada en Johannesburgo, líderes de Francia, Alemania, Reino Unido y otros países señalaron que el documento estadounidense puede servir como base para negociar pero necesita cambios profundos. La llamada «E3» europea (Londres, París y Berlín) elaboró una contrapropuesta en la que el límite de fuerzas ucranianas sube a 800 000 soldados en tiempo de paz y las negociaciones territoriales parten de la línea de contacto actual en lugar de asumir que zonas enteras son ya «de facto rusas». También exige que cualquier recorte militar se compense con un pacto de seguridad parecido al Artículo 5 de la OTAN y que los activos soberanos rusos congelados se destinen íntegramente a reconstruir Ucrania. Estos ajustes son un intento de proteger a Kiev sin provocar una ruptura con Washington.El presidente Volodímir Zelenskiy rechazó públicamente la idea de ceder territorio o dignidad a cambio de un alto el fuego. En un mensaje a la nación, señaló que Ucrania se enfrenta a la disyuntiva de perder su libertad o arriesgar el apoyo de su aliado más poderoso, y prometió luchar para que no se sacrifiquen la dignidad ni la libertad de su pueblo. Las autoridades ucranianas también han hecho hincapié en que la Constitución prohíbe renunciar a territorio y que cualquier acuerdo debe contar con el respaldo del Parlamento y la sociedad. Desde las trincheras de la región de Pokrovsk, los soldados se preguntan por qué deberían seguir defendiendo sus fronteras si finalmente se les obliga a entregarlas.El Kremlin, por su parte, ha guardado silencio sobre la letra del borrador pero sigue exigiendo que Ucrania renuncie a la OTAN y ceda las cuatro provincias que Rusia reclama como propias. Moscú aprovecha la indefinición para continuar su ofensiva sobre la infraestructura energética ucraniana, ganar terreno en el Donbás y presionar a la población civil en vísperas del invierno. La diplomacia rusa observa con interés las divergencias entre Washington y sus aliados europeos y calcula que cualquier retraso en la ayuda occidental juega a su favor.El presidente estadounidense ha dado a Kiev un ultimátum: aceptar el plan antes del 27 de noviembre o continuar un conflicto que ya ha causado decenas de miles de muertos. Insinuó que su propuesta puede modificarse, pero condicionó su apoyo futuro a que Zelenskiy haga concesiones. La estrategia ha sido interpretada como una trampa: si Ucrania rechaza el acuerdo, corre el riesgo de perder el respaldo militar y financiero de Estados Unidos; si lo acepta, verá recortada su soberanía y su capacidad de defensa. Tanto Bruselas como Kiev temen que la prisa de Washington por cerrar un acuerdo responda más a cálculos electorales internos que a una visión de paz justa y duradera.Los países europeos intentan ganar tiempo. Han convocado a sus asesores de seguridad a Ginebra para intentar mejorar el texto estadounidense y han subrayado que cualquier cláusula relativa a la Unión Europea o la Alianza Atlántica requiere su aprobación. Además, los líderes nórdicos y bálticos han prometido seguir suministrando armamento a Kiev, recordando que la derrota de Ucrania tendría consecuencias desestabilizadoras para todo el continente. Aun así, la sensación en las capitales europeas es de preocupación: el margen para cambiar el plan es estrecho y la presión sobre Kiev aumenta.A medida que se acerca la fecha límite impuesta por la Casa Blanca, no se vislumbra una solución que concilie la soberanía ucraniana con las exigencias rusas y estadounidenses. Mientras algunos observadores defienden que el borrador es al menos un punto de partida para negociar, otros advierten que aceptar estas condiciones sentaría un peligroso precedente al legitimar la conquista territorial. En el campo de batalla, la guerra continúa; en las mesas de negociaciones, las posiciones siguen alejadas. Por ahora, la «trampa» parece cerrar el horizonte: Ucrania está atrapada entre la resistencia y la rendición, y el mundo observa una vez más cómo la paz se disuelve en discursos y plazos.