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Trump avala Submarino Nuclear
El 29 de octubre de 2025, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo surcoreano Lee Jae‑myung durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia‑Pacífico (APEC). Tras semanas de negociaciones comerciales y de seguridad, ambos mandatarios anunciaron un amplio acuerdo que, entre otras cosas, reduce los aranceles estadounidenses a los productos surcoreanos y compromete a Seúl a realizar inversiones masivas en territorio estadounidense. Pero la noticia que más sorprendió a la región fue la autorización de Washington para que Corea del Sur pueda construir un submarino de propulsión nuclear.Una decisión que rompe precedentesDonald Trump comunicó públicamente que ha dado luz verde a Corea del Sur para pasar de los antiguos submarinos diésel a una nave impulsada por reactor nuclear. Según explicó en su red social, la embarcación se construirá en los astilleros de Filadelfia, propiedad del grupo surcoreano Hanwha Ocean, adquirido por esa compañía en 2024. Desde el punto de vista del mandatario, fabricar el submarino en Estados Unidos permitirá revitalizar la industria naval estadounidense y reforzar la alianza con Seúl. Además, Trump afirmó que el gobierno surcoreano se comprometió a comprar grandes cantidades de petróleo y gas a Estados Unidos y a realizar inversiones por 150 000 millones de dólares en el sector naval estadounidense y otros 200 000 millones en distintos sectores industriales.Esta autorización es histórica porque, desde la década de 1950, Estados Unidos ha compartido su tecnología de propulsión nuclear sólo con el Reino Unido. Con ella, Corea del Sur se incorporaría al reducido grupo de países capaces de operar submarinos de propulsión nuclear, junto a Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y la India. A diferencia de los proyectos de la alianza AUKUS, que suministra reactores a Australia, la propuesta surcoreana contempla un único submarino y excluye la incorporación de armamento nuclear; la solicitud de Seúl se centra en emplear combustible enriquecido para mejorar autonomía y capacidades de seguimiento submarino.Detalles del acuerdo comercial y las inversionesEl pacto alcanzado durante la visita de Trump contempla la reducción de los aranceles estadounidenses a productos surcoreanos al 15 % desde el 25 %, a cambio de que Seúl financie 350 000 millones de dólares en inversiones y compras. De ese total, 150 000 millones se destinarán específicamente al sector naval estadounidense en un plazo de varios años, y los 200 000 millones restantes irán a otros sectores clave, con un límite de 20 000 millones de dólares por año para evitar una desestabilización de la moneda surcoreana. Además, las inversiones de empresas surcoreanas en Estados Unidos superarán los 600 000 millones de dólares e incluirán la compra de equipamiento militar por valor de 25 000 millones para 2030. El acuerdo comercial también excluye los semiconductores, pero ambos gobiernos aseguran que las condiciones para esos productos no serán peores que las concedidas a Taiwán.Reacciones y debate regionalLa decisión de Washington generó reacciones inmediatas en Asia oriental. Corea del Norte, que en los últimos años ha desarrollado submarinos experimentales de propulsión nuclear y mantiene un programa de armas estratégicas, vio en la autorización una amenaza a su posición militar. China, por su parte, instó a Estados Unidos y Corea del Sur a respetar los compromisos de no proliferación nuclear y a no desestabilizar la región. Mientras tanto, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, manifestó que Tokio debe debatir la posibilidad de incorporar submarinos de propulsión nuclear en su flota. Japón opera actualmente submarinos diésel‑eléctricos de la clase Taigei y su legislación limita el uso militar de la energía atómica, por lo que un viraje hacia reactores nucleares implicaría cambios legales y grandes inversiones. Sin embargo, el avance chino en este campo y las ambiciones norcoreanas han reactivado el debate político en Tokio.Dentro de Corea del Sur, algunos legisladores y expertos cuestionan la necesidad y el costo del proyecto. Observan que el astillero de Filadelfia carece de experiencia en la construcción de submarinos de guerra y que, aunque la industria surcoreana posee tecnología avanzada, desarrollar un reactor naval puede llevar casi una década. Además, las disposiciones del Acuerdo 123 sobre energía atómica, vigente entre Estados Unidos y Corea del Sur, prohíben a Seúl enriquecer uranio o reprocesar combustible con fines militares. Para operar un submarino nuclear, Seúl depende de la cooperación estadounidense tanto para el suministro de combustible como para transferir la tecnología necesaria.Organizaciones de control de armas también advirtieron que un submarino nuclear surcoreano podría abrir la puerta al uso de uranio altamente enriquecido con fines militares, lo que exigiría nuevas salvaguardias por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los defensores del proyecto replican que un submarino de propulsión nuclear tiene mayor autonomía y capacidad de vigilancia que uno diésel‑eléctrico, por lo que podría vigilar mejor la península coreana e incluso liberar recursos de la Marina estadounidense en la región.Contexto internacional y significado estratégicoLa autorización de Donald Trump llega en un momento de crecientes tensiones en el Indo‑Pacífico. China ha modernizado su flota de submarinos nucleares y expande su presencia en el Mar de China Meridional. Corea del Norte ha anunciado planes para construir un submarino nuclear táctico y ha profundizado sus vínculos militares con Rusia. Por su parte, Estados Unidos busca reforzar la disuasión extendida en la región y preservar su influencia frente al auge chino. La decisión de permitir un submarino nuclear surcoreano puede interpretarse como un mensaje político a Pekín y como una herramienta para fortalecer la alianza Seúl‑Washington. No obstante, expertos señalan que la medida también comercializa la relación, pues condiciona la cooperación de seguridad a fuertes compromisos económicos por parte de Corea del Sur.En paralelo a la autorización, Trump anunció su intención de reanudar las pruebas de armas nucleares, suspendidas desde 1992. Este anuncio ha generado inquietud en la comunidad internacional y se interpreta como parte de una estrategia de presión sobre otras potencias que han probado misiles de crucero de alcance casi ilimitado. La conjunción de ambos anuncios –la autorización para el submarino surcoreano y el retorno de las pruebas nucleares estadounidenses– marca un giro significativo en la política de seguridad de Washington y subraya el regreso de la competición nuclear como eje de la geopolítica mundial.PerspectivasAunque la autorización estadounidense permite a Corea del Sur embarcarse en la construcción de su primer submarino de propulsión nuclear, el proyecto sigue rodeado de incógnitas. Se necesitan acuerdos precisos sobre el suministro y el tipo de combustible, la participación de la industria surcoreana, los costos y los plazos de construcción. Igualmente, cualquier avance requerirá la aceptación de los parlamentos y la opinión pública en ambos países. Corea del Sur deberá equilibrar su deseo de mayor autonomía defensiva con las obligaciones de no proliferación y con las preocupaciones de sus vecinos.En definitiva, la luz verde de Donald Trump a Corea del Sur para construir un submarino de propulsión nuclear constituye un hecho sin precedentes que reconfigura la seguridad en Asia oriental. Refuerza la alianza bilateral a través de un intercambio de inversiones y tecnología, pero también suscita debates sobre la proliferación nuclear, la competencia con China y el costo político y económico de la disuasión en el siglo XXI.
Alarma por los F-35 Saudíes
La reciente decisión del presidente estadounidense Donald J. Trump de autorizar la entrega de cazas furtivos F-35 a Arabia Saudí ha provocado un terremoto político y estratégico en Oriente Medio. En Israel, donde estos aviones representan un pilar fundamental de su superioridad aérea, la noticia ha sido recibida con profunda inquietud y un inusual nivel de alarma pública y militar.El F-35 es actualmente uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. Su capacidad de sigilo, su integración de sistemas de inteligencia y su habilidad para operar en redes de información lo convierten en una herramienta crucial en escenarios de guerra moderna. Hasta ahora, solo un puñado de países aliados de Washington tenían acceso a esta tecnología, y la exclusividad de Israel en la región era vista como una garantía indispensable para mantener el equilibrio estratégico.La perspectiva de que Arabia Saudí pueda recibir varias decenas de estos cazas altera esa ecuación. Aunque se espera que los modelos saudíes tengan ciertas limitaciones técnicas respecto a los israelíes, expertos militares insisten en que incluso una versión reducida del F-35 supone un salto cualitativo muy significativo para la capacidad aérea del reino. En Jerusalén, la preocupación es clara: la ventaja tecnológica que Israel ha mantenido durante décadas podría estrecharse, incluso si todavía conserva la superioridad.Funcionarios israelíes han transmitido discretamente su malestar. Temen que la adquisición saudí impulse una carrera armamentística regional, obligándolos a solicitar a Washington nuevas garantías de seguridad o sistemas aún más avanzados. Al mismo tiempo, se plantea el riesgo de que otros actores —incluyendo Irán— interpreten esta decisión como una invitación a fortalecer sus propios arsenales.En Washington, sin embargo, la lógica es distinta. La venta a Arabia Saudí forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la cooperación defensiva con Riad, aumentar la interdependencia militar y favorecer una futura arquitectura de seguridad regional. Al mismo tiempo, la operación se enmarca en los esfuerzos estadounidenses por acercar a Arabia Saudí e Israel a un proceso gradual de normalización diplomática, aunque este objetivo sigue siendo frágil.Aun así, la decisión no está exenta de riesgos. El incremento del poder aéreo saudí podría modificar dinámicas sensibles en el Golfo, incrementar tensiones con Irán y crear nuevos focos de inestabilidad. Lo que, en apariencia, es una operación comercial multimillonaria, se ha convertido en una jugada geopolítica de consecuencias imprevisibles.Para Israel, la situación refleja una realidad incómoda: su posición privilegiada en la región ya no puede darse por sentada. Para Estados Unidos, supone un delicado equilibrio entre mantener a su aliado tradicional y fortalecer su alianza estratégica con Riad. Para Oriente Medio, puede marcar el inicio de una nueva era de competencia aérea y reajustes diplomáticos.
¿Qué hacer con Chile?
En los últimos años, Chile ha experimentado un giro político marcado hacia la derecha, resultado de una combinación de factores sociales, económicos y culturales que han transformado las prioridades de amplios sectores de la sociedad.Tras el estallido social de 2019, el país centró su atención en demandas profundas de justicia social, como mejores sueldos, pensiones dignas y mayor igualdad. Con el paso del tiempo, sin embargo, estas demandas han cedido terreno ante nuevas urgencias ciudadanas relacionadas con la seguridad, el orden público y la inmigración. La percepción de aumento en la criminalidad, el avance de la migración irregular y el temor generalizado al desorden han generado un clima de vulnerabilidad que ha fortalecido discursos conservadores y propuestas que prometen control y firmeza.A este escenario se suma el desgaste acumulado de la izquierda chilena, especialmente tras los fracasos consecutivos de los procesos constituyentes de 2022 y 2023. La incapacidad de concretar una reforma constitucional ampliamente aceptada desencadenó un profundo desencanto entre quienes esperaban transformaciones estructurales. Para una parte significativa de la ciudadanía, este estancamiento se tradujo en la percepción de que el progresismo no logró ofrecer soluciones eficaces ni responder de manera clara a las expectativas generadas.Al mismo tiempo, la derecha —tanto la tradicional como sectores más autoritarios o conservadores— logró reorganizarse y articular un mensaje coherente frente a las nuevas preocupaciones del país. El surgimiento de coaliciones renovadas, la consolidación de liderazgos que prometen mano dura y la capacidad de ofrecer respuestas simples a problemas complejos fortalecieron su posición en el debate público.En el plano electoral, los resultados recientes evidencian un apoyo creciente hacia candidatos y partidos orientados a la derecha o extrema derecha. Este giro no refleja necesariamente un rechazo total a las demandas sociales, sino un reordenamiento de prioridades: para muchos ciudadanos, la restauración del orden, la seguridad cotidiana y el control fronterizo se han vuelto cuestiones más urgentes que las transformaciones estructurales.Finalmente, el movimiento no es solo electoral, sino también cultural. En amplios sectores del país emerge un perfil ciudadano más conservador, que valora el orden, adopta posturas críticas frente a la migración irregular, reivindica tradiciones sociales y expresa cansancio frente a debates identitarios o reformas percibidas como excesivamente experimentales. Este sector, compuesto tanto por clases medias como por grupos populares, ha encontrado en la derecha una narrativa que se ajusta más a sus inquietudes actuales.En conjunto, todos estos elementos explican por qué Chile ha girado furiosamente a la derecha. No se trata de un cambio repentino ni superficial, sino de una reconfiguración profunda de las expectativas ciudadanas, impulsada por el miedo, la frustración, la búsqueda de orden y el desencanto con los proyectos transformadores. Es un movimiento que está redefiniendo el panorama político y cultural del país con una intensidad pocas veces vista desde el retorno a la democracia.
Al Qaeda contra Rusia?
En los últimos meses, la región del Sahel ha sido escenario de un notable resurgimiento de la violencia yihadista que ha puesto en evidencia las debilidades de la estrategia rusa en África. Grupos armados vinculados a Jama'a Nusrat al-Islam wa al-Muslimin (JNIM), afiliada a Al Qaeda, han lanzado ataques de gran escala contra bases militares en Mali, Burkina Faso y Níger, precisamente en los países que en los últimos años habían apostado por estrechar la cooperación militar con Moscú.Repliegue ruso y avance yihadistaTras la retirada de las fuerzas vinculadas a Wagner y la creación del nuevo Africa Corps —un cuerpo paramilitar subordinado al Estado ruso— la expectativa era que Moscú reforzaría su presencia y restauraría cierto control en el Sahel. Sin embargo, el vacío operativo dejado por la reorganización rusa no fue cubierto con eficacia.Los ataques de JNIM se intensificaron de manera fulminante. Varias bases militares fueron capturadas, entre ellas algunas consideradas estratégicas para la defensa del territorio. En numerosas ocasiones, tropas locales y unidades apoyadas por asesores rusos se vieron obligadas a abandonar posiciones enteras ante la presión de los insurgentes.El fracaso de la “solución rusa”La estrategia rusa se basaba en la promesa de estabilizar el Sahel mediante un modelo de intervención militar directa. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ha mostrado lo contrario: los avances de Al Qaeda evidencian que la presencia rusa, lejos de contener la expansión yihadista, ha coincidido con un deterioro notable de la seguridad regional.Las estructuras estatales locales siguen siendo frágiles, a pesar de recibir apoyo externo. La insuficiente coordinación, la falta de recursos y la debilidad institucional han permitido que los yihadistas consoliden posiciones en áreas rurales y avancen hacia zonas que anteriormente estaban bajo control gubernamental.Un nuevo mapa en África OccidentalEl resultado es una erosión clara de la influencia rusa en el Sahel. Mientras Moscú intenta reorganizar su dispositivo militar, los grupos vinculados a Al Qaeda han ampliado su capacidad de reclutamiento, reforzando su control territorial y configurando un escenario mucho más complejo para los gobiernos militares de la región.Analistas coinciden en que la estrategia basada únicamente en intervención militar externa no ofrece una salida sostenible. El conflicto del Sahel tiene raíces profundas en crisis estructurales de largo plazo: debilitamiento institucional, desigualdad, tensiones comunitarias y una falta sistemática de gobernabilidad. La ofensiva de Al Qaeda no hace más que poner de manifiesto estas vulnerabilidades.La reciente escalada de violencia y el avance de los grupos afiliados a Al Qaeda revelan una realidad incómoda para Moscú: el proyecto de reforzar su influencia en África mediante poder militar se está desmoronando. El Sahel, lejos de estabilizarse, se adentra en una nueva fase del conflicto, en la que los insurgentes parecen estar un paso por delante de todos los actores estatales involucrados.
