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Trump avala Submarino Nuclear
El 29 de octubre de 2025, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo surcoreano Lee Jae‑myung durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia‑Pacífico (APEC). Tras semanas de negociaciones comerciales y de seguridad, ambos mandatarios anunciaron un amplio acuerdo que, entre otras cosas, reduce los aranceles estadounidenses a los productos surcoreanos y compromete a Seúl a realizar inversiones masivas en territorio estadounidense. Pero la noticia que más sorprendió a la región fue la autorización de Washington para que Corea del Sur pueda construir un submarino de propulsión nuclear.Una decisión que rompe precedentesDonald Trump comunicó públicamente que ha dado luz verde a Corea del Sur para pasar de los antiguos submarinos diésel a una nave impulsada por reactor nuclear. Según explicó en su red social, la embarcación se construirá en los astilleros de Filadelfia, propiedad del grupo surcoreano Hanwha Ocean, adquirido por esa compañía en 2024. Desde el punto de vista del mandatario, fabricar el submarino en Estados Unidos permitirá revitalizar la industria naval estadounidense y reforzar la alianza con Seúl. Además, Trump afirmó que el gobierno surcoreano se comprometió a comprar grandes cantidades de petróleo y gas a Estados Unidos y a realizar inversiones por 150 000 millones de dólares en el sector naval estadounidense y otros 200 000 millones en distintos sectores industriales.Esta autorización es histórica porque, desde la década de 1950, Estados Unidos ha compartido su tecnología de propulsión nuclear sólo con el Reino Unido. Con ella, Corea del Sur se incorporaría al reducido grupo de países capaces de operar submarinos de propulsión nuclear, junto a Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y la India. A diferencia de los proyectos de la alianza AUKUS, que suministra reactores a Australia, la propuesta surcoreana contempla un único submarino y excluye la incorporación de armamento nuclear; la solicitud de Seúl se centra en emplear combustible enriquecido para mejorar autonomía y capacidades de seguimiento submarino.Detalles del acuerdo comercial y las inversionesEl pacto alcanzado durante la visita de Trump contempla la reducción de los aranceles estadounidenses a productos surcoreanos al 15 % desde el 25 %, a cambio de que Seúl financie 350 000 millones de dólares en inversiones y compras. De ese total, 150 000 millones se destinarán específicamente al sector naval estadounidense en un plazo de varios años, y los 200 000 millones restantes irán a otros sectores clave, con un límite de 20 000 millones de dólares por año para evitar una desestabilización de la moneda surcoreana. Además, las inversiones de empresas surcoreanas en Estados Unidos superarán los 600 000 millones de dólares e incluirán la compra de equipamiento militar por valor de 25 000 millones para 2030. El acuerdo comercial también excluye los semiconductores, pero ambos gobiernos aseguran que las condiciones para esos productos no serán peores que las concedidas a Taiwán.Reacciones y debate regionalLa decisión de Washington generó reacciones inmediatas en Asia oriental. Corea del Norte, que en los últimos años ha desarrollado submarinos experimentales de propulsión nuclear y mantiene un programa de armas estratégicas, vio en la autorización una amenaza a su posición militar. China, por su parte, instó a Estados Unidos y Corea del Sur a respetar los compromisos de no proliferación nuclear y a no desestabilizar la región. Mientras tanto, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, manifestó que Tokio debe debatir la posibilidad de incorporar submarinos de propulsión nuclear en su flota. Japón opera actualmente submarinos diésel‑eléctricos de la clase Taigei y su legislación limita el uso militar de la energía atómica, por lo que un viraje hacia reactores nucleares implicaría cambios legales y grandes inversiones. Sin embargo, el avance chino en este campo y las ambiciones norcoreanas han reactivado el debate político en Tokio.Dentro de Corea del Sur, algunos legisladores y expertos cuestionan la necesidad y el costo del proyecto. Observan que el astillero de Filadelfia carece de experiencia en la construcción de submarinos de guerra y que, aunque la industria surcoreana posee tecnología avanzada, desarrollar un reactor naval puede llevar casi una década. Además, las disposiciones del Acuerdo 123 sobre energía atómica, vigente entre Estados Unidos y Corea del Sur, prohíben a Seúl enriquecer uranio o reprocesar combustible con fines militares. Para operar un submarino nuclear, Seúl depende de la cooperación estadounidense tanto para el suministro de combustible como para transferir la tecnología necesaria.Organizaciones de control de armas también advirtieron que un submarino nuclear surcoreano podría abrir la puerta al uso de uranio altamente enriquecido con fines militares, lo que exigiría nuevas salvaguardias por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los defensores del proyecto replican que un submarino de propulsión nuclear tiene mayor autonomía y capacidad de vigilancia que uno diésel‑eléctrico, por lo que podría vigilar mejor la península coreana e incluso liberar recursos de la Marina estadounidense en la región.Contexto internacional y significado estratégicoLa autorización de Donald Trump llega en un momento de crecientes tensiones en el Indo‑Pacífico. China ha modernizado su flota de submarinos nucleares y expande su presencia en el Mar de China Meridional. Corea del Norte ha anunciado planes para construir un submarino nuclear táctico y ha profundizado sus vínculos militares con Rusia. Por su parte, Estados Unidos busca reforzar la disuasión extendida en la región y preservar su influencia frente al auge chino. La decisión de permitir un submarino nuclear surcoreano puede interpretarse como un mensaje político a Pekín y como una herramienta para fortalecer la alianza Seúl‑Washington. No obstante, expertos señalan que la medida también comercializa la relación, pues condiciona la cooperación de seguridad a fuertes compromisos económicos por parte de Corea del Sur.En paralelo a la autorización, Trump anunció su intención de reanudar las pruebas de armas nucleares, suspendidas desde 1992. Este anuncio ha generado inquietud en la comunidad internacional y se interpreta como parte de una estrategia de presión sobre otras potencias que han probado misiles de crucero de alcance casi ilimitado. La conjunción de ambos anuncios –la autorización para el submarino surcoreano y el retorno de las pruebas nucleares estadounidenses– marca un giro significativo en la política de seguridad de Washington y subraya el regreso de la competición nuclear como eje de la geopolítica mundial.PerspectivasAunque la autorización estadounidense permite a Corea del Sur embarcarse en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear, el proyecto sigue rodeado de incógnitas. Se necesitan acuerdos precisos sobre el suministro y el tipo de combustible, la participación de la industria surcoreana, los costos y los plazos de construcción. Igualmente, cualquier avance requerirá la aceptación de los parlamentos y la opinión pública en ambos países. Corea del Sur deberá equilibrar su deseo de mayor autonomía defensiva con las obligaciones de no proliferación y con las preocupaciones de sus vecinos.En definitiva, la luz verde de Donald Trump a Corea del Sur para construir un submarino de propulsión nuclear constituye un hecho sin precedentes que reconfigura la seguridad en Asia oriental. Refuerza la alianza bilateral a través de un intercambio de inversiones y tecnología, pero también suscita debates sobre la proliferación nuclear, la competencia con China y el costo político y económico de la disuasión en el siglo XXI.
Alarma por los F-35 Saudíes
La reciente decisión del presidente estadounidense Donald J. Trump de autorizar la entrega de cazas furtivos F-35 a Arabia Saudí ha provocado un terremoto político y estratégico en Oriente Medio. En Israel, donde estos aviones representan un pilar fundamental de su superioridad aérea, la noticia ha sido recibida con profunda inquietud y un inusual nivel de alarma pública y militar.El F-35 es actualmente uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Su capacidad de sigilo, su integración de sistemas de inteligencia y su habilidad para operar en redes de información lo convierten en una herramienta crucial en escenarios de guerra moderna. Hasta ahora, solo un puñado de países aliados de Washington tenían acceso a esta tecnología, y la exclusividad de Israel en la región era vista como una garantía indispensable para mantener el equilibrio estratégico.La perspectiva de que Arabia Saudí pueda recibir varias decenas de estos cazas altera esa ecuación. Aunque se espera que los modelos saudíes tengan ciertas limitaciones técnicas respecto a los israelíes, expertos militares insisten en que incluso una versión reducida del F-35 supone un salto cualitativo muy significativo para la capacidad aérea del reino. En Jerusalén, la preocupación es clara: la ventaja tecnológica que Israel ha mantenido durante décadas podría estrecharse, incluso si todavía conserva la superioridad.Funcionarios israelíes han transmitido discretamente su malestar. Temen que la adquisición saudí impulse una carrera armamentística regional, obligándolos a solicitar a Washington nuevas garantías de seguridad o sistemas aún más avanzados. Al mismo tiempo, se plantea el riesgo de que otros actores —incluyendo Irán— interpreten esta decisión como una invitación a fortalecer sus propios arsenales.En Washington, sin embargo, la lógica es distinta. La venta a Arabia Saudí forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la cooperación defensiva con Riad, aumentar la interdependencia militar y favorecer una futura arquitectura de seguridad regional. Al mismo tiempo, la operación se enmarca en los esfuerzos estadounidenses por acercar a Arabia Saudí e Israel a un proceso gradual de normalización diplomática, aunque este objetivo sigue siendo frágil.Aun así, la decisión no está exenta de riesgos. El incremento del poder aéreo saudí podría modificar dinámicas sensibles en el Golfo, incrementar tensiones con Irán y crear nuevos focos de inestabilidad. Lo que, en apariencia, es una operación comercial multimillonaria, se ha convertido en una jugada geopolítica de consecuencias imprevisibles.Para Israel, la situación refleja una realidad incómoda: su posición privilegiada en la región ya no puede darse por sentada. Para Estados Unidos, supone un delicado equilibrio entre mantener a su aliado tradicional y fortalecer su alianza estratégica con Riad. Para Oriente Medio, puede marcar el inicio de una nueva era de competencia aérea y reajustes diplomáticos.
¿Qué hacer con Chile?
En los últimos años, Chile ha experimentado un giro político marcado hacia la derecha, resultado de una combinación de factores sociales, económicos y culturales que han transformado las prioridades de amplios sectores de la sociedad.Tras el estallido social de 2019, el país centró su atención en demandas profundas de justicia social, como mejores sueldos, pensiones dignas y mayor igualdad. Con el paso del tiempo, sin embargo, estas demandas han cedido terreno ante nuevas urgencias ciudadanas relacionadas con la seguridad, el orden público y la inmigración. La percepción de aumento en la criminalidad, el avance de la migración irregular y el temor generalizado al desorden han generado un clima de vulnerabilidad que ha fortalecido discursos conservadores y propuestas que prometen control y firmeza.A este escenario se suma el desgaste acumulado de la izquierda chilena, especialmente tras los fracasos consecutivos de los procesos constituyentes de 2022 y 2023. La incapacidad de concretar una reforma constitucional ampliamente aceptada desencadenó un profundo desencanto entre quienes esperaban transformaciones estructurales. Para una parte significativa de la ciudadanía, este estancamiento se tradujo en la percepción de que el progresismo no logró ofrecer soluciones eficaces ni responder de manera clara a las expectativas generadas.Al mismo tiempo, la derecha —tanto la tradicional como sectores más autoritarios o conservadores— logró reorganizarse y articular un mensaje coherente frente a las nuevas preocupaciones del país. El surgimiento de coaliciones renovadas, la consolidación de liderazgos que prometen mano dura y la capacidad de ofrecer respuestas simples a problemas complejos fortalecieron su posición en el debate público.En el plano electoral, los resultados recientes evidencian un apoyo creciente hacia candidatos y partidos orientados a la derecha o extrema derecha. Este giro no refleja necesariamente un rechazo total a las demandas sociales, sino un reordenamiento de prioridades: para muchos ciudadanos, la restauración del orden, la seguridad cotidiana y el control fronterizo se han vuelto cuestiones más urgentes que las transformaciones estructurales.Finalmente, el movimiento no es solo electoral, sino también cultural. En amplios sectores del país emerge un perfil ciudadano más conservador, que valora el orden, adopta posturas críticas frente a la migración irregular, reivindica tradiciones sociales y expresa cansancio frente a debates identitarios o reformas percibidas como excesivamente experimentales. Este sector, compuesto tanto por clases medias como por grupos populares, ha encontrado en la derecha una narrativa que se ajusta más a sus inquietudes actuales.En conjunto, todos estos elementos explican por qué Chile ha girado furiosamente a la derecha. No se trata de un cambio repentino ni superficial, sino de una reconfiguración profunda de las expectativas ciudadanas, impulsada por el miedo, la frustración, la búsqueda de orden y el desencanto con los proyectos transformadores. Es un movimiento que está redefiniendo el panorama político y cultural del país con una intensidad pocas veces vista desde el retorno a la democracia.
Al Qaeda contra Rusia?
En los últimos meses, la región del Sahel ha sido escenario de un notable resurgimiento de la violencia yihadista que ha puesto en evidencia las debilidades de la estrategia rusa en África. Grupos armados vinculados a Jama'a Nusrat al-Islam wa al-Muslimin (JNIM), afiliada a Al Qaeda, han lanzado ataques de gran escala contra bases militares en Mali, Burkina Faso y Níger, precisamente en los países que en los últimos años habían apostado por estrechar la cooperación militar con Moscú.Repliegue ruso y avance yihadistaTras la retirada de las fuerzas vinculadas a Wagner y la creación del nuevo Africa Corps —un cuerpo paramilitar subordinado al Estado ruso— la expectativa era que Moscú reforzaría su presencia y restauraría cierto control en el Sahel. Sin embargo, el vacío operativo dejado por la reorganización rusa no fue cubierto con eficacia.Los ataques de JNIM se intensificaron de manera fulminante. Varias bases militares fueron capturadas, entre ellas algunas consideradas estratégicas para la defensa del territorio. En numerosas ocasiones, tropas locales y unidades apoyadas por asesores rusos se vieron obligadas a abandonar posiciones enteras ante la presión de los insurgentes.El fracaso de la “solución rusa”La estrategia rusa se basaba en la promesa de estabilizar el Sahel mediante un modelo de intervención militar directa. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ha mostrado lo contrario: los avances de Al Qaeda evidencian que la presencia rusa, lejos de contener la expansión yihadista, ha coincidido con un deterioro notable de la seguridad regional.Las estructuras estatales locales siguen siendo frágiles, a pesar de recibir apoyo externo. La insuficiente coordinación, la falta de recursos y la debilidad institucional han permitido que los yihadistas consoliden posiciones en áreas rurales y avancen hacia zonas que anteriormente estaban bajo control gubernamental.Un nuevo mapa en África OccidentalEl resultado es una erosión clara de la influencia rusa en el Sahel. Mientras Moscú intenta reorganizar su dispositivo militar, los grupos vinculados a Al Qaeda han ampliado su capacidad de reclutamiento, reforzando su control territorial y configurando un escenario mucho más complejo para los gobiernos militares de la región.Analistas coinciden en que la estrategia basada únicamente en intervención militar externa no ofrece una salida sostenible. El conflicto del Sahel tiene raíces profundas en crisis estructurales de largo plazo: debilitamiento institucional, desigualdad, tensiones comunitarias y una falta sistemática de gobernabilidad. La ofensiva de Al Qaeda no hace más que poner de manifiesto estas vulnerabilidades.La reciente escalada de violencia y el avance de los grupos afiliados a Al Qaeda revelan una realidad incómoda para Moscú: el proyecto de reforzar su influencia en África mediante poder militar se está desmoronando. El Sahel, lejos de estabilizarse, se adentra en una nueva fase del conflicto, en la que los insurgentes parecen estar un paso por delante de todos los actores estatales involucrados.
EE. UU.: Operación Inminente
La tensión entre Washington y Caracas ha alcanzado en los últimos días un nivel crítico. Diversas señales diplomáticas, militares y económicas indican que Estados Unidos ha decidido dar un último aviso al gobierno de Nicolás Maduro antes de activar una operación a gran escala cuyo objetivo declarado sería combatir redes de narcotráfico que operarían, según la narrativa estadounidense, desde territorio venezolano.El rechazo frontal de Maduro a abandonar el poder —condición exigida en el reciente ultimátum— ha acelerado los preparativos militares y ha colocado al país caribeño en una situación de máxima alerta. Funcionarios estadounidenses han descrito la inminente intervención como una acción “por tierra y mar”, combinada con un cerco aéreo casi total.El cierre del espacio aéreo: un mensaje inequívocoEn paralelo al intercambio de advertencias, el espacio aéreo venezolano se ha convertido en un escenario de presión intensa. La drástica reducción del tráfico aéreo internacional, impulsada por medidas de seguridad y restricciones externas, ha dejado al país prácticamente aislado del resto del mundo. Este bloqueo aéreo provoca graves efectos económicos y limita el movimiento de ciudadanos y mercancías, aumentando la sensación de un país acorralado.Objetivos y actores implicadosEstados Unidos sostiene que su acción busca desmantelar estructuras narcoterroristas vinculadas al tráfico de drogas hacia su territorio. Entre los objetivos mencionados se encuentran grupos acusados de operar dentro de las instituciones venezolanas, lo que Washington considera una amenaza directa para su seguridad.El gobierno de Venezuela, por su parte, denuncia que estas acusaciones son un pretexto para justificar una operación de carácter político y militar cuyo propósito sería forzar un cambio de gobierno. Caracas insiste en que se trata de un ataque directo contra su soberanía y sostiene que defenderá el país “ante cualquier agresión externa”.Escenario de riesgo inmediatoLos analistas coinciden en que la posibilidad de una intervención es más alta que nunca. Los riesgos principales son:1. Aislamiento total del paísEl cierre del espacio aéreo y las crecientes restricciones internacionales representan un golpe severo para la economía, agravando la escasez de bienes, medicamentos y suministros esenciales.2. Escalada militarUn operativo por tierra y mar podría desencadenar enfrentamientos en zonas estratégicas, con riesgo de desplazamientos internos y afectación a la población civil.3. Inestabilidad política internaLa presión externa podría tensar las instituciones venezolanas hasta el límite, generando fracturas internas y un clima de incertidumbre generalizada.4. Agravamiento de la crisis humanitariaEl miedo, la ruptura de rutas comerciales y las sanciones adicionales podrían profundizar la ya delicada situación social, especialmente en los sectores más vulnerables.Cuenta regresiva en marchaMientras Estados Unidos mantiene la presión diplomática y militar, Caracas ha reforzado la seguridad interna y ha llamado a la población a movilizarse en defensa del país. La comunidad internacional observa con preocupación el rápido deterioro de la situación y teme que una operación de gran escala genere consecuencias imprevisibles para toda la región.A pesar de llamados al diálogo directo, ninguna de las partes muestra señales de retroceder. Las piezas estratégicas están desplegadas, los mensajes han sido enviados y la ventana para la negociación parece reducirse con cada hora que pasa.ConclusiónLa llamada “Operación Venezuela” podría marcar un punto de inflexión histórico. Lo que algunos consideran una ofensiva contra el narcotráfico y lo que otros denuncian como un acto de intervención política podría desencadenar un conflicto con graves repercusiones humanas, regionales y globales. El último aviso está dado. El reloj sigue avanzando.