EE. UU.: Operación Inminente
La tensión entre Washington y Caracas ha alcanzado en los últimos días un nivel crítico. Diversas señales diplomáticas, militares y económicas indican que Estados Unidos ha decidido dar un último aviso al gobierno de Nicolás Maduro antes de activar una operación a gran escala cuyo objetivo declarado sería combatir redes de narcotráfico que operarían, según la narrativa estadounidense, desde territorio venezolano.El rechazo frontal de Maduro a abandonar el poder —condición exigida en el reciente ultimátum— ha acelerado los preparativos militares y ha colocado al país caribeño en una situación de máxima alerta. Funcionarios estadounidenses han descrito la inminente intervención como una acción “por tierra y mar”, combinada con un cerco aéreo casi total.El cierre del espacio aéreo: un mensaje inequívocoEn paralelo al intercambio de advertencias, el espacio aéreo venezolano se ha convertido en un escenario de presión intensa. La drástica reducción del tráfico aéreo internacional, impulsada por medidas de seguridad y restricciones externas, ha dejado al país prácticamente aislado del resto del mundo. Este bloqueo aéreo provoca graves efectos económicos y limita el movimiento de ciudadanos y mercancías, aumentando la sensación de un país acorralado.Objetivos y actores implicadosEstados Unidos sostiene que su acción busca desmantelar estructuras narcoterroristas vinculadas al tráfico de drogas hacia su territorio. Entre los objetivos mencionados se encuentran grupos acusados de operar dentro de las instituciones venezolanas, lo que Washington considera una amenaza directa para su seguridad.El gobierno de Venezuela, por su parte, denuncia que estas acusaciones son un pretexto para justificar una operación de carácter político y militar cuyo propósito sería forzar un cambio de gobierno. Caracas insiste en que se trata de un ataque directo contra su soberanía y sostiene que defenderá el país “ante cualquier agresión externa”.Escenario de riesgo inmediatoLos analistas coinciden en que la posibilidad de una intervención es más alta que nunca. Los riesgos principales son:1. Aislamiento total del paísEl cierre del espacio aéreo y las crecientes restricciones internacionales representan un golpe severo para la economía, agravando la escasez de bienes, medicamentos y suministros esenciales.2. Escalada militarUn operativo por tierra y mar podría desencadenar enfrentamientos en zonas estratégicas, con riesgo de desplazamientos internos y afectación a la población civil.3. Inestabilidad política internaLa presión externa podría tensar las instituciones venezolanas hasta el límite, generando fracturas internas y un clima de incertidumbre generalizada.4. Agravamiento de la crisis humanitariaEl miedo, la ruptura de rutas comerciales y las sanciones adicionales podrían profundizar la ya delicada situación social, especialmente en los sectores más vulnerables.Cuenta regresiva en marchaMientras Estados Unidos mantiene la presión diplomática y militar, Caracas ha reforzado la seguridad interna y ha llamado a la población a movilizarse en defensa del país. La comunidad internacional observa con preocupación el rápido deterioro de la situación y teme que una operación de gran escala genere consecuencias imprevisibles para toda la región.A pesar de llamados al diálogo directo, ninguna de las partes muestra señales de retroceder. Las piezas estratégicas están desplegadas, los mensajes han sido enviados y la ventana para la negociación parece reducirse con cada hora que pasa.ConclusiónLa llamada “Operación Venezuela” podría marcar un punto de inflexión histórico. Lo que algunos consideran una ofensiva contra el narcotráfico y lo que otros denuncian como un acto de intervención política podría desencadenar un conflicto con graves repercusiones humanas, regionales y globales. El último aviso está dado. El reloj sigue avanzando.
Bandas y Peso: Cambio crucial
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó en diciembre de 2025 una remodelación profunda del sistema de bandas cambiarias para el peso argentino. Hasta ese momento el esquema establecía una zona de flotación entre un piso y un techo que se movían 1 % por mes; esta variación quedó rezagada respecto de una inflación que superaba el 2 % mensual. Para corregir ese desfase y reducir la incertidumbre en el mercado de divisas, el BCRA decidió que, a partir del 1 de enero de 2026, el límite inferior y el superior se ajustarán mensualmente de acuerdo con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta modificación, los topes de la banda crecerán al ritmo de la inflación de noviembre de 2025 —calculada en torno al 2,47 %— mientras que el piso se desplazará en igual proporción hacia abajo.Según la recalibración oficial, el rango de intervención que en diciembre de 2025 se situaba entre $ 921,20 y $ 1.518,52 por dólar mayorista pasará en enero de 2026 a $ 893,37 en el extremo inferior y $ 1.564,77 en el superior. El propósito de este ajuste es evitar que el techo de la banda pierda valor real frente a la inflación y mantener la cotización del dólar oficial dentro de un corredor creíble. El BCRA enfatizó que la medida otorga flexibilidad a la política cambiaria sin implicar necesariamente un alza del tipo de cambio, dado que la evolución del peso continuará determinada por la oferta y demanda diarias.La autoridad monetaria subrayó además que el régimen seguirá cumpliendo su función de contener movimientos extremos del tipo de cambio. Si la cotización perfora el piso, el BCRA comprará divisas para sostener el valor del peso; si se acerca al techo, venderá dólares para frenar depreciaciones bruscas. Este mecanismo de intervención se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2025 como parte de la salida gradual del cepo cambiario.Programa de acumulación de reservas y re‑monetizaciónJunto con el cambio en la actualización de las bandas, el BCRA lanzó un programa de acumulación de reservas internacionales que busca fortalecer la capacidad de intervención del banco y respaldar la re‑monetización de la economía. La entidad estima que, si la demanda de pesos avanza según su escenario base, la base monetaria —que representaba el 4,2 % del producto interno bruto (PIB) en noviembre de 2025— se elevará al 4,8 % en diciembre de 2026. Para abastecer ese incremento, el banco planea comprar alrededor de USD 10 000 millones en el mercado de cambios. En caso de que la demanda de dinero crezca un punto porcentual adicional del PIB, las compras de reservas podrían llegar a USD 17 000 millones.El programa establece que las compras diarias de divisas no superarán el 5 % del volumen operado en la plaza cambiaria. Este límite pretende evitar que la intervención oficial distorsione el precio del dólar en jornadas de baja liquidez. En la práctica, el BCRA podrá realizar compras en bloque fuera del mercado oficial —por ejemplo, cuando provincias o empresas coloquen préstamos en dólares— siempre y cuando esas operaciones no alteren el funcionamiento normal del mercado. La autoridad monetaria aclaró que las adquisiciones serán discrecionales y dependerán de la evolución de la demanda de dinero, de la oferta de divisas y de las condiciones de liquidez.Contexto económico y razones de la medidaEl cambio de régimen llega después de un año de transición monetaria en el que se abandonó el crawling peg del 2 % mensual y se estrenó la flotación dentro de bandas. Entre abril y noviembre de 2025, la inflación anual descendió de casi 290 % a alrededor de 31,4 % gracias a la disciplina fiscal y a la eliminación de la emisión endógena asociada a pasivos remunerados. Sin embargo, la combinación de elecciones de medio término, volatilidad financiera y salida de Letras Fiscales de Liquidez provocó episodios de dolarización que llevaron al dólar mayorista a tocar el techo de la banda y obligaron al BCRA a vender más de USD 1.100 millones en tres días. En otras ocasiones, con apoyo del Tesoro estadounidense, el organismo consiguió contener la cotización vendiendo sumas menores.El retraso del techo de la banda respecto de la inflación generó incertidumbre, ya que la referencia del tipo de cambio se encarecía menos que los precios. Economistas señalaron que esa brecha incentivaba expectativas de devaluación y dificultaba la reconstrucción de reservas. Al sincronizar ahora el movimiento de la banda con la inflación local, la autoridad monetaria busca restablecer la credibilidad de su esquema cambiario y reducir la volatilidad del mercado. La medida también responde a exigencias del FMI, que había planteado la necesidad de una estrategia más clara para acumular reservas.Repercusiones para el peso y perspectivasEl impacto inmediato sobre el peso argentino dependerá de cómo evolucione la inflación y de la reacción de los agentes económicos. Al acelerar el deslizamiento de la banda superior, el BCRA reconoce que el dólar oficial podría subir más rápido si la inflación no cede; sin embargo, al permitir la compra de divisas dentro del corredor, la autoridad monetaria refuerza su poder de intervención y puede evitar depreciaciones aceleradas. El banco ha destacado que la nueva flexibilidad en la banda debería disminuir la incertidumbre y alinear las expectativas de mercado.Para enero de 2026, analistas privados proyectan que el techo del dólar mayorista alcanzará unos $ 1.564, frente a los $ 1.541 que habría marcado con un ajuste del 1 %. La banda inferior, por su parte, se ubicará en torno a $ 893,37, lo que deja espacio para que el peso gane o pierda valor según la dinámica de oferta y demanda. En cualquier caso, la continuidad del esquema depende de que la inflación siga un sendero decreciente y de que el BCRA logre reponer reservas sin generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.El programa de acumulación de reservas prevé aprovechar los excedentes de pesos derivados de un eventual crecimiento económico. Si el incremento de la base monetaria ocurre por un aumento en la demanda de dinero y no por financiamiento monetario al Tesoro, la emisión asociada a las compras de dólares no debería añadir presiones inflacionarias. Sin embargo, si la demanda de pesos se debilita, el BCRA tendrá que esterilizar la expansión monetaria para evitar que el tipo de cambio se recaliente.Conclusión y el futuro CercanoLa recalibración del esquema de bandas y la puesta en marcha de un programa de acumulación de reservas marcan un hito en la estrategia cambiaria argentina. La decisión de ajustar la banda de flotación al ritmo de la inflación busca corregir la erosión real del techo y dotar de mayor previsibilidad a la evolución del tipo de cambio, mientras que la posibilidad de comprar divisas dentro del corredor pretende recomponer reservas y acompañar la re‑monetización de la economía. El éxito de este plan dependerá de la capacidad del Banco Central para coordinar la política monetaria con la evolución de la inflación y de la confianza de los agentes económicos en que el peso mantendrá su poder de compra.
Cuba al límite sin Petróleo
La supervivencia de Cuba está cada vez más ligada a la suerte del gobierno venezolano. Desde finales de la década de 1990, cuando Caracas comenzó a enviar crudo subsidiado, la isla se volvió dependiente de esos hidrocarburos, llegando a recibir hasta 100 000 barriles diarios en los años de bonanza. A cambio, La Habana enviaba médicos, entrenadores y asesores de inteligencia como parte de una alianza que hoy se conoce popularmente como “operación Venezuela”. Esa operación no es más que un pacto de supervivencia: petróleo a cambio de servicios para sostener al régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la situación se ha deteriorado; los envíos se han reducido a unos 30 000 barriles diarios, alrededor del 40 % de las importaciones energéticas cubanas, lo que ha dejado a la isla al borde del colapso energético. Las plantas termoeléctricas obsoletas y la falta de inversiones han provocado apagones diarios de hasta 16 horas y cortes nacionales que dejan a más de nueve millones de habitantes sin luz.La reducción de crudo no sólo aumenta los apagones, sino que también afecta a otros sectores. Cuba depende de derivados del petróleo para el 95 % de su electricidad. Las alternativas suministradas por México o Rusia son insuficientes, y el embargo estadounidense limita la capacidad de importación. La escasez de combustible obliga a cocinar con leña, paraliza el transporte público y provoca la suspensión de servicios esenciales. En septiembre de 2025, la cuarta caída total de la red en menos de un año provocó un apagón de casi 24 horas en toda la isla. El gobierno tardó días en restablecer el servicio y reconoció que las causas seguían bajo investigación.Colapso económico y socialLa crisis energética agrava la economía. Según economistas cubanos, la producción interna se ha contraído un 15 % desde 2018 y la inflación acumulada roza el 450 %. El peso cubano se ha desplomado: en el mercado informal, un dólar llegó a cotizarse a 450 pesos, cuando en 2020 se pagaban 30. La falta de divisas obliga al gobierno a solicitar ayuda alimentaria internacional; por primera vez se pidió al Programa Mundial de Alimentos leche para niños menores de siete años.El turismo, una fuente crucial de ingresos, no se recupera; las llegadas cayeron cerca de un 20 % en 2025. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos convierte las colas nocturnas en un paisaje habitual. Más del 90 % de la población vive en pobreza extrema y el 70 % reconoce saltarse al menos una comida diaria. La situación sanitaria es alarmante: la basura se acumula, muchas zonas carecen de agua potable y proliferan enfermedades como el dengue.La política de reformas económicas ha sido limitada. Aunque en 2021 se legalizaron pequeñas empresas privadas, el sector privado representa apenas alrededor de la mitad de las ventas minoristas y poco más de un tercio del empleo. Cuba intenta atraer inversiones y flexibilizar ciertos sectores, pero el control estatal y la falta de confianza frenan cualquier despegue. Las medidas de flexibilización no compensan décadas de mala gestión y ausencia de inversión.Éxodo y tensiones socialesEl deterioro económico y la represión política han generado una salida masiva de ciudadanos. Estimaciones académicas señalan que más de 2,7 millones de cubanos, casi una cuarta parte de la población, han abandonado la isla desde 2020. Otros análisis hablan de más de dos millones de emigrantes, equivalentes al 18 % de la población, mientras que informes de universidades británicas sitúan la cifra por encima del millón. Aunque las cifras varían, todas coinciden en que se trata del mayor éxodo desde la Revolución. Jóvenes y familias enteras venden sus hogares, viajan a Nicaragua y cruzan Centroamérica para llegar a Estados Unidos o Europa.La pérdida demográfica tiene consecuencias a largo plazo: se vacían escuelas, falta mano de obra y aumenta el envejecimiento poblacional. Demógrafos advirtieron que la población residente podría haber disminuido un 18 % entre 2022 y 2023. Los que se quedan enfrentan hambre y cortes de energía, pero también la censura y la criminalización de la protesta. Aun así, las redes sociales permiten una movilización inédita; en diciembre de 2025 resurgieron protestas contra la gestión gubernamental, y en julio el gobierno tuvo que destituir a su ministra de Trabajo tras negar la existencia de mendicidad.Operación Venezuela y riesgo geopolíticoLas tensiones geopolíticas añaden incertidumbre. Estados Unidos ha reforzado su presencia naval en el Caribe y ha interceptado buques con crudo venezolano, afectando cerca del 70 % del suministro total. El 21 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses incautaron un petrolero con casi dos millones de barriles destinados a Cuba. La Habana calificó el acto de “piratería” y denunció que Washington busca “asfixiar” a los dos gobiernos.La estrategia cubana consiste en blindar al chavismo: asesores de inteligencia y militares permanecen en Venezuela para depurar a oficiales desleales. Exministros venezolanos exiliados han denunciado que “todos los cubanos te espiaban”. El objetivo, insisten, es garantizar la permanencia de Maduro para mantener la línea de vida energética.PerspectivasEn este escenario, Cuba se encuentra entre la espada y la pared. La operación Venezuela se ha convertido en la única fuente de oxígeno de un sistema que se está quedando sin margen. Si los envíos de crudo siguen cayendo, economistas advierten que la situación será insostenible y provocará el colapso de la economía. Al mismo tiempo, la creciente emigración vacía el país de jóvenes y talento, mientras que las protestas y la pobreza alimentan el descontento.Sin un cambio estructural que permita generar energía de fuentes alternativas, atraer inversión y diversificar la economía, la crisis podría profundizarse aún más. El destino de Cuba parece cada vez más atado a la volatilidad de Venezuela y a la política de sanciones de Estados Unidos. Mientras tanto, la población sigue resistiendo, entre apagones, colas y la esperanza de un futuro mejor.
Islam y laicidad en Francia
Francia ha sido un laboratorio político para el debate europeo sobre la convivencia entre un Estado laico y la práctica del islam. La polémica se reavivó en mayo de 2025 cuando el Gobierno de Emmanuel Macron hizo público un informe encargado al Ministerio del Interior sobre la influencia de la Hermandad Musulmana en el país. El documento afirmaba que la organización, a través de su red de asociaciones y mezquitas, perseguía un «plan a largo plazo» para infiltrar instituciones y propagar una agenda de islam político. El ministro del Interior afirmó que el objetivo final de la Hermandad era «llevar toda la sociedad francesa hacia la sharia», aunque reconoció que la campaña se desarrollaba sin recurrir a la violencia. El texto desató una tormenta política: mientras el Ejecutivo convocaba a sus ministros para elaborar medidas, la asociación Musulmanes de Francia –señalada como rama nacional de la Hermandad– negó cualquier vínculo con la organización egipcia y líderes religiosos como el rector de la mezquita de Villeurbanne calificaron el informe de «bofetada» tras años de colaboración con las autoridades. Expertos en islam político insistieron en que, a pesar de su visión conservadora, la Hermandad no tenía la ambición de instaurar un Estado islámico en Francia y reprocharon al Gobierno que alimentara el miedo para contentar a la derecha.Un Estado laico ante el islam políticoLa creciente vigilancia sobre el islam se remonta a la oleada de atentados yihadistas de 2015 y 2016, que llevaron al presidente Macron a anunciar en 2020 la lucha contra lo que llamó «separatismo islamista». Esta estrategia cristalizó en la polémica Ley para Reforzar los Principios de la República, conocida como ley antisezparatismo, promulgada en agosto de 2021. La norma amplió el control estatal sobre asociaciones religiosas y culturales, obligándolas a firmar un contrato republicano para recibir financiación pública; endureció el control del Estado sobre la educación en casa y las escuelas privadas; prohibió certificados de virginidad, castigó la poligamia y los matrimonios forzosos; restringió la financiación extranjera y permitió cerrar lugares de culto que difundieran discursos de odio. En los dos años siguientes, más de 800 establecimientos –entre ellos mezquitas, salas de oración, asociaciones y restaurantes– fueron clausurados o sancionados bajo estos criterios.Para muchos musulmanes, la ley supuso una intromisión en la libertad religiosa y una forma de estigmatización. Organizaciones de derechos humanos y de minorías denunciaron que el Gobierno confundía la lucha contra el terrorismo con la vigilancia de toda una comunidad. Investigadores señalaron que la ley partía de la premisa de que existe una separación creciente entre la comunidad musulmana y la nación, concepto alimentado por discursos identitarios y electoralistas. Según el politólogo Julien Talpin, la legislación ha normalizado la retórica antiislámica y ha contribuido a la difusión de prejuicios y discriminación.Educación y símbolos: la escuela en el centro del conflictoLas escuelas se han convertido en un campo de batalla clave. En 2023, el ministro de Educación prohibió el uso de la abaya —túnica larga tradicional usada por algunas mujeres musulmanas— en los colegios públicos, alegando que su carácter religioso vulneraba la laicidad. La medida siguió a la prohibición del velo islámico en las aulas en 2004 y del velo integral en espacios públicos en 2010, y fue apoyada por la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, asociaciones musulmanas argumentaron que la abaya no es un símbolo religioso obligatorio y que la prohibición crea un clima de discriminación y perfilado étnico. La máxima instancia administrativa del país respaldó la decisión, indicando que la prenda formaba parte de una lógica de afirmación religiosa incompatible con la neutralidad escolar.Otro frente se abrió en junio de 2024 cuando la escuela privada Averroès, el centro musulmán más grande de Francia, perdió la subvención estatal de dos millones de euros anuales por incumplir supuestamente principios de laicidad. Padres y docentes denunciaron un doble rasero que castiga con severidad a los colegios musulmanes mientras tolera irregularidades en instituciones católicas y judías. Desde 2017, al menos cinco escuelas musulmanas han sido cerradas o desfinanciadas, mientras que más de una docena de solicitudes de financiación han sido rechazadas, según un recuento de Reuters. El Ministerio de Educación defiende que no diferencia entre confesiones y que las medidas responden a problemas de gestión, pero los afectados interpretan el endurecimiento como un mensaje de exclusión.Encuestas, juventud y práctica religiosaMientras las políticas restrictivas se multiplican, sondeos recientes han encendido el debate sobre el arraigo de la sharia entre los musulmanes franceses. Una encuesta del instituto IFOP realizada en 2025 indicó que casi la mitad de los encuestados consideraba que las normas islámicas deberían aplicarse de alguna forma en los países donde viven, aunque la mayoría defendía una aplicación parcial adaptada a las leyes locales. El estudio mostró que los jóvenes practicantes tienden a observar más la oración, el ayuno y el uso del velo que generaciones anteriores. No obstante, el mismo informe subrayaba que el destino de la sharia no era político, sino espiritual: los encuestados asociaban las normas islámicas con la ética personal y familiar y no con la instauración de tribunales religiosos.Las interpretaciones del sondeo fueron divergentes. La publicación provocó titulares alarmistas en medios conservadores europeos, mientras que el rector de la Gran Mezquita de París criticó que se exageraran conclusiones que los propios encuestados no perseguían. Análisis académicos recordaron que las preguntas de la encuesta no incluían la palabra «sharia» y que los resultados reflejaban una mayor práctica religiosa, no una agenda de islam político. Otros expertos advirtieron que, en un contexto de creciente estigmatización, algunos jóvenes pueden reforzar su identidad religiosa como acto de afirmación y pertenencia.El mito de las «zonas sin ley» y la instrumentalización políticaLa combinación de atentados, leyes de seguridad y encuestas ha alimentado discursos sobre la supuesta creación de zonas regidas por la sharia en Francia. La idea de barrios «prohibidos» controlados por musulmanes, popularizada por figuras de la extrema derecha en Estados Unidos y el Reino Unido, ha sido desmentida repetidamente. Investigaciones periodísticas han demostrado que el concepto de «no‑go zones» procede de teorías conspirativas y que incluso en países con consejos islámicos, como el Reino Unido, sus resoluciones no tienen valor jurídico. No existe en Francia ningún barrio donde el Estado renuncie a aplicar sus leyes; lo que sí hay son suburbios marcados por la pobreza y la discriminación, que los agitadores extremistas utilizan para avivar el temor al islam.Los debates en torno a la sharia se han convertido en munición electoral. El informe sobre la Hermandad Musulmana de mayo de 2025 fue publicado en vísperas de las elecciones municipales de 2026 y de las presidenciales de 2027. Partidos de derechas como Les Républicains y Reagrupamiento Nacional han hecho de la seguridad y la identidad sus banderas, proponiendo prohibiciones adicionales al velo, la disolución de asociaciones islamistas y la expulsión de imanes extranjeros. En contraste, la izquierda acusa al Gobierno de criminalizar una religión y de erosionar libertades fundamentales.Entre laicidad y pluralismo: ¿hacia dónde va Francia?A la par que reprime, el Estado intenta estructurar un «islam de Francia». En 2022 creó el Foro del Islam en Francia (Forif) para reemplazar al Consejo Francés del Culto Musulmán, con el objetivo de formar imanes en suelo nacional, financiar mezquitas con transparencia y combatir la influencia extranjera. Sin embargo, tres años después, este órgano carece de legitimidad y enfrenta dificultades para aplicar la ley antisezparatismo, para profesionalizar el imamato y para prescindir de los llamados imanes «desplazados», cuya presencia se prohíbe desde enero de 2024. Las comunidades musulmanas, diversas en prácticas y orígenes, se muestran reticentes a un modelo percibido como estatalista.Francia enfrenta un reto complejo: conciliar su tradición republicana laica con la realidad de ser hogar de más de seis millones de musulmanes, la mayoría de origen magrebí. La sharia, entendida como un corpus de normas religiosas y éticas, no forma parte del ordenamiento jurídico francés, y sus principios están sujetos a la Constitución. El informe gubernamental que alertaba de una «campaña subversiva» para imponer la sharia fue recibido con escepticismo incluso por investigadores críticos con el islam político. La mayoría de los musulmanes franceses sigue valorando la libertad de conciencia y aspira a integrarse plenamente sin renunciar a su fe.A medida que se acerca la contienda electoral, el discurso sobre la sharia en Francia parece avanzar sin marcha atrás. Pero la realidad social es más matizada: el aumento de la religiosidad juvenil convive con una fuerte adhesión a los valores republicanos; las medidas de seguridad destinadas a combatir el radicalismo generan desconfianza y pueden resultar contraproducentes; y el mito de zonas regidas por la ley islámica sirve a intereses políticos más que a hechos verificables. El desafío para Francia consiste en proteger la seguridad y la igualdad sin sacrificar la libertad de culto ni alimentar prejuicios que fragmenten aún más el tejido social.
PSOE sinkt und Vox wächst
La política española está viviendo una transformación acelerada. Tras las elecciones generales de 2023, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró mantenerse en el poder mediante pactos parlamentarios, pero su liderazgo se ha debilitado. Diversas encuestas recientes muestran un desplome sostenido de su apoyo electoral y un notable crecimiento de Vox, la formación de derecha radical que lidera Santiago Abascal. Este fenómeno ha abierto un debate sobre la estabilidad del bloque progresista y la posibilidad de que el Partido Popular (PP) y Vox logren una mayoría suficientemente amplia como para cambiar el rumbo del país.Qué dicen las encuestas más recientesLos sondeos publicados desde el otoño de 2025 muestran una tendencia clara: el PSOE retrocede en intención de voto, mientras que la derecha se consolida. Un estudio realizado por una firma demoscópica situó al PP en torno al 33,6 % de los votos (unos 144 escaños) y al PSOE en torno al 27,4 % (110 escaños). La misma encuesta otorgó a Vox un 16,2 % de apoyo y 55 diputados, el mejor resultado de su historia. La clave del sondeo no era solo la caída socialista; el estudio calculó que Vox captaba cerca de 240 000 votos procedentes del PSOE y de Sumar, incluidos unos 195 000 socialistas desencantados. Además, el PP sufría un trasvase de alrededor de 1,1 millones de electores a favor de Abascal.Otra encuesta, elaborada en septiembre, mostraba cifras aún más abultadas. El PP aparecía con un 35,2 % de intención de voto y hasta 156 escaños, mientras que Vox podría alcanzar cincuenta diputados. El PSOE, por su parte, se hundía hasta el 25,8 % de los sufragios, lo que le situaría en torno a 105 diputados. Un tercer sondeo –realizado pocos días después de los incendios que azotaron varias comunidades– dibujó un panorama todavía más alarmante para los socialistas: el PP caía al 30,7 % de los votos, pero Vox alcanzaba un 17,4 %, cinco puntos por encima de su registro de 2023. La misma investigación cifraba la suma de PP y Vox en el 48,1 % de los votos frente al 37,7 % de PSOE, Sumar y Podemos.Incluso hay sondeos que rozan el sorpasso. Un panel elaborado en noviembre por otra consultora elevó a Vox hasta el 18,6 % de los votos y pronosticó que la formación ultraconservadora pasaría de los 33 diputados actuales a 62, casi el doble. Este crecimiento implicaría 1,47 millones de votos adicionales y situaría a Vox a menos de dos millones de sufragios del PSOE. En ese escenario, el partido de Abascal tendría fuerza suficiente para exigir carteras ministeriales y marcar la agenda de un futuro gobierno de la derecha.Por qué se hunde el PSOE y quién alimenta a VoxEl debilitamiento del PSOE no se explica únicamente por la erosión del poder tras años de gobierno. Varios estudios demoscópicos detectan una pequeña pero creciente fuga de votos socialistas hacia la extrema derecha. Las encuestas del CIS, Opina 360 y 40dB coinciden en que entre el 2,8 % y el 4 % de los votantes socialistas de 2023 se inclinan ahora por Vox. Aunque el trasvase no es masivo, equivale a más de 250 000 votos, un fenómeno que hace apenas unos años era inimaginable.¿Quiénes son esos electores que abandonan el socialismo y abrazan un discurso radical? El perfil que dibujan las encuestas es claro: personas de entre 25 y 44 años, que viven en ciudades o municipios medianos, sin estudios universitarios, con empleos precarios y apuros económicos. Estos votantes no se identifican con las consignas culturales del progresismo y perciben que el Gobierno no se ocupa de sus problemas cotidianos. Cuando escuchan a Vox hablar de impuestos, orden o seguridad, interpretan esas palabras como una apelación directa a su situación. El salto no responde a una conversión ideológica sino a un sentimiento de rabia y castigo hacia un partido que perciben como distante.Vox también se nutre del desgaste del PP. Según los barómetros, alrededor del 14,5 % de los votantes conservadores de 2023 se han pasado a Vox, una cifra que ha crecido hasta el 17,7 % en los estudios más recientes. La formación de Abascal retiene, además, al 86,7 % de sus propios votantes, mostrando una fidelidad mayor que la de sus rivales. Parte de este éxito se debe a la capacidad de Vox para captar el voto joven: en algunas franjas de edad (18-24 y 25-34 años) duplica al PP y supera claramente al PSOE. Su discurso simplificado y su presencia en redes sociales han calado en una generación que desconfía de las élites tradicionales.Elementos que alimentan el ascenso de AbascalAdemás de la erosión de los partidos tradicionales, Vox se beneficia de otros factores. El calendario electoral juega a su favor: al no haber generales a la vista hasta 2027, el votante de la derecha más radical se siente libre para reafirmar sus principios sin preocuparse aún por la gobernabilidad. Esta consolidación le permite imponer debates al PP en cuestiones como el aborto, la inmigración o las políticas climáticas, obligando a los populares a endurecer su discurso y cediendo terreno simbólico. Mientras tanto, la polarización y el auge de líderes ultraconservadores en otros países –como la vuelta de Donald Trump o la irrupción de Javier Milei– ofrecen a Abascal una plataforma internacional que legitima su proyecto.Sin embargo, no todas las encuestas apuntan a un desmoronamiento total del PSOE. Algunas mediciones reflejan que los socialistas aún conservan alrededor del 64 % de sus votantes y, pese a la caída, siguen siendo la principal fuerza entre las mujeres y entre los mayores de 65 años. También hay indicadores de que una parte del electorado prefiere que la legislatura se agote: en una encuesta reciente, el 30,7 % era partidario de mantener el calendario, aunque un 59,3 % reclamaba elecciones anticipadas. El desgaste de Sumar y las tensiones en Junts y otros aliados del Gobierno moderan las expectativas de una remontada, pero el escenario aún está abierto.¿Puede Abascal ganar las elecciones generales?La pregunta que muchos se hacen es si el líder de Vox podría llegar a la presidencia del Gobierno. A la luz de los datos, la respuesta parece compleja. Por un lado, el crecimiento de Vox es incontestable y le da un peso determinante en el bloque de la derecha. En algunos sondeos obtiene cinco puntos más que en 2023 y supera el 17 % de intención de voto. Su rendimiento en escaños podría rondar los cincuenta o incluso superar los sesenta diputados, otorgándole la llave de la investidura. Con estas cifras, Abascal tendría capacidad para negociar ministerios y condicionar la agenda de un Ejecutivo conservador.Pero ganar en solitario parece una quimera. El sistema electoral español premia a las fuerzas más votadas y penaliza la fragmentación, especialmente en provincias pequeñas. Para que Abascal llegase a la Moncloa necesitaría superar al PP en votos y escaños, algo que ninguna encuesta contempla por ahora. Incluso en los sondeos más favorables, Vox sigue siendo tercera fuerza y necesita sumar sus votos a los de un PP que, pese a su desgaste, continúa encabezando las proyecciones. Además, el rechazo que genera Vox en partidos nacionalistas vascos y catalanes limita sus posibilidades de tejer alianzas alternativas. A diferencia del PSOE, que puede apoyarse en formaciones periféricas aunque quede en segunda posición, la derecha radical tiene escaso margen para pactar fuera de su bloque.En consecuencia, la hipótesis más probable es que Vox mantenga su ascenso y se convierta en socio imprescindible del PP en un futuro gobierno, pero no que logre la mayoría necesaria para que Abascal sea presidente. Su verdadero poder residirá en la capacidad de condicionar políticas como la inmigración, la seguridad, el modelo territorial o la transición ecológica. El líder ultra ya ha demostrado en varios gobiernos autonómicos que no dudará en romper pactos si sus exigencias no se cumplen. Esa dinámica tensa cualquier eventual acuerdo y hace que el electorado moderado mire con recelo la posibilidad de un Ejecutivo compartido.Conclusión: un paisaje inciertoEl hundimiento del PSOE y la irrupción de Vox responden a factores que van desde la fatiga económica y la desafección con el discurso progresista hasta la polarización y el ejemplo de movimientos ultraconservadores en otros países. Las encuestas de 2025 dibujan un escenario en el que el bloque de la derecha supera claramente al de la izquierda, pero en el que la aritmética electoral impediría a Abascal gobernar sin la alianza de los populares. Con la legislatura programada hasta 2027, todavía queda tiempo para que el panorama cambie; un giro en la economía, una crisis política o la reorganización de las fuerzas progresistas podrían alterar las tendencias actuales.Lo que sí parece ineludible es que el mapa político español ya no se entiende sin Vox. La formación de Santiago Abascal ha dejado de ser un actor marginal para convertirse en un factor determinante. Aunque aún no pueda aspirar a ganar unas elecciones generales, su capacidad de arrastrar el debate y obligar a los demás a definirse alrededor de sus posiciones será uno de los elementos centrales de la política española en los próximos años.
Monarquía: Tiempos difíciles
En 2025 España volvió a enfrentarse a un año convulso. La inflación persistente, las tensiones políticas y territoriales, la crisis de confianza en las democracias y la sombra de conflictos internacionales como la guerra en Ucrania o la violencia en Oriente Próximo marcaron la agenda. A nivel interno, la DANA del año anterior dejó una profunda herida en la Comunitat Valenciana y otras regiones, la sociedad se dividió por la falta de consenso político y el acceso a la vivienda y al empleo siguió siendo un desafío. En ese contexto de fatiga social y polarización, la figura de la monarquía se mantuvo en el centro del debate público como referente de continuidad y moderación.La institución celebró el cincuentenario de su restauración con actos que subrayaron su papel en la transición democrática. Desde el Palacio Real se reconoció el camino recorrido desde 1975 y se rindieron honores a las figuras que hicieron posible la nueva Constitución. La monarquía recordó que la España actual es fruto de la capacidad de alcanzar consensos y de la confianza en los valores comunes, y que esa lección sigue siendo necesaria para afrontar los desafíos de hoy.A lo largo de 2025, el rey Felipe VI estuvo presente en momentos clave. En octubre, en un homenaje a las víctimas de la DANA en Valencia, transmitió el dolor de la Corona y pidió aprender de la tragedia para prevenir catástrofes futuras y mantener la solidaridad con los afectados. En Valencia volvió a insistir, durante la ceremonia de los premios Rei Jaume I, en la necesidad de sumar esfuerzos para consolidar un sistema científico y tecnológico fuerte y recordó que la ciencia y la innovación deben ser factores de unión y esperanza. Estas intervenciones se sumaron a las palabras del rey en el discurso de Navidad, donde advirtió de la crisis de confianza que atraviesan las democracias, alertó sobre el auge de extremismos y desinformación y llamó a recuperar el espíritu de la Transición. De pie en el Salón de Columnas del Palacio Real, apeló a la convivencia y a la responsabilidad individual y colectiva, subrayando que España progresa cuando comparte objetivos y que el miedo y el ruido impiden ver la realidad en su amplitud.La acción exterior de la monarquía también resultó relevante. En noviembre Felipe VI realizó la primera visita de Estado de un monarca español a China en dieciocho años. Allí se reunió con el presidente Xi Jinping y firmó una decena de acuerdos de cooperación en seguridad alimentaria, educación y espacio, demostrando que la Corona puede actuar como canal diplomático complementario al Gobierno. Pocos meses antes, en septiembre, los reyes viajaron a Egipto para escenificar el nuevo partenariado estratégico entre los dos países y respaldar iniciativas de diálogo y reconciliación en el Medio Oriente. Estas giras permitieron profundizar la proyección internacional de España y tender puentes que van más allá de los vaivenes políticos.En el ámbito institucional, la monarquía siguió impulsando medidas de transparencia y ejemplaridad. Felipe VI renunció a la herencia de su padre y vetó que el rey emérito recibiera asignación de los presupuestos, publicó anualmente la lista de obsequios recibidos y sometió las cuentas de Zarzuela a auditorías externas. Estas acciones, unidas al distanciamiento de las polémicas del reinado anterior, contribuyeron a mejorar la valoración social de la Corona. Una macroencuesta realizada al inicio de 2025 reveló que el 53 % de los españoles cree que la imagen de la institución ha mejorado desde el año 2000 y solo un 28 % considera que ha empeorado. La misma encuesta situaba a la monarquía como la institución mejor evaluada del país con una nota media de 6,3 sobre 10, por delante de la Guardia Civil, la Policía y el Ejército. Análisis posteriores confirmaron que el apoyo crece especialmente entre los votantes de los grandes partidos y se mantiene estable entre hombres y mujeres, mientras que las formaciones nacionalistas e independentistas son las más críticas.Otros estudios de opinión elaborados durante 2025 también aportaron matices. El Informe Borbón de un medio especializado, basado en encuestas de IMOP Insights, señaló que el rey Felipe VI contaba con un 43,7 % de aprobación frente a un 21,1 % de desaprobación y un 35,2 % de neutralidad. El informe destacaba que la reina Letizia y la princesa Leonor alcanzaron su mejor valoración histórica, superando el 60 % de opiniones favorables, y que estas figuras femeninas, junto con la profesionalidad y la transparencia de Felipe VI, son clave para la legitimación simbólica de la monarquía. Sin embargo, advertía de que entre los jóvenes de 24 a 35 años crece la indiferencia y que en territorios como Cataluña persiste una desaprobación significativa, aunque en leve retroceso. La encuesta mostraba que más del 36 % de los consultados percibe que la monarquía es más fuerte que en 2014, mientras que un 33 % la ve estable y un 38 % considera que sigue debilitada. La recuperación del prestigio institucional, la transparencia y la profesionalidad son identificadas como los principales logros del reinado.No faltaron voces críticas que cuestionaron el modelo de Estado, pero los expertos coincidieron en que el debate entre monarquía y república está hoy amortiguado por razones prácticas. La mayoría de los ciudadanos considera que la monarquía parlamentaria garantiza la estabilidad democrática y evita la pugna partidista por la jefatura del Estado. Algunos catedráticos recordaron que el consenso sobre la Corona fue esencial durante la transición y que los rankings internacionales sitúan a las monarquías parlamentarias entre las democracias de mayor calidad. La alternativa republicana, argumentan, concita menos apoyo y podría generar nuevas tensiones en un país con graves desafíos territoriales y políticos.El discurso de la princesa Leonor en la entrega de los premios Princesa de Asturias también marcó el año. La heredera resaltó que la convivencia es el único camino hacia el progreso y reconoció a quienes trabajan por la ciencia, la cultura y el deporte. Meses antes, los reyes y sus hijas habían presidido los premios Princesa de Girona, donde se celebró el talento joven y se animó a la juventud a imaginar y actuar para transformar la realidad. Estas ceremonias reforzaron la imagen de continuidad generacional y acercaron a la institución a los jóvenes.En 2025 se celebraron además actos simbólicos como el Día de la Fiesta Nacional, en el que la Familia Real encabezó un desfile militar y ofreció una recepción a más de un millar de invitados, entre ellos alcaldes de las zonas afectadas por las inundaciones. La presencia destacada de los reyes, de Leonor y de la infanta Sofía subrayó la unidad nacional y la empatía con las regiones castigadas. La monarquía también presidió la entrega del Toisón de Oro a figuras relevantes del proceso democrático y reconoció la labor de jóvenes emprendedores, científicos y artistas, recordando que el futuro de España se construye apoyando el talento y la diversidad.Mirando hacia 2026, las expectativas son de cauto optimismo. Un estudio de la consultora ATREVIA mostró que el 37 % de la población espera que su situación mejore el próximo año, frente a un 10 % que prevé un empeoramiento y un 53 % que cree que seguirá igual. La ciudadanía encuentra su principal fuente de esperanza en el bienestar físico y mental, el amor y la paz y la seguridad, mientras que las cuestiones financieras o medioambientales se sitúan en un segundo plano. Las mujeres y los jóvenes de 18 a 25 años son los más optimistas, en contraste con los mayores, que priorizan la estabilidad y la seguridad. Estas expectativas reflejan un deseo de continuidad con margen de mejora y se alinean con el mensaje del rey de buscar objetivos compartidos y no correr a costa de la caída de otros.Si 2025 fue un año de pruebas, 2026 se vislumbra como una oportunidad para consolidar los avances. La monarquía, reforzada por su papel de árbitro institucional y por la creciente implicación de Leonor, se perfila como pieza clave para mantener la cohesión en un momento en que el país debe afrontar reformas económicas, sociales y climáticas de gran calado. El éxito dependerá de la capacidad de escuchar, de renunciar a dogmas y de trabajar juntos por un proyecto de país que inspire confianza. La Corona ya ha lanzado su mensaje: solo con convivencia, ejemplaridad y sentido de justicia puede España transformar la fragilidad en fortaleza y convertir la desesperanza en esperanza duradera.
Crisis laboral en EE.UU.
A finales de 2025 la economía estadounidense empezó a detenerse. En un país acostumbrado a crear cientos de miles de empleos al mes, los informes de otoño hablaban de solo unos 64 000 puestos nuevos en noviembre y de meses en los que el empleo total cayó. Aun así, el número de vacantes supera con creces al de personas disponibles: las empresas ofrecían unos 7,7 millones de puestos de trabajo y existían alrededor de 1,1 vacantes por cada persona desempleada. Este desajuste ha hecho que cada vez más titulares se pregunten: ¿Y ahora qué?Una demografía que exprime el mercado laboralEl primer factor que explica la escasez de trabajadores es el envejecimiento de la población. Más de una quinta parte de los habitantes de EE. UU. ya tiene 65 años o más y la población jubilada alcanzó los 52,8 millones en 2025, casi 13 millones más que diez años antes. Esta oleada de jubilaciones obligaría a contratar alrededor de 142 000 trabajadores adicionales al mes sólo para mantener las plantillas actuales. La tasa de actividad global se mantiene en torno al 62,5 %, porque el aumento entre la población en edad productiva (83,4 %, cerca de su máximo histórico) no compensa el retiro de los “baby boomers”.Las empresas no pueden recurrir a los parados de larga duración como en anteriores recesiones: se calcula que hay solo 381 000 trabajadores desanimados y el 94 % de las personas fuera de la fuerza laboral afirma no querer un trabajo. Además, 28 millones de adultos en edad productiva tienen algún tipo de discapacidad que limita su incorporación al empleo. El resultado es un mercado muy tenso: por cada jubilado que abandona su puesto hay tres desocupados dispuestos a sustituirle.Menos inmigrantes, más escasezOtro pilar del crecimiento laboral estadounidense ha sido la inmigración. Entre 2020 y 2024 los recién llegados explicaron el 83 % del crecimiento de la población. Inmigrantes y trabajadores extranjeros ocupan cerca del 29 % de los empleos en la construcción y al menos uno de cada cinco puestos en sectores como la hostelería, el transporte, la manufactura y los servicios profesionales.Sin embargo, las políticas de 2025 redujeron drásticamente estas entradas. Los servicios migratorios calculan que en 2025 llegarían unos 500 000 inmigrantes, frente a 2,2 millones el año anterior. Planes gubernamentales prevén deportaciones masivas de hasta un millón de personas al año, redadas en centros de trabajo y recortes en visados. Bajo uno de los escenarios modelizados por economistas, la fuerza laboral dejaría de crecer y empezaría a reducirse si se materializan estos planes. Una tercera parte de las empresas constructoras ya afirma que las medidas federales en materia migratoria han provocado retrasos en sus proyectos.Sectores bajo presiónLa falta de mano de obra no afecta por igual a todas las industrias. Algunos de los sectores más críticos son:Salud: el envejecimiento de la población multiplica la demanda de cuidados, pero se espera una carencia de casi 700 000 médicos, enfermeras tituladas y auxiliares antes de 2037. Las encuestas muestran que más de la mitad de los trabajadores sanitarios planean buscar otro empleo en los próximos años.Manufactura: esta industria debe cubrir 3,8 millones de puestos en la próxima década; hasta 1,9 millones podrían quedar vacantes si no se corrige la tendencia. Los trabajadores fabriles, que ganan de media más de 102 000 dólares al año entre salario y prestaciones, están envejeciendo y las nuevas generaciones no se sienten atraídas por estas carreras.Construcción: nueve de cada diez contratistas tienen vacantes sin cubrir y se necesitarían unos 723 000 trabajadores adicionales al año para responder a la demanda. Uno de cada cinco trabajadores del sector tiene más de 55 años y la edad media de un oficio cualificado se aproxima a los 43. Además, se estima que los costes laborales subirán entre un 6 % y un 8 % anual de aquí a 2026 debido a esta escasez.Hostelería y ocio: aunque los hoteles prevén contratar 14 000 empleados más en 2025, más del 64 % aún se enfrenta a problemas de personal. Para atraer trabajadores, más del 47 % ha aumentado salarios y otros ofrecen horarios flexibles o descuentos en alojamientos.Ciberseguridad y tecnología: cerca del 75 % de las empresas reconocen que no encuentran talento cualificado y el 40 % de los adultos carece de competencias digitales básicas. La demanda de especialistas en ciberseguridad, microelectrónica, construcción naval, inteligencia artificial y energías renovables supera con creces la oferta; por ejemplo, se necesitan 265 000 expertos en ciberseguridad y más de 300 000 soldadores adicionales para 2030.Un mercado sin margen de maniobraEsta combinación de factores genera un mercado anómalo. Los empresarios tienen dificultades para encontrar candidatos cualificados a pesar de que la creación de empleo se está ralentizando. Un sondeo entre pequeñas empresas señala que el 89 % de los propietarios que intentaba contratar en noviembre de 2025 recibía pocos o ningún solicitante adecuado, y una tercera parte tenía puestos vacantes sin cubrir. No obstante, el 19 % planea crear nuevos empleos en los próximos meses, lo que denota confianza en la economía. Los directivos de grandes empresas también miran hacia 2026 con optimismo: dos tercios de los responsables de contratación prevén aumentar plantilla en la primera mitad del año y más de una cuarta parte planea recurrir a trabajadores temporales o contratistas para adaptarse a la demanda.Al mismo tiempo, la falta de habilidades es el principal obstáculo. El 36 % de las compañías admite tener vacantes imposibles de cubrir y la mitad de los candidatos no reúne la experiencia necesaria. Esto provoca que la competencia por el talento se encarezca y que las empresas tengan que invertir en formación o contratación internacional. Otro factor emergente es la automatización: casi el 39 % de las empresas que planea reducir personal lo hace porque adoptará inteligencia artificial. Aun así, los expertos señalan que la IA no destruirá empleo de forma masiva de inmediato; más bien modificará las tareas y exigirá nuevas competencias.Consecuencias económicasLas repercusiones de este desequilibrio no se limitan a las empresas. La escasez de mano de obra y la subida de sueldos presionan la inflación y elevan los costes de proyectos públicos y privados. En la construcción, se recomienda añadir cláusulas de ajuste salarial en los contratos y ampliar los plazos de entrega, ya que incluso tareas sencillas pueden tardar hasta un 15 % más por falta de personal. Para las pequeñas empresas, la combinación de salarios en ascenso (el salario medio por hora creció un 3,5 % interanual en noviembre de 2025) e incertidumbre regulatoria complica la planificación y la contratación.La política comercial también pesa. La imposición de aranceles globales en 2025 redujo drásticamente el ritmo de creación de empleo: de 147 000 puestos al mes antes de los aranceles a apenas 38 600 después. Los economistas señalan que la falta de claridad sobre los costes de importación frena inversiones y contrataciones. Con una política arancelaria más estable y recortes fiscales previstos para finales de 2026, algunos analistas prevén un repunte de la actividad en la segunda mitad del año. No obstante, la previsión dominante es que el desempleo pueda alcanzar el 4,5 % a comienzos de 2026 antes de descender.¿Y ahora qué?La escasez de trabajadores en Estados Unidos no es un fenómeno pasajero ni se resolverá sola. Su raíz se halla en tendencias demográficas inevitables, en políticas que restringen la inmigración y en una transición tecnológica que exige habilidades distintas a las disponibles. Para evitar que la falta de mano de obra frene el crecimiento económico se plantean varias líneas de actuación:1) Fomentar la formación y el reciclaje profesional: se necesitan programas de capacitación a gran escala en oficios técnicos, cuidados de la salud, tecnologías de la información y energías limpias. La colaboración entre empresas, centros educativos y administraciones es clave para generar la mano de obra cualificada que demandan sectores estratégicos.2) Atraer a más jóvenes a sectores esenciales: la construcción, la manufactura y la sanidad deben mejorar su imagen y ofrecer itinerarios claros de carrera para seducir a la generación Z. Aprender oficios a través de programas de aprendizaje remunerado puede ser una vía atractiva.3) Revisar las políticas migratorias: la economía necesita trabajadores extranjeros. Un marco legal que combine seguridad fronteriza con vías de acceso ágiles para cubrir vacantes en agricultura, construcción, hostelería, alta tecnología y cuidado de mayores puede aliviar la presión del mercado laboral.4) Aprovechar la tecnología de forma humana: la automatización y la inteligencia artificial pueden mejorar la productividad y compensar la falta de mano de obra. Sin embargo, deben implementarse con planes de transición que protejan a los trabajadores y actualicen sus competencias.El interrogante “¿y ahora qué?” invita a reflexionar sobre la sostenibilidad de un modelo basado en el crecimiento continuo del consumo y del empleo. La respuesta pasa por reconciliar economía y demografía, innovación y equidad. En la próxima década, la mayor economía del mundo tendrá que reinventar su mercado laboral para evitar quedarse sin manos que hagan funcionar la maquinaria del progreso.
Iran se ahoga sin Agua
En Irán, el agua se ha convertido en el bien más escaso y disputado. Tras varias sequías consecutivas, el país vive la peor crisis hídrica en décadas. Las lluvias han caído a niveles mínimos y las estadísticas oficiales indican que la temperatura media nacional ha subido casi dos grados en los últimos años. La Organización Meteorológica Nacional reconoce que 2025 fue uno de los años más secos de la historia reciente, con precipitaciones en algunas regiones 45 % por debajo de la media y más de 80 % de déficit en varias provincias del sur. El resultado es que diecinueve provincias están catalogadas en situación de sequía severa y los embalses que abastecen a Teherán y otras ciudades importantes están al 10 % de su capacidad, lo que ha obligado a reducir la presión nocturna y planear racionamientos. La capital depende de cinco grandes presas —Lar, Latian, Karaj, Taleqan y Mamloo— que reciben cada vez menos agua de los ríos de las montañas. En noviembre, el presidente Masud Pezeshkian llegó a advertir que, si no llueve, Teherán podría quedar deshabitada y sus diez millones de habitantes tendrían que ser evacuados. No se trata de una hipérbole: las reservas de la ciudad han caído a menos de la mitad respecto del año anterior y algunos embalses, incluido el Amir Kabir, apenas contienen un 8 % de su capacidad. En Mashhad, segunda ciudad del país, las reservas están por debajo del 3 %.Sequía y mala gestión: una combinación explosivaEl régimen atribuye la escasez a la falta de lluvias y al cambio climático, pero los propios expertos iraníes señalan que la crisis no se debe solo al cielo. Décadas de mala planificación, perforación descontrolada de pozos, creación de centenares de presas sin estudios ambientales y una política agrícola insostenible han agotado acuíferos y humedales. Irán destina más del 80 % del agua disponible a la agricultura, a menudo con una eficiencia inferior al 40 %. Aun así, el gobierno insiste en la autosuficiencia alimentaria mediante cultivos como el trigo o el arroz, que consumen enormes cantidades de agua. Mientras tanto, el consumo doméstico representa menos del 10 % del total y los ciudadanos son responsabilizados por un despilfarro que en realidad proviene de un modelo productivo ineficiente. Desde los años noventa, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y su filial constructora Khatam al‑Anbiah han liderado un frenesí de presas y canales que muchas veces desvían el agua hacia industrias afines y zonas favorecidas políticamente. El exministro de Agricultura Isa Kalantarí ya advirtió en 2013 que la escasez de agua era un peligro mayor para el país que cualquier enemigo externo. La expresión “mafia del agua” se ha popularizado para describir a los conglomerados que obtienen contratos millonarios a costa de ecosistemas como el lago Urmia, que ha perdido 90 % de su volumen desde la década de 1970. Más del 60 % de los humedales se han secado y más de la mitad de las grandes presas funcionan por debajo del 50 % de su capacidad.Protestas y descontento socialLa falta de agua no solo afecta a los cultivos; también enciende la mecha de un descontento que amenaza la estabilidad del régimen. Desde 2021, las provincias de Juzestán, Sistan‑Baluchistán e Isfahán han sido escenario de manifestaciones contra los cortes de suministro. Agricultores que ven secarse el río Zayandeh Rud han bloqueado carreteras y exigido que se detengan los desvíos hacia industrias asociadas a los guardianes de la revolución. En 2025 las protestas se extendieron a 31 provincias: camioneros, panaderos, estudiantes y funcionarios se unieron bajo consignas que denunciaban la corrupción, los apagones y la falta de agua potable. Las autoridades respondieron con represión y ocasionalmente cerraron escuelas, bancos y oficinas para ahorrar energía y agua, una medida que solo evidenció la falta de soluciones a largo plazo. La ausencia de transparencia alimenta la indignación. Muchos pueblos del interior dependen de camiones cisterna para abastecerse y algunas zonas de Teherán y Mashhad pasan horas sin agua. Los ciudadanos se ven obligados a comprar depósitos y bombas para almacenar lo que puedan, mientras pagan facturas cada vez más altas. Para una población que ya sufre inflación y sanciones internacionales, esta “sed forzada” se siente como un nuevo ataque a su dignidad.Tensiones regionales y consecuencias geopolíticasLa escasez también tiene un componente internacional. Gran parte del agua de las provincias orientales proviene de ríos compartidos con Afganistán, como el Helmand y el Harirud. La construcción de presas por los talibanes ha reducido el caudal que llega a Irán, secando los humedales de Hamun y agudizando la pobreza en Sistan‑Baluchistán. A su vez, Turquía ha construido numerosas presas en los ríos Tigris y Éufrates, disminuyendo el flujo hacia Irak e Irán. Estas tensiones transfronterizas se suman a una población ya resentida por la falta de agua y han originado disputas diplomáticas que el gobierno iraní utiliza para desviar la responsabilidad interna.Una amenaza existencial para los ayatolásLa crisis hídrica se ha convertido en el mayor desafío para el poder de los ayatolás. La legitimidad del régimen, construida sobre promesas de justicia social y autosuficiencia, se resquebraja a medida que millones de iraníes pierden el acceso a un recurso básico. Las fallas en la gestión del agua son perceptibles en todo el país y ya no pueden atribuirse solo a sanciones externas o a enemigos imaginarios. El propio líder supremo, Alí Jameneí, ha reconocido que el país se enfrenta a una “guerra del agua”. La posibilidad de una evacuación de Teherán o de que grandes zonas queden inhabitables plantea escenarios impensables para un gobierno que basa su autoridad en la estabilidad interna. Además, el agotamiento de acuíferos y el hundimiento del suelo amenazan patrimonios históricos y la viabilidad de ciudades enteras. La emigración masiva del campo a las metrópolis por falta de agua exacerba el desempleo y empuja a los jóvenes a protestar. Sin reformas profundas, la combinación de cambio climático, mala gestión y desgaste social podría desencadenar una crisis política aún mayor que la surgida por la represión de las mujeres en 2022.¿Hay solución?Revertir la sed iraní requiere medidas estructurales. Los expertos recomiendan reorientar la agricultura hacia cultivos menos intensivos en agua y mejorar sistemas de riego para reducir las pérdidas por evaporación. También es imprescindible reparar las redes urbanas, reducir las filtraciones y abandonar proyectos de presas que dañan ecosistemas. Se propone rescatar el antiguo sistema de qanats —galerías subterráneas que aprovechan acuíferos de forma sostenible— y combinarlo con tecnologías modernas. Igualmente importante es reformar la gobernanza del agua: acabar con la corrupción y la opacidad, crear organismos independientes que gestionen recursos de manera transparente y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La comunidad internacional podría ofrecer asistencia tecnológica y financiera, pero la voluntad política debe partir de las autoridades iraníes. Sin una respuesta integral, la amenaza de la sed seguirá creciendo. El agua podría ser el factor que decida el futuro del país y determine si los ayatolás conservan su poder o se ven superados por una crisis que ya no pueden controlar.
Colapso demográfico Alemán
Alemania se enfrenta a un profundo cambio demográfico cuyas consecuencias ya se perciben hoy. Una tasa de natalidad en descenso desde hace décadas, unida a una esperanza de vida en constante aumento y a la jubilación de las generaciones del baby boom, está transformando fundamentalmente la estructura de edades del país. Mientras que en 1983 un sexto de la población tenía entre 15 y 24 años, a finales de 2024 sólo era uno de cada diez. Al mismo tiempo, la proporción de personas mayores de 65 años aumentó del 15 % en 1990 a alrededor del 30 % previsto para 2040. Este envejecimiento de la sociedad hace que una parte creciente de la población tenga derecho a pensión y necesite más servicios de atención.Cotizantes a la baja, jubilados al alzaEl envejecimiento deja huellas profundas en el sistema de pensiones alemán. En 1990 cuatro trabajadores financiaban a un jubilado; hoy dos cotizantes sufragan una pensión. Cuando la generación del baby boom se retire por completo en los próximos años, esta relación se deteriorará a unos 1,5 cotizantes por pensionista. Las previsiones del Instituto de la Economía Alemana de Colonia indican que en 2050 incluso sólo habrá alrededor de 1,3 activos por jubilado. Ahora mismo cada vez menos jóvenes tienen que mantener a cada vez más mayores, una descompensación que pone en apuros al sistema de reparto.La Oficina Federal de Estadística calcula que el número de personas en edad de jubilarse aumentará hasta al menos 20,4 millones hacia finales de la década de 2030. La proporción de jóvenes disminuye mientras la esperanza de vida sigue creciendo (83,5 años para las mujeres y 78,9 años para los hombres). Con el envejecimiento también aumenta el número de personas dependientes: entre 1999 y 2023 pasó de dos a 5,7 millones, y se prevé un déficit de unas 690.000 personas cuidadoras hasta 2049.Un agujero de 120.000 millones de euros en la caja de las pensionesPara estabilizar el nivel de las pensiones en el 48 % hasta 2031 y evitar su reducción, el Gobierno federal ha aprobado un paquete de pensiones. La medida pasa por alto el núcleo del problema: en lugar de reformar el sistema, inyecta más dinero público en la caja de las pensiones. Según los planes, entre 2031 y 2040 el Estado deberá transferir unos 120.000 millones de euros adicionales al régimen legal de pensiones para mantener el nivel elevado. El presupuesto para 2025 ya prevé una subvención estatal de 121.000 millones de euros, después de que en los últimos diez años estas aportaciones hayan aumentado en más de 30.000 millones.Estas cifras muestran la magnitud del déficit demográfico. Mantener el alto nivel de las pensiones encarece aún más el sistema. Economistas advierten de que, sin reformas estructurales, se producirán costes adicionales de decenas de miles de millones. Al mismo tiempo, el potencial de población activa se reduce: un estudio de la Fundación Bertelsmann pronostica que el número de personas en edad de trabajar caerá a unos 35 millones en 2060 si no hay inmigración. Menos cotizantes significan menos ingresos: los 120.000 millones son sólo la parte visible de un agujero financiero creciente.Prueba de fuego para las finanzas públicas y el sistema sanitarioEl cambio demográfico no afecta únicamente a las pensiones. Menos trabajadores implican menos ingresos fiscales, mientras que el gasto en salud y cuidados aumenta. Expertos calculan que el déficit del seguro público de salud podría ascender a unos 87.000 millones de euros ya en 2030, incluso si se aplican todas las medidas de ahorro previstas. Al mismo tiempo, faltan cuidadores y el creciente número de personas de edad muy avanzada seguirá cargando los sistemas sociales y sanitarios. El aumento de las cotizaciones podría elevar los costes laborales al 50 % del salario bruto en 2040.La economía también sufre: la disminución de la oferta de mano de obra frena el crecimiento potencial. La automatización y la digitalización pueden sustituir parcialmente a los trabajadores que faltan, pero no aportan cotizaciones sociales. Además, el "tsunami gris" demográfico plantea desafíos al mercado inmobiliario: cada vez más personas mayores venden sus viviendas mientras desciende el número de compradores potenciales. En las regiones rurales se avecinan bajadas de precios.Preguntas sin resolver y posibles salidasLa situación es grave, pero la política evita reformas profundas. Una solución sostenible a largo plazo debe accionar varios resortes: vincular de forma flexible la edad de jubilación a la esperanza de vida, implantar una previsión profesional y privada obligatoria al estilo neerlandés, mejorar las condiciones para las familias y fomentar la inmigración cualificada. También sería importante reforzar la capitalización de las pensiones para aliviar a las generaciones más jóvenes.El colapso demográfico no se puede detener, pero sus efectos pueden mitigarse. Sin reformas decididas, Alemania corre el riesgo de caer en un agujero financiero cada vez más profundo. El déficit de 120.000 millones en la caja de las pensiones es una señal de alarma: representa una evolución que cuestiona fundamentalmente el modelo social alemán. La política, la economía y la sociedad deben enfrentarse urgentemente a esta realidad para asegurar el bienestar y la cohesión social.
Trump recula en Groenlandia
La nueva ofensiva de Washington sobre Groenlandia comenzó poco después de la reelección de Donald Trump en 2024. El mandatario recuperó una idea que había flotado en su primer mandato: que Estados Unidos debía adquirir la isla más grande del mundo, territorio autónomo de Dinamarca, porque supuestamente era vital para la seguridad nacional y para contener la influencia de Rusia y China en el Ártico. A partir de ese momento el tema pasó de ocurrencia a prioridad presidencial y en enero de 2026 el mundo contempló el súbito recrudecimiento de esa tensión.Una escalada provocada desde WashingtonEn las primeras semanas de 2026, Trump endureció el tono frente a Dinamarca y a sus aliados europeos. No solo insinuó la posibilidad de adquirir Groenlandia “por las buenas o por las malas”; también amenazó con aranceles del 10 % a productos de ocho países europeos a partir de febrero y con elevarlos al 25 % en junio si no se negociaba la venta. La presión incluyó advertencias veladas sobre un posible uso de la fuerza y un llamado a que los europeos asumieran que solo Estados Unidos podía proteger la isla.Sus mensajes se justificaban en la narrativa de que Dinamarca es incapaz de defender su territorio frente a potencias rivales y de que un acuerdo sería beneficioso para todos. Sin embargo, la respuesta en Europa fue de rechazo rotundo. El gobierno danés repitió que Groenlandia no está en venta; dirigentes del Parlamento europeo acusaron a Washington de chantaje y suspendieron la ratificación de un tratado comercial con EE. UU.; y los primeros ministros de los países afectados declararon que no permitirán la ruptura del derecho internacional.Las declaraciones de Trump también encontraron oposición en casa. Legisladores estadounidenses y expertos en derecho señalaron que una anexión por la fuerza violaría la Constitución y el derecho internacional. Incluso miembros de su propio partido recordaron que Estados Unidos mantiene desde 1951 un acuerdo de defensa con Dinamarca que les concede amplios derechos de uso de bases y radares en Groenlandia, por lo que comprar el territorio no aportaría ventajas estratégicas adicionales.El impacto en los mercados y la presión de la OTANLa escalada tuvo un efecto inmediato en los mercados. La simple amenaza de aranceles contra aliados provocó caídas en las bolsas europeas y volatilidad en Wall Street. Los inversores temían que un nuevo frente de guerra comercial se sumara a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Asia. Analistas financieros señalaron que el riesgo no era tanto Groenlandia en sí, sino la incertidumbre que generaba un presidente dispuesto a sacrificar el orden comercial transatlántico para lograr su objetivo. La VIX, indicador del nerviosismo de los inversores, alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2025.A este panorama se añadió la dimensión militar. La idea de apoderarse de un territorio de Dinamarca planteaba un dilema casi inédito para la OTAN: si un miembro ataca a otro, ¿se aplicaría el artículo 5 del tratado, que obliga a la defensa colectiva? Expertos en seguridad señalaron que una acción así habría resquebrajado el principio fundamental de la alianza y debilitado la capacidad de Estados Unidos de proyectar su poder en Europa, Asia y Oriente Medio. La sola posibilidad de tener que elegir entre Groenlandia y la OTAN generó inquietud en el Pentágono y entre los aliados.El giro en Davos: de la amenaza al acuerdoFrente al creciente malestar internacional y la presión interna, el presidente Trump aprovechó el escenario del Foro Económico Mundial en Davos para recalibrar su estrategia. En un discurso de más de una hora, en el que se mezclaron elogios a la era colonial europea y arrebatos contra sus socios comerciales, anunció que no usaría la fuerza para tomar Groenlandia. Horas después, tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó en su red social que habían acordado un “marco de acuerdo” sobre el Ártico y que, en consecuencia, cancelaba los aranceles programados para febrero.Este gesto fue recibido como un respiro. Las bolsas repuntaron con fuerza y los analistas interpretaron el mensaje como una señal de coordinación, no de confrontación. Trump aseguró que el marco negociado incluye la instalación del sistema de defensa antimisiles conocido como Cúpula Dorada en territorio groenlandés y la obtención de derechos mineros para Estados Unidos, aunque no aclaró si implicaría la cesión de soberanía. El gobierno danés remarcó que la isla seguiría siendo parte de su reino y que cualquier acuerdo debía contar con el consentimiento de Groenlandia, cuyas autoridades reiteraron que no aceptarían un trato sin su participación.El riesgo oculto que obligó a recularMás allá de las tensiones diplomáticas, hubo un riesgo que forzó el viraje de la Casa Blanca: la amenaza de fracturar la arquitectura de seguridad occidental. Analistas del ámbito militar y diplomático advirtieron que insistir en una anexión llevaría a otros miembros de la OTAN a cuestionar su compromiso con Estados Unidos. La alianza transatlántica garantiza el acceso a bases, espacios aéreos y cooperación en inteligencia que permiten a Washington desplegar tropas y proyectar su fuerza en todo el mundo. Sin ese apoyo, EE. UU. perdería capacidad para responder en África, Oriente Medio o el Indo‑Pacífico y se vería reducido a un actor regional.Al mismo tiempo, la posibilidad de un conflicto entre aliados podría haber servido a los intereses de Rusia y China, que buscan ampliar su influencia en el Ártico. Moscú ha reforzado su presencia militar en el norte y Beijing ha mostrado interés en invertir en infraestructuras groenlandesas. La fractura de la OTAN facilitaría que esas potencias llenaran el vacío. También habría abierto la puerta a represalias económicas: la Unión Europea consideraba activar un instrumento contra la coerción comercial de EE. UU., un mecanismo que podría haber afectado a exportadores estadounidenses en sectores clave.En el plano interno, la amenaza de una guerra comercial con Europa y el descontento de los mercados pusieron en peligro la recuperación económica. Muchos estadounidenses no entendían por qué arriesgar inversiones y empleos por una isla remota. Además, la Corte Suprema se preparaba para pronunciarse sobre los poderes de emergencia que Trump invocaba para imponer aranceles, y el Congreso había legislado para limitar al presidente en la retirada de tropas de Europa. El cálculo político indicaba que seguir escalando podía convertir una extravagancia en un fracaso costoso.Hacia un compromiso inciertoEl paso atrás no significó el abandono de las ambiciones estadounidenses en el Ártico. Trump sigue defendiendo que solo con la propiedad de la isla EE. UU. podrá garantizar su defensa y explotar sus recursos; insiste en que Dinamarca no puede proteger un territorio tan vasto y que la inversión estadounidense enriquecería a los groenlandeses. Pero al plegarse a un acuerdo que aborda únicamente la seguridad regional y el despliegue del escudo antimisiles, el presidente reconoció que el precio político y económico de forzar la anexión era demasiado alto.Para Dinamarca y Groenlandia, el nuevo marco ofrece tiempo y margen para consolidar su posición. Los europeos han dejado claro que están dispuestos a fortalecer la defensa del Ártico y a permitir mayor presencia militar estadounidense, pero no cederán soberanía. Paralelamente, intensifican sus propias maniobras militares en la zona y estudian modelos de respuesta a una hipotética invasión. El Parlamento Europeo, por su parte, condiciona la reanudación del acuerdo comercial con EE. UU. a una actitud más cooperativa por parte de Washington.La crisis ha servido de recordatorio de la importancia geopolítica del Ártico y de cómo el cambio climático, al abrir rutas marítimas y yacimientos mineros, intensifica la competencia. También ha puesto de manifiesto los límites del poder estadounidense cuando sus decisiones amenazan la cohesión de sus alianzas. Trump reculó con Groenlandia porque el riesgo de dinamitar la OTAN, encender una guerra comercial y desestabilizar los mercados pesaba más que cualquier beneficio inmediato. El episodio subraya que, en un mundo interdependiente, incluso las superpotencias deben sopesar el costo de sus ambiciones.
Crisis entre Trump y el dólar
La relación entre Donald Trump y la Reserva Federal se ha deteriorado de manera dramática. La Administración estadounidense ha lanzado una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, alegando irregularidades en el testimonio que ofreció ante el Senado sobre los costos de renovación de la sede del banco central. El Departamento de Justicia ha enviado citaciones y ha amenazado con formular una acusación formal.Aunque la Administración justifica la medida por supuestos excesos presupuestarios en las obras de la Fed, el propio Powell considera que la pesquisa es un pretexto para presionarlo a recortar los tipos de interés. En una inusual declaración en vídeo, señaló que el Gobierno utiliza el caso como un intento de socavar la independencia de la política monetaria y subrayó que los tipos de interés deben establecerse en función de las condiciones económicas y no de los deseos del presidente.El detonante de la crisis fue el deseo de Trump de ver reducidos rápidamente los tipos de interés para abaratar el crédito e impulsar el crecimiento. Powell, quien fue nombrado presidente de la Fed en 2018, ha defendido un enfoque gradual para evitar un repunte de la inflación. Las tensiones han ido en aumento desde la reelección de Trump en 2024, hasta llegar a la amenaza de imputación y a la posibilidad de que el mandatario destituya o incluso encarcele al presidente del banco central.Consecuencias inmediatas en los mercadosLa reacción de los mercados no se hizo esperar. Tras conocerse la apertura de la investigación, el valor del dólar cayó frente a las principales divisas y el oro alcanzó máximos históricos. Los futuros de las acciones estadounidenses retrocedieron, reflejando la creciente preocupación por la estabilidad del sistema financiero. La perspectiva de que el presidente ejerza presión política sobre la Fed ha aumentado el riesgo de volatilidad en los tipos de interés y de una pérdida de confianza en los activos estadounidenses.Analistas advirtieron que la amenaza de criminalizar a Powell es una escalada sin precedentes que podría desencadenar consecuencias no deseadas. Karl Schamotta, estratega jefe de mercado en Corpay, afirmó que las acciones de la Administración podrían “cortar las piernas” al banco central y generar una serie de efectos contraproducentes. La depreciación del dólar en los días posteriores al anuncio evidenció la sensibilidad de las divisas a la percepción de la independencia de la Fed.La independencia del banco central en juegoLa Reserva Federal es la institución encargada de fijar la política monetaria de Estados Unidos. Su independencia se considera un pilar del sistema económico porque le permite tomar decisiones impopulares, como subir los tipos de interés, sin presiones electorales. Powell recordó que la labor del banco central consiste en lograr la estabilidad de precios y el pleno empleo, y que su gestión se basa en pruebas y análisis económicos.Sin embargo, la ofensiva de Trump plantea un desafío a esa independencia. El senador Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado, denunció que la amenaza de imputación cuestiona la credibilidad del Departamento de Justicia y dijo que se opondrá a la confirmación de cualquier candidato propuesto por el presidente para la Fed hasta que se resuelva el conflicto. Otros senadores, incluidos miembros del propio partido del presidente, han criticado la investigación por considerarla un intento de coacción que debilita la institución.La Administración también busca destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, acusada sin pruebas de fraude hipotecario. La audiencia sobre su posible destitución llegará al Tribunal Supremo en las próximas semanas. Estos movimientos se interpretan como un intento de remodelar la Fed con personas más afines a la agenda presidencial y de establecer un mayor control sobre la política monetaria.¿Puede Trump “destruir” el dólar?La idea de que el presidente pueda destruir el dólar surge del temor a que un ataque directo a la independencia del banco central erosione la confianza internacional en la moneda estadounidense. Una Fed subordinada a los intereses políticos podría tomar decisiones orientadas al corto plazo, como recortes agresivos de tipos, que alimenten la inflación y generen una fuga de capitales. Algunos analistas advierten que un debilitamiento de la autonomía de la Fed podría acelerar la desdolarización, proceso por el cual otros países y bloques económicos buscan reducir su dependencia del dólar para sus transacciones comerciales y sus reservas.Además, el caso de Turquía se cita con frecuencia como advertencia: el presidente Recep Tayyip Erdoğan obligó al banco central turco a mantener los tipos bajos a pesar de la inflación, lo que llevó a un encarecimiento del crédito y a tasas de inflación superiores al 80 %. En Estados Unidos, los mercados de bonos ya han mostrado signos de tensión; el rendimiento de la deuda a largo plazo se ha incrementado y los inversores exigen mayores primas para financiar al gobierno.Por otra parte, la Reserva Federal controla las tasas a corto plazo, pero los mercados determinan los tipos a largo plazo. Si los inversores perciben que la política monetaria está politizada y que la inflación se mantendrá alta, podrían exigir rendimientos más elevados, encareciendo las hipotecas y los préstamos a empresas y hogares. Un incremento persistente de los tipos podría frenar el crecimiento y, paradójicamente, debilitar el dólar en lugar de fortalecerlo.Reacciones políticas y económicasLa polémica ha provocado reacciones en todo el espectro político. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó la investigación como “un ataque a la independencia de la Fed” que amenaza la fortaleza y la estabilidad de la economía estadounidense. Desde el oficialismo, la Casa Blanca se ha limitado a decir que las acusaciones son un asunto del Departamento de Justicia y ha vuelto a arremeter contra la gestión de Powell, calificándolo de inepto.Economistas de renombre y ex presidentes de la Fed han emitido una declaración conjunta en la que condenan la interferencia política. Peter Conti‑Brown, historiador de la Fed, afirmó que el proceso constituye un “punto bajo” en la historia de la banca central porque recurre al peso de la ley para castigar al banco por negarse a ceder ante la presión presidencial.Powell, cuya gestión al frente de la Fed finalizará formalmente en mayo pero cuyo mandato como miembro de la Junta de Gobernadores se extiende hasta 2028, reiteró que no piensa dimitir y que seguirá trabajando con integridad para cumplir con el mandato que le otorgó el Senado. En palabras del propio Powell: “El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas”.Escenarios posibles y consecuenciasSi la investigación desemboca en una acusación formal, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente de la Fed afronta cargos penales. La incertidumbre resultante podría intensificar la volatilidad de los mercados. Un desenlace extremo en el que Trump lograra destituir o incluso encarcelar a Powell abriría un escenario inédito: la posibilidad de que la Casa Blanca nombrara a un sucesor dispuesto a seguir sus directrices sobre tipos de interés. Esto supondría un giro radical en la gobernanza económica estadounidense y pondría a prueba la resiliencia de las instituciones democráticas.En el contexto internacional, una pérdida de confianza en la Fed podría acelerar la búsqueda de alternativas al dólar. El auge de los acuerdos comerciales en monedas nacionales entre países emergentes y el impulso de bloques económicos como los BRICS para crear mecanismos de pago independientes del dólar ya indican un proceso de desdolarización incipiente. Cualquier señal de que la política monetaria estadounidense se somete a intereses partidistas daría argumentos adicionales a quienes promueven el uso de otras divisas de reserva.ConclusiónLas tensiones entre Donald Trump y la Reserva Federal han alcanzado un nivel sin precedentes. La amenaza de encarcelar al presidente del banco central y de tomar el control de la política monetaria supone un desafío directo a la independencia de una institución clave para la estabilidad económica global. Si bien todavía está por verse hasta dónde llegará este enfrentamiento, la reacción inicial de los mercados y las críticas de legisladores y economistas reflejan el enorme riesgo que conlleva politizar la gestión del dinero. La confianza en el dólar —y, en última instancia, en la economía de Estados Unidos— podría verse comprometida si no se preservan los principios de independencia y transparencia que han sustentado al banco central durante más de un siglo.
OCDE: Alerta final a España
España afronta un momento crítico en sus finanzas públicas. En su último examen económico, publicado a finales de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo sonar todas las alarmas. Aunque el organismo reconoce que la economía española ha mostrado una sorprendente resiliencia tras la pandemia y que el crecimiento del producto interior bruto podría alcanzar el 2,9 % en 2025 y el 2,2 % en 2026, advierte de que ese impulso está sostenido por pilares frágiles: deuda elevada, un déficit estructural enquistado y presiones demográficas que amenazan con desbordar el sistema de prestaciones públicas.Según los datos del primer semestre de 2025, la economía española creció principalmente gracias al endeudamiento. Por cada euro adicional de producto interior bruto, la deuda pública aumentó 1,5 euros. Los ingresos tributarios subieron un 6,5 %, pero el gasto lo hizo un 6,1 %, generando un desequilibrio de 32.800 millones en sólo seis meses. Los intereses de la deuda alcanzaron más de 20.500 millones de euros, un 8,2 % más que un año antes, una cifra que ya supera el presupuesto anual de muchas políticas públicas. Estos datos reflejan una dinámica insostenible: la economía crece, pero lo hace apoyada en un endeudamiento masivo que absorbe casi toda la capacidad de expansión real.La OCDE comparte ese diagnóstico: la deuda pública se mantiene en niveles elevados y el déficit estructural ronda el 3 % del PIB. Aunque el déficit nominal descendió al 3,2 % en 2024, el desequilibrio de fondo apenas se ha corregido. Sin medidas contundentes, el organismo alerta de que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto público pueden abocar al país a un colapso fiscal. La institución advierte de que, entre 2023 y 2050, el gasto en pensiones crecerá 3,2 puntos del PIB, y si se añaden los costes sanitarios y de cuidados de larga duración la presión total ascenderá a 5,2 puntos. Esta tendencia se agrava porque las prestaciones están indexadas a la inflación y ya no existe un factor automático de sostenibilidad: los ajustes que contemplaba la reforma anterior se pospusieron y el gasto en pensiones depende enteramente del IPC. La OCDE propone volver a vincular la edad y el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cómputo para mejorar la sostenibilidad.El organismo también critica que el Plan de Estabilidad a medio plazo presentado por el Gobierno carece de detalles sobre cómo reducir el déficit al 0,8 % y llevar la deuda al 90,6 % del PIB en 2031. Señala que el gasto público está demasiado concentrado en transferencias corrientes –especialmente pensiones y prestaciones por desempleo– mientras que la inversión en educación, servicios básicos e infraestructuras se sitúa por debajo de la media europea. Recomienda reforzar la eficiencia del gasto, recortar partidas improductivas y priorizar el gasto orientado al crecimiento.Uno de los focos que más preocupa a la OCDE es el mercado laboral. España mantiene la tasa de paro más alta de la organización, a pesar de la creación récord de empleo en 2024. El organismo subraya la necesidad de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores sénior y de los inmigrantes para sostener la oferta laboral. Insta a mejorar la formación para adultos, revisar los incentivos al subsidio de mayores de 52 años y facilitar la integración de las personas migrantes. También llama a reducir la carga administrativa y ampliar el acceso a la financiación para pymes y emprendedores, uno de los grandes obstáculos a la productividad española.La recaudación tributaria es otro punto crítico. El llamado “tax wedge” –la diferencia entre el coste laboral total y el salario neto que percibe el trabajador– se sitúa en el 40,6 % para un trabajador medio sin hijos, muy por encima de la media de la OCDE. La presión fiscal se apoya demasiado en las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta, mientras que el IVA recauda poco debido a los numerosos tipos reducidos y exenciones. El organismo propone ampliar la base del IVA, revisar las bonificaciones que generan distorsiones y reorientar la carga hacia impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, como los ambientales.El informe dedica un capítulo específico a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron apenas 345.000 licencias de construcción, mientras se formaron 604.000 nuevos hogares; el resultado es un déficit de unas 600.000 viviendas. La OCDE considera que la regulación del alquiler y las trabas urbanísticas estrangulan la oferta, provocando subidas de precios de doble dígito. Recomienda liberar suelo, agilizar y digitalizar los permisos, invertir en vivienda social y establecer un sistema nacional de ayudas al alquiler ajustado a ingresos y precios locales. Sin una intervención decidida, advierte, la tensión en los precios de la vivienda seguirá aumentando y se convertirá en un freno adicional para la competitividad.El organismo internacional reconoce que España ha tenido un desempeño mejor que el de sus socios en términos de crecimiento y creación de empleo, gracias al consumo privado, la llegada de inmigrantes y la inversión impulsada por los fondos europeos. Sin embargo, insiste en que la productividad por trabajador sigue siendo baja y que el capital humano y tecnológico crece lentamente. La inversión en investigación y desarrollo se mantiene por debajo del objetivo europeo, y muchas pymes siguen teniendo dificultades para acceder a financiación alternativa. Estas debilidades estructurales limitarán el crecimiento potencial si no se abordan con reformas profundas.El diagnóstico de la OCDE coincide con las advertencias de economistas independientes. José Ramón Riera, uno de los analistas más críticos con la evolución macroeconómica reciente, sostiene que la economía se está inflando artificialmente; por cada euro de PIB que se genera, la deuda pública aumenta 1,5 euros. El déficit consumió en seis meses el 80 % del límite autorizado por Bruselas, y el coste financiero de la deuda supera ya presupuestos completos de ministerios. En su opinión, sin contención del gasto y sin un impulso decidido a la productividad, España entrará en diciembre de 2026 en una situación fiscal extremadamente preocupante.En 2026 entrará en vigor la nueva regla fiscal europea, que obligará a todos los Estados a situar el déficit por debajo del 3 % y a reducir la deuda de manera sostenida. La OCDE considera que el margen de maniobra del Gobierno español es cada vez menor y que los próximos meses serán decisivos para reconducir las cuentas públicas. Sin reformas estructurales, el crecimiento robusto de hoy podría convertirse en una falsa calma previa a un ajuste doloroso.El mensaje es claro:El tiempo se agota. La OCDE no sólo mejora sus previsiones de crecimiento, sino que lanza una advertencia final. España necesita un pacto de Estado para restaurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, reformar el sistema de pensiones, reorientar la política fiscal, mejorar la competitividad y garantizar vivienda asequible. De lo contrario, los desequilibrios acumulados acabarán por desatar una crisis fiscal que las generaciones futuras no podrán evitar.
IA en apuros Energéticos
En los últimos años, el auge de los modelos de inteligencia artificial (IA) ha desencadenado una fiebre por construir gigantescos centros de datos repletos de procesadores especializados. Esta infraestructura de alto rendimiento necesita una cantidad de energía sin precedentes. Los centros de datos dedicados a la IA consumieron en torno a 415 TWh en 2024, lo que equivale a alrededor del 1,5 % de la electricidad mundial. La demanda crece a un ritmo superior al 12 % anual y podría duplicarse hasta 945 TWh para 2030. En Estados Unidos, estas instalaciones utilizaron 183 TWh en 2024 (cerca del 4 % de la demanda nacional) y se proyecta que llegarán a 426 TWh en 2030. Los analistas prevén que el consumo estadounidense de los centros de datos oscile entre el 6,7 % y el 12 % de la electricidad total en 2028, lo que requerirá triplicar la capacidad anual de generación.Un solo centro de datos centrado en IA puede necesitar tanta electricidad como 100.000 hogares. Los proyectos más ambiciosos que están en marcha podrían multiplicar por veinte esa cifra. Las mayores concentraciones se sitúan en el llamado “corredor de la IA” de Estados Unidos, donde los centros de datos consumieron el 26 % del suministro eléctrico de Virginia y superaron la demanda de los hogares en condados como Loudoun. Europa vive una fiebre similar: la construcción prevista de centros de datos podría añadir 170 GW de carga y elevar el consumo eléctrico continental en un 10–15 % en la próxima década. La patronal eléctrica europea estima que estas instalaciones pasarán de representar el 3 % de la demanda comunitaria a entre 149 y 287 TWh en 2030, un incremento del 170 %.Cuando la red eléctrica se convierte en obstáculoLas infraestructuras de transmisión resultan ser el eslabón más débil. La mayor parte de las redes de Estados Unidos se construyó en los años cincuenta y setenta; su envejecimiento y la falta de capacidad impiden conectar nuevos centros de datos a la velocidad requerida. El tiempo de espera para recibir un punto de conexión en Europa oscila entre siete y diez años, y podrían aplazarse una quinta parte de los proyectos. Ante este cuello de botella, los promotores invierten en generación in situ (plantas solares, parques eólicos, turbinas de gas y baterías) para alimentar directamente sus servidores. Este modelo transforma a los centros de datos en pequeñas ciudades energéticas que compran electricidad al por mayor, gestionan sus propias redes y negocian con las compañías eléctricas para reforzar la infraestructura regional.Mientras las empresas presumen de contratos verdes, la realidad es que cerca del 60 % de la energía de los centros de datos procede todavía de combustibles fósiles. Las tecnologías de refrigeración también son voraces. En un centro convencional, los servidores absorben alrededor del 60 % de la electricidad, mientras que la refrigeración puede oscilar entre el 7 % y el 30 % según la eficiencia. La innovación en eficiencia energética es vital: equipamientos con un índice de eficiencia energética (PUE) de 1,1 reducen hasta un 84 % el consumo de energía auxiliar frente a los centros con PUE de 2,0, y sistemas de refrigeración líquida pueden ahorrar hasta un 40 % de electricidad y mejorar 3,5 veces la disipación térmica.Impacto ambiental y uso de aguaEl hambre energética de la IA conlleva un alto coste ambiental. A nivel mundial, los centros de datos consumieron aproximadamente 66 mil millones de litros de agua dulce en 2023 y podrían duplicar o triplicar esa cifra en 2028. En Estados Unidos, estas instalaciones consumieron 17 mil millones de galones (64,3 mil millones de litros) de agua en 2023 y podrían necesitar entre 16 y 33 mil millones de galones cada año para 2028. Cada centro utiliza alrededor de 300.000 galones diarios. Esta demanda se vuelve crítica en zonas con escasez; se estima que dos tercios de los centros construidos desde 2022 se encuentran en regiones de estrés hídrico. Además, la huella de carbono podría dispararse: los nuevos centros de datos europeos podrían emitir 39 millones de toneladas de CO₂ anuales en 2030 y acumular 121 millones de toneladas en seis años si dependen del gas y el carbón. En Irlanda, donde los centros de datos ya absorben el 20 % de la energía nacional y podrían alcanzar el 30 % en 2030, la presión sobre la red provoca cortes de suministro y subidas tarifarias que afectan a hogares y pequeñas empresas.Una carrera a contrarrelojEl rápido ascenso de la IA ha desatado inversiones masivas. El número de centros de datos a escala global superó los 11.800 en 2024. La expansión responde a la demanda de modelos generativos más potentes que necesitan millones de chips específicos y grandes volúmenes de datos. Los analistas advierten que para 2030 se habrán construido centros de más de 500 MW, veinte veces más grandes que los tradicionales. Este crecimiento no solo tensiona la red eléctrica; también puede repercutir en los precios minoristas. En Estados Unidos, los consumidores ya perciben una subida de las tarifas eléctricas y un 16 % culpa a los centros de datos de sus facturas más elevadas. En Virginia, el coste de la electricidad se duplicó en cinco años en las zonas con alta concentración de centros de datos.El desafío no es solo energético. La demanda de materiales como cobre y acero para los centros de datos podría desbordar la capacidad de la cadena de suministro. El agua necesaria para enfriar estos complejos podría reducir la disponibilidad para la agricultura y el consumo humano. Además, los expertos alertan de que la concentración de grandes cargas en unas pocas regiones genera vulnerabilidades; un fallo en la red puede desencadenar apagones y obligar a recurrir a generadores diésel, con un enorme impacto en la calidad del aire.Hacia un modelo energético sostenibleA pesar de las amenazas, el sector también ofrece oportunidades. La urgencia de abastecer a la IA está impulsando la modernización de la red eléctrica y el despliegue de energías renovables. Actualmente, las energías renovables suministran cerca del 27 % de la electricidad que consumen los centros de datos, y se prevé un crecimiento anual del 22 % para cubrir al menos la mitad del aumento de demanda. Combinado con la digitalización, este auge podría acelerar la transición hacia redes más inteligentes que integren generación distribuida, almacenamiento y gestión automatizada para evitar apagones. Innovaciones como la reutilización del calor residual en redes de calefacción urbana, la reducción del factor de potencia y la migración de cargas a regiones con exceso de energía renovable se perfilan como estrategias para minimizar la huella de la IA.ConclusiónLa inteligencia artificial se enfrenta a una paradoja: su desarrollo requiere cantidades colosales de electricidad que superan la capacidad de las redes actuales, y a la vez la misma tecnología puede ofrecer soluciones para optimizar el uso de energía. La escasez de electricidad y agua ya es una realidad en regiones con alta concentración de centros de datos y se agravará si no se actúa con rapidez. Para evitar que la promesa de la IA se convierta en un problema energético y ambiental, será necesario combinar inversiones en infraestructuras, avances en eficiencia y una regulación que ponga límites y obligue a las empresas a compartir recursos. De lo contrario, la inteligencia artificial podría quedarse sin la energía que necesita para seguir creciendo.
Paradoja del Sol Peruano
La moneda peruana, el sol, cerró 2025 como una de las divisas más fuertes de América Latina y mantuvo su impulso en el arranque de 2026. Datos oficiales muestran que el tipo de cambio cayó alrededor de 10 % el año pasado, llevando la cotización a unos 3,36 soles por dólar. El fortalecimiento de la moneda local se explica por un contexto internacional en el que la debilidad del dólar coincidió con precios récord de cobre y oro, exportaciones históricas y una balanza comercial con superávit superior a US$30 000 millones. El comienzo de operaciones del Puerto de Chancay en noviembre de 2024 también incrementó el flujo de divisas: en su primer año movió 286 255 TEU, generó US$900 millones en exportaciones y redujo a la mitad los tiempos y costos de envío hacia Asia.Las cifras alimentan la sensación de éxito. La inflación se mantiene en 2 %, el crecimiento ronda el 3 % y el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene la tasa de referencia en 4,25 % con expectativas de inflación ancladas. Las entradas de divisas abaratan las importaciones y dan alivio a los deudores en dólares. Para los consumidores peruanos, la apreciación significa precios más bajos y un poder de compra reforzado. Sin embargo, este mismo éxito tiene un costado oscuro: al recibir menos soles por cada dólar exportado, los márgenes de los exportadores tradicionales y de agroindustria se estrechan. Sectores como la agroexportación, la pesca y el turismo enfrentan una pérdida de competitividad; incluso las remesas familiares pierden valor.Economistas advierten que el impulso del sol no se debe únicamente a factores productivos. La entrada masiva de dólares por exportaciones de metales, capitales especulativos e incluso flujos ilícitos ha generado un exceso de oferta de divisas. El BCR ha intervenido comprando más de 2 300 millones de dólares en 2025 y US$53 millones en enero de 2026 para evitar una apreciación desordenada. Aun así, la presión a la baja continúa: proyecciones privadas sitúan el tipo de cambio entre 3,30 y 3,45 soles por dólar para finales de 2026. La fortaleza de la moneda favorece a importadores, pero expone a la economía a la volatilidad de los precios internacionales y a la amenaza de una “enfermedad holandesa” que erosione el tejido productivo.El éxito del sol también está marcado por desigualdades internas. El auge del puerto de Chancay, construido por una empresa estatal china, ha convertido al Perú en nuevo hub logístico del Pacífico, pero no ha evitado que 29 % de la población local carezca de agua potable y 70 % de conexión a Internet. Mientras el puerto moviliza millones en comercio, las comunidades cercanas quedan rezagadas en infraestructura básica. Además, la bajada de los fletes marítimos —de US$5 000 a menos de US$2 000 por contenedor— abre oportunidades para las micro y pequeñas empresas exportadoras de superalimentos, textiles de alpaca o artesanías, pero solo si cuentan con capacidad de asociarse y acceder a financiamiento. Esta paradoja refleja que el éxito macroeconómico no se traduce automáticamente en bienestar territorial.La incertidumbre política que acompaña a las elecciones generales de 2026 añade otro elemento de riesgo. Históricamente, los procesos electorales generan depreciación temporal del sol, y los analistas prevén episodios de volatilidad en la primera mitad del año. La posible aprobación de normas de gasto que comprometan la sostenibilidad fiscal o la amenaza a la independencia del BCR podrían ahuyentar inversiones. Por otra parte, cambios en la Reserva Federal de Estados Unidos, como la llegada de un nuevo presidente, podrían fortalecer el dólar y moderar el ciclo de apreciación.Para evitar que el sol “muera de éxito”, expertos recomiendan diversificar la matriz productiva, impulsar la formalización del empleo y aumentar la productividad en sectores no tradicionales. También señalan la necesidad de invertir en infraestructura social en las zonas vinculadas al comercio exterior, garantizar la independencia de las instituciones económicas y mantener una política fiscal prudente. El puerto de Chancay y el superávit comercial ofrecen una oportunidad única para financiar reformas estructurales y fortalecer la competitividad. Si el Perú logra equilibrar estabilidad macroeconómica con desarrollo inclusivo y diversificación, el sol podría seguir brillando sin convertirse en víctima de su propia fuerza.
Cuba aislada y en Crisis
Hasta hace unas décadas, la Revolución cubana seducía a gobiernos, intelectuales y movimientos sociales. Hoy el panorama es radicalmente distinto. La captura en Caracas del venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 desencadenó el corte inmediato de los envíos de crudo venezolano que sostenían a la isla. Pocos días después, el presidente estadounidense Donald Trump declaró a Cuba "amenaza para la seguridad" y firmó una orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que venda petróleo a La Habana. La isla, que necesita unos 110 000 barriles diarios y produce apenas un tercio, solo ha recibido un cargamento de 84 000 barriles procedente de México.La reacción internacional ha sido contundente. Canadá, Alemania y Suiza desaconsejan viajar a Cuba; las aerolíneas canadienses cancelaron sus vuelos y las rusas Rossiya y Nordwind los suspendieron indefinidamente por falta de combustible. Los apagones se han vuelto crónicos: la Unión Eléctrica reportó que más del 64 % del país se quedó sin electricidad durante las horas de máxima demanda, mientras un peso cada vez más débil cae a 500 pesos por dólar, su mínimo histórico. La ONU advierte de un posible colapso humanitario si la isla no recibe petróleo y señala que las restricciones estadounidenses afectan a los más vulnerables.Crisis estructural y saqueo internoEl cerco exterior se suma a un colapso económico gestado por décadas de gestión autocrática y corrupción. Según un análisis del Real Instituto Elcano publicado el 12 de febrero de 2026, el régimen reexportó alrededor del 60 % del petróleo venezolano recibido entre 2024 y 2025 hacia Asia a través de la empresa Cuba Metales, vinculada al conglomerado GAESA, controlado por la familia Castro. Solo el 40 % del crudo se destinó al consumo interno, privilegiando el sector turístico gestionado por GAESA y el aparato represivo; las necesidades energéticas de la población quedaron al final. El dinero obtenido fue depositado en paraísos fiscales.La crisis energética es solo un síntoma de un colapso generalizado. La deuda externa supera los 46 000 millones de dólares, las remesas han caído un 70 %, el turismo se hundió un 68 % respecto a la época prepandemia y los ingresos por exportación de servicios médicos cayeron un 53 %. La industria azucarera dejó de exportar y ahora Cuba importa azúcar para su propio consumo. La inversión extranjera prácticamente desapareció y el sistema eléctrico no puede generar ni el 40 % de la electricidad necesaria. El derrumbe de la moneda informal es la consecuencia lógica de ese fracaso.La sanidad pública, antaño orgullo de la Revolución, está en ruinas. Más de 70 000 profesionales sanitarios emigraron en los últimos tres años. Los hospitales colapsan, falta medicación y la inversión en salud ronda el 2 % del gasto mientras se destinan más del 30 % de los recursos al turismo. El régimen destinó enormes recursos a hoteles y complejos turísticos administrados por GAESA. Dos de sus filiales, Almest y Gaviota, registran un patrimonio neto de 22 756 millones de pesos cubanos, casi 13 veces lo que el gobierno invirtió en salud y asistencia social en 2023, según una investigación periodística citada por PanAm Post.Mientras tanto, el régimen usa la retórica del “bloqueo” para justificar la miseria, pero sigue importando alimentos estadounidenses: las compras de carne de cerdo aumentaron un 106 % en 2025, las de granos y piensos un 252 % y las de café un 32 %. El destino de estos productos se desconoce y no beneficia al ciudadano común. Además, la expansión del dengue y el chikungunya ha causado al menos 47 muertes, agravada por la falta de fumigación y tratamiento que el propio gobierno achaca a la escasez de recursos.Medidas extremas y resistencia internaAnte el asedio petrolero y la debacle interna, el gobierno de Miguel Díaz‑Canel activó la “Opción cero”, una estrategia de los años noventa que contempla racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria y el uso de tracción animal y carbón para cocinar. La administración suspendió el transporte público y las clases universitarias, restringió las cirugías no esenciales, limitó la venta de diésel y ordenó que las empresas estatales reubiquen a sus trabajadores. Universidades y oficinas adoptan teletrabajo y horarios reducidos, aunque los apagones prolongados –más de 15 horas en muchos casos– dificultan cualquier modalidad.En las calles, la desesperación es palpable. Los cubanos cocinan con carbón y leña, la basura se acumula y fomenta epidemias de mosquito. Las familias reciben raciones exiguas: una cartilla de racionamiento vigente desde 1962 otorga apenas seis libras de azúcar al mes. El salario o pensión promedio, alrededor de 3 600 pesos (siete euros), apenas alcanza para un cartón de huevos. Quien no recibe remesas o ayuda externa enfrenta el hambre.La pérdida de legitimidadMás allá de la escasez material, la crisis ha minado la base ideológica del castrismo. Analistas señalan que el Partido Comunista ha perdido la capacidad de moldear la percepción ciudadana: la mayoría de los cubanos ya no creen en el partido ni en sus líderes. Muchos de sus antiguos militantes se han convertido en disidentes pasivos. Las redes sociales e iniciativas de prensa independiente –como 14yMedio, Cubanet o Cibercuba– informan sobre la realidad cotidiana, y las personas prefieren estas fuentes a los medios oficiales. El aparato represivo sigue siendo eficaz, pero su legitimidad se erosiona a ojos de la población y de las propias Fuerzas Armadas. El estudio del Real Instituto Elcano sostiene que las FAR no se han beneficiado de las operaciones ilícitas de GAESA y podrían desempeñar un papel decisivo en una transición democrática.Por primera vez en casi siete décadas, ningún actor externo parece dispuesto a rescatar financieramente al régimen. México y Chile han enviado ayuda humanitaria, pero muestran cautela ante las amenazas arancelarias de Washington. Rusia promete suministrar petróleo como “ayuda humanitaria”, aunque sus envíos no sustituirán las cifras de Venezuela. En este contexto, incluso antiguos simpatizantes de izquierda cuestionan abiertamente al gobierno; el escritor uruguayo Eduardo Galeano, antes admirador de la Revolución, denunció que el socialismo cubano se ha convertido en una oligarquía familiar. Las organizaciones internacionales llaman al diálogo y a respetar la legalidad internacional, instando a poner fin a las sanciones y al mismo tiempo a que La Habana cumpla con los derechos humanos.Un futuro en disputaEl cerco a Cuba no es solo un castigo exterior; es la consecuencia de un sistema agotado que expolia a su pueblo mientras culpa al enemigo externo. La captura de Nicolás Maduro y la orden ejecutiva de Trump aceleraron el declive al cortar el suministro de petróleo, pero la catástrofe ya estaba en marcha por la mala gestión y el saqueo institucionalizado. La comunidad internacional observa la posibilidad de una transición inédita. Los expertos señalan que, si las Fuerzas Armadas se desmarcan de la oligarquía y se alinean con la población, se abrirá una vía pacífica hacia la democracia.Para los cubanos de a pie, el cambio no puede llegar lo suficientemente pronto. En barrios de La Habana, la gente se resiste a renunciar a su dignidad; surgieron cacerolazos nocturnos, protestas espontáneas y huelgas de hambre. La consigna “Patria y Vida”, que desde 2021 desafía al eslogan oficialista, vuelve a escucharse. Muchos cubanos en la diáspora envían ayuda y presionan por reformas. El futuro de la isla dependerá de la convergencia de estas fuerzas internas con la presión internacional y la disposición de la élite a abandonar su poder. El castrismo, que alguna vez prometió liberación, enfrenta ahora la deserción de quienes lo sostuvieron y el rechazo generalizado de una comunidad global que ya no tolera la represión y el saqueo. El cerco se estrecha y el fin de una era parece cada vez más cercano.
¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?
En la madrugada del 3 de enero de 2026 aviones de combate estadounidenses irrumpieron en Caracas. La operación, bautizada Resolución Absoluta, terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Dos días después, el presidente depuesto se declaraba inocente ante un tribunal federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y conspiración. Mientras tanto, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumía el poder interino, pero sin garantías de elecciones inmediatas. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno dirigiría Venezuela «hasta que podamos hacer una transición adecuada», sugiriendo un tutelaje de la industria petrolera venezolana y despertando dudas sobre la legalidad internacional de la intervención. Las potencias regionales protestaron, y la captura de Maduro se convirtió en un terremoto que reverberó en La Habana y Managua.En La Habana el efecto fue casi inmediato. Cuba vive la peor crisis económica en décadas: el peso perdió más del 10 % de su valor en tres semanas y las colas para conseguir combustible se alargan en una isla castigada por apagones de hasta doce horas. La falta de petróleo venezolano y mexicano —bloqueado por las nuevas sanciones de Washington— dejó a las gasolineras sin reservas. Los cubanos soportan precios de alimentos y transporte por las nubes, largas filas para comprar pan y un racionamiento de combustible que obliga a muchos a pagar en dólares, una moneda inaccesible para la mayoría. Aunque las penurias han desencadenado protestas esporádicas, la represión y el exilio de hasta dos millones de personas desde la pandemia han desarticulado cualquier oposición organizada. Según organismos de derechos humanos, en 2025 había al menos 203 personas detenidas arbitrariamente y cerca de 700 presos políticos en la isla. Las detenciones masivas, los juicios sin garantías y la vigilancia sobre las familias de los presos forman parte de un patrón de intimidación estatal.La Nicaragua de Daniel Ortega sigue una deriva parecida. Desde las protestas de abril de 2018, que dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen ha reprimido sistemáticamente la disidencia. En 2023 expulsó a 222 presos políticos y les retiró la nacionalidad; cientos más perdieron su ciudadanía y sus bienes por decreto. Al menos 81 críticos permanecían encarcelados a finales de 2023, acusados de «menoscabar la integridad nacional», muchos en condiciones inhumanas. La persecución no se limita a la oposición secular: el obispo Rolando Álvarez recibió una condena de 26 años de prisión y fue incomunicado, y las cuentas bancarias de varias diócesis fueron congeladas. Desde 2018 el gobierno ha clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, confiscaron universidades y medios de comunicación y obligaron a exiliarse a centenares de periodistas.En agosto de 2024 el Parlamento nicaragüense canceló de un plumazo 1.500 organizaciones sin ánimo de lucro, incluida la Cruz Roja, elevando a más de 5.200 el número de asociaciones cerradas desde 2018. Un mes después, 135 presos políticos fueron liberados y expulsados del país, mientras siete sacerdotes fueron enviados al Vaticano. En noviembre el oficialismo aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y designa a Rosario Murillo como «copresidenta», consolidando la concentración del poder. La reforma también autoriza despojar de ciudadanía a quien el Ejecutivo considere traidor. Las autoridades, además, ampliaron la ley de ciberdelitos para penalizar publicaciones en redes sociales y aprobaron normas que permiten perseguir y confiscar bienes de opositores que residen en el extranjero.Este clima de persecución ha empujado a miles de nicaragüenses al exilio. En 2018, unos 40 000 huyeron a Costa Rica; las oleadas se han multiplicado desde entonces, alimentadas por la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y el cerco a la Iglesia católica. En febrero de 2023 el gobierno quitó la nacionalidad a 222 presos excarcelados y, días después, privó de ciudadanía a otros 94 opositores, entre ellos destacados escritores y religiosos. La Organización de las Naciones Unidas denunció que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se despojó de la nacionalidad a 452 personas y que el régimen extendió sus amenazas al extranjero mediante vigilancia digital y castigos contra familiares de exiliados. En diciembre de 2024 el oficialismo prohibió el ingreso de periodistas y activistas; esa misma política se ha traducido en investigaciones por «lavado de dinero» contra congregaciones religiosas y el cierre de la universidad jesuita UCA.El fantasma venezolanoLa crisis venezolana es el ejemplo que más temen los nicaragüenses. En el primer semestre de 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con poco más del 51 % de los votos, sin entregar las actas de votación ni permitir auditorías. Organismos internacionales y centros de observación consideraron que el opositor Edmundo González había obtenido la mayoría, pero el régimen emitió una orden de detención contra él y forzó su exilio. Antes de la votación, el gobierno lanzó el plan «Furia Bolivariana» y detuvo a decenas de militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos bajo acusaciones de conspiración.La represión ha ido acompañada de un colapso económico. Alrededor de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional sin acceso a alimentos ni medicinas esenciales. Más de ocho millones han abandonado el país desde 2014, lo que ha generado la mayor crisis de desplazamiento del hemisferio. Colombia alberga a 2,8 millones de migrantes, Perú a 1,6 millones y otros cientos de miles han cruzado la peligrosa selva del Darién. La hiperinflación, la corrupción y la dependencia del petróleo han destruido la economía. Las remesas y la explotación informal de oro han sido la principal fuente de supervivencia de muchas familias.La captura de Maduro en enero de 2026 abre un nuevo capítulo incierto. Muchos venezolanos celebraron la noticia, pero expertos advierten que la destitución del líder no garantiza un cambio democrático. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora dirige el país, formó parte del núcleo autoritario y enfrenta sanciones internacionales. La posibilidad de que Estados Unidos supervise la transición genera preocupación tanto en la región como entre organizaciones internacionales, que cuestionan la legalidad de la operación y temen que el conflicto se prolongue.¿Puede Nicaragua terminar como Cuba o Venezuela?Existen paralelismos evidentes entre los tres países. En Nicaragua, como en Venezuela y Cuba, el poder se concentra en un núcleo familiar que controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; las reformas constitucionales eliminan los contrapesos y prolongan los mandatos. Las detenciones arbitrarias, la represión de protestas y la criminalización de la libertad de expresión son patrones comunes. La cancelación de organizaciones civiles, la expropiación de bienes y la retirada de ciudadanía recuerdan a las políticas de La Habana que, desde 2021, han encarcelado a centenares de manifestantes y mantienen a casi 700 presos políticos.También hay diferencias. A pesar de la represión, la economía nicaragüense creció un 3,9 % en el primer semestre de 2025 gracias a remesas y a la estabilidad macroeconómica, y se proyecta un crecimiento del 3,4 % en 2026. La inflación está controlada y la deuda pública ha disminuido. En cambio, la economía venezolana se contrajo más del 75 % desde 2013 y la cubana enfrenta un desabastecimiento crónico. Las sanciones internacionales contra la minería de oro nicaragüense y la congelación de préstamos extranjeros podrían, no obstante, socavar esta relativa estabilidad.El régimen de Ortega parece seguir aprendiendo del manual cubano y venezolano: utiliza la represión, la propaganda y el despojo de ciudadanía para consolidar su poder. El cierre masivo de ONG y universidades ha dejado a la sociedad civil sin capacidad de organización. La información oficial se reduce a los monólogos diarios de Rosario Murillo, mientras los datos sobre pobreza, salud o educación se ocultan o manipulan.Sin embargo, el desenlace no está escrito. La captura de Maduro demuestra que las autocracias no son invulnerables y que la región vive un momento de gran volatilidad. Nicaragua mantiene vínculos económicos con Estados Unidos y Europa que podrían erosionarse si el gobierno insiste en convertir al país en un Estado paria. La experiencia cubana también muestra que una economía asediada por sanciones y una población empobrecida pueden perdurar durante décadas a costa de un éxodo masivo y la represión constante.El futuro de Nicaragua dependerá de la capacidad del régimen para adaptarse a un entorno regional cambiante y de la presión interna y externa por restaurar la democracia. Las lecciones de Cuba y Venezuela son claras: la concentración de poder, la persecución de la disidencia y el aislamiento internacional llevan a la estagnación económica, al deterioro de las condiciones de vida y a la emigración masiva. Ortega puede temblar ante ese espejo, pero aún tiene la posibilidad de evitar que Nicaragua se convierta en la próxima Cuba o Venezuela.
El Pacto UE‑India al desnudo
Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea (UE) y la India anunciaron a finales de enero de 2026 la conclusión de un acuerdo de libre comercio que aspira a crear la mayor zona comercial bilateral del planeta. El pacto abarca un mercado de casi 2.000 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto mundial. Para ambas partes representa mucho más que un simple tratado: la UE, segunda economía mundial, busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia de China y Estados Unidos, mientras que la India, ya la nación más poblada y la cuarta economía del mundo, pretende consolidar su ascenso como potencia global.Las conversaciones comenzaron en 2007, se paralizaron en 2013 por diferencias sobre patentes, seguridad de datos y movilidad de profesionales, y se retomaron finalmente en 2022. En un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y rivalidad geopolítica con China, Bruselas calificó el acuerdo como “la madre de todos los acuerdos” y lo enmarcó en una estrategia para una “nueva Europa”.Claves económicas: reducción de aranceles y apertura del mercadoEl núcleo del pacto reside en la eliminación casi total de los derechos aduaneros. India se compromete a suprimir o reducir los aranceles sobre el 96,6 % del valor de las exportaciones europeas, mientras que la UE liberalizará el 99,5 % de sus partidas arancelarias en un plazo de siete años. La Comisión Europea estima que los exportadores del bloque ahorrarán hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros. El comercio bilateral, que ya sostiene unos 800.000 puestos de trabajo en Europa, podría duplicar las exportaciones de bienes de la UE a la India para 2032.Las exportaciones europeas de maquinaria y material eléctrico (16.300 millones de euros en 2024) soportaban aranceles de hasta un 44 %; estos derechos se eliminarán en gran medida en un periodo de entre cinco y diez años. Los aviones y naves espaciales europeos, gravados hasta ahora con aranceles del 11 %, verán reducidos sus derechos a cero de forma gradual. Productos químicos, farmacéuticos y bienes de equipo también disfrutarán de rebajas arancelarias sustanciales. El sector automovilístico se beneficiará especialmente: los impuestos indios sobre vehículos de motor bajarán del 110 % al 10 %, con una cuota anual para 250.000 vehículos europeos. Para productos agroalimentarios de alto valor —vino, aceite de oliva, confitería y bebidas espirituosas—, el acuerdo prevé reducciones drásticas de aranceles, que pasarán del 150 % a una horquilla del 20 % al 40 %.Desde la perspectiva europea, el acceso al vasto mercado indio supone una oportunidad histórica para diversificar exportaciones y reforzar la autonomía económica en un mundo de cadenas de suministro fragmentadas. La UE mantiene un arancel medio de sólo el 4 % para los productos indios, mientras que India aplicaba tasas medias del 37 % a los bienes agroalimentarios europeos y entre el 10 % y el 44 % a productos industriales. La apertura del mercado asiático es por tanto cualitativamente mayor y se prevé particularmente beneficiosa para sectores como maquinaria, automoción, química, aeroespacial, farmacéutica y agroalimentación. Además, España aspira a duplicar sus exportaciones a la India en pocos años gracias al pacto.Servicios, digital y pequeñas empresasMás allá del comercio de bienes, el acuerdo introduce la liberalización más ambiciosa de servicios que la India haya ofrecido a un socio externo. Nueva Delhi abrirá 144 subsectores —incluidos servicios financieros, transporte marítimo, servicios profesionales y educación— y facilitará la movilidad laboral. La UE, por su parte, busca un acceso más predecible para sus empresas, con normas claras sobre licencias, presencia local y dirección de las compañías. En 2024, las exportaciones de servicios de la UE a la India sumaron 26.000 millones de euros; Bruselas confía en que esta cifra crezca significativamente gracias a las nuevas reglas.El tratado también establece un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas (pymes), con puntos de contacto y plataformas digitales para facilitar la información sobre aranceles, procedimientos aduaneros y requisitos de acceso al mercado. Se refuerza la protección de la propiedad intelectual y se simplifican trámites aduaneros y normas de origen, de modo que sólo los productos transformados significativamente en una de las partes puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias. Esta cláusula pretende evitar que bienes de terceros países, incluida Rusia, se reexporten a Europa a través de la India.Compromisos laborales, de género y medioambientalesUno de los aspectos destacados del pacto es la inclusión de compromisos vinculantes en materia de trabajo digno, igualdad de género y sostenibilidad. Ambas partes se obligan a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a mejorar la inspección laboral y a promover la igualdad de género. El acuerdo recoge también cláusulas de cooperación para implementar el Acuerdo de París sobre el clima, la Convención sobre la Diversidad Biológica y otras iniciativas ambientales. Estos compromisos se ejecutarán a través de mecanismos de consulta capaces de abordar cuestiones laborales, ambientales y de género de manera sostenible.En el ámbito digital, las normas pactadas buscan crear un entorno de comercio electrónico seguro y previsible, reforzar la confianza del consumidor y mantener el derecho a regular en materia de privacidad y seguridad. La protección de la propiedad intelectual se eleva al nivel de los estándares europeos.Críticas y preocupacionesAunque Bruselas presenta el acuerdo como un hito histórico, diversos colectivos han denunciado la opacidad de las negociaciones y advierten de que el tratado podría favorecer sobre todo a las grandes corporaciones. Organizaciones sociales sostienen que el pacto se negoció a puerta cerrada y que incluso algunos miembros del Parlamento Europeo tuvieron dificultades para acceder a los textos. Para estos críticos, el acuerdo responde ante todo a los intereses de empresas multinacionales europeas e indias, mientras que los posibles impactos en los derechos laborales, el acceso a medicamentos, los servicios públicos y la soberanía regulatoria han sido minimizados.La liberalización de la propiedad intelectual ha generado inquietud en el ámbito sanitario. India es conocida como la “farmacia del Sur global” por su capacidad para producir medicamentos genéricos asequibles. Las nuevas reglas de patentes podrían retrasar la fabricación de genéricos y encarecer tratamientos contra enfermedades como el VIH, el cáncer o la hepatitis. También preocupa el efecto sobre la agricultura de subsistencia india: la entrada de productos europeos subsidiados podría arrasar los medios de vida de millones de familias campesinas. En Europa, productores y sindicatos temen que los salarios y estándares laborales se vean presionados a la baja por la competencia de bienes indios más baratos.Desde un ángulo geopolítico, algunos analistas señalan que el acuerdo no persigue tanto la creación de un bloque indo‑europeo frente a Washington o Pekín como la búsqueda de un nuevo mercado que sustituya a China. India ofrece salarios seis veces inferiores a los de China y veintiocho veces inferiores a los de Alemania, lo que explica la atracción que ejerce sobre el capital europeo. Sin embargo, replicar la estrategia de deslocalización de principios de los 2000 puede exacerbar las desigualdades y no garantiza la reindustrialización europea. Además, India mantiene estrechos vínculos con Rusia y China y no renuncia a su lógica de multilateralidad, por lo que el acuerdo difícilmente alterará los grandes equilibrios mundiales.Otras voces subrayan la dificultad de implementar el tratado. India tiene una tradición profundamente proteccionista y cuenta con barreras jurídicas, administrativas y culturales muy distintas a las europeas. La diferencia cultural y empresarial convierte a este pacto en uno de los acuerdos comerciales más complejos de gestionar. Los analistas advierten de que, si bien la reducción gradual de aranceles podría generar 4.000 millones de euros en ahorros, el verdadero reto será superar la burocracia y las barreras no arancelarias que históricamente han frenado a los inversores europeos.También existe preocupación por la posible reexportación de productos de terceros países a través de la India y por la exposición de la industria y el campo europeos a una competencia que consideran desleal. Algunos productores temen que se sacrifiquen sectores estratégicos y la autonomía económica en nombre de grandes cifras macroeconómicas, mientras el productor europeo continúa asfixiado por impuestos y regulaciones. Expertos señalan que las normas de origen, aunque necesarias, son difíciles de controlar y no siempre evitan la triangulación comercial.Proceso de ratificación y perspectivas futurasEl tratado aún debe superar la revisión jurídica, la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE y la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la ratificación india. Las disposiciones arancelarias y regulatorias se aplicarán de forma gradual durante un periodo de hasta diez años. Algunos sectores sensibles —carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar— quedan excluidos o sujetos a cuotas, protegiendo a los agricultores europeos e indios.La evolución del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para equilibrar los beneficios económicos con la protección de los derechos laborales, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía regulatoria. Si se implementa con transparencia y vigilancia social, el pacto podría impulsar la creación de empleo, el acceso a un inmenso mercado y la diversificación de las cadenas de suministro. Sin embargo, sin mecanismos eficaces de control y participación, corre el riesgo de profundizar las asimetrías económicas y reproducir los errores de una globalización que ya muestra signos de agotamiento